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El marco de referencia de las investigaciones criminológicas de campo en América latina sigue siendo el emprendido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos bajo la coordinación del profesor E. Raúl Zaffaroni a principios de los años ’80. En ella participaron, representando a sus respectivos países, los criminólogos y penalistas más importantes de la región, entre los cuales cabe destacar a Lola Aniyar de Castro por Venezuela, a Nilo Batista por Brasil, como también a los recordados miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia salvajemente asesinados Emiro Sandoval Huertas y Alfonso Reyes Echandía.

El estudio sobre sistemas penales y derechos humanos concluyó a principios de los años ’90 con los resultados de una investigación que centró su atención en el derecho humano a la vida, más precisamente con la finalidad de determinar en qué medida y forma los sistemas penales lo afectaban y, para ello, se contó con datos oficiales, privados y de medios de prensa de nueve países de la región (incluyendo a nuestro país).

La hipótesis –que se confirmaría más tarde– mostraba que en esos años el derecho humano a la vida se veía afectado en forma exponencial por el accionar de personas que formaban parte de instituciones del Estado, con la particularidad de su alta frecuencia y que residía en un modo de ejercicio del poder que llevaban a cabo los sistemas penales de la región. Este fenómeno, que fue bautizado por Nilo Batista y E. Raúl Zaffaroni como el de las “muertes anunciadas”, eran las muertes que, en forma masiva y normalizada, causaba la operatividad violenta del sistema penal. Entre las víctimas de ese accionar podían encontrarse tanto a sospechosos de delitos ejecutados sin proceso como a presos, a testigos, a abogados e incluso a funcionarios considerados “molestos” por su lucha contra los abusos del poder.

Hoy en día, gracias a la consolidación del sistema democrático, el fenómeno definido como “muertes anunciadas” ha sido reducido en nuestra región, aunque las cifras siguen siendo inquietantes en algunos países.

En nuestro país, las muertes vinculadas con la operatividad violenta del sistema penal han retrocedido en forma considerable en virtud de una política de derechos humanos que se erige como política de Estado, aunque no puede soslayarse todavía una fuerte preocupación por la violencia institucional representada por numerosos casos de gatillo fácil o de muertes carcelarias.

No obstante los avances reseñados en materia de derechos humanos en los últimos años, nuestro país sigue careciendo de investigaciones criminológicas de campo respecto de las muertes violentas en todo nuestro territorio.

El Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer en estos días un informe estadístico sobre la conflictividad violenta en supuestos de homicidios dolosos consumados en la ciudad de Buenos Aires y en 19 partidos de la provincia de Buenos Aires en el año 2011.

La muestra, que abarca un universo de más de cinco millones y medio de habitantes, indica que no estamos en presencia de cifras alarmantes de muertes violentas en relación con las de la región (la tasa de homicidios en el territorio estudiado se eleva a 6,57 sobre 100 mil habitantes en una población estimada –según el último censo– en 5.669.578 habitantes, mientras que en otros países la misma tasa se eleva a dos dígitos).

Tampoco puede sostenerse, conforme a la estadística señalada, que los 373 homicidios cometidos en esas jurisdicciones tengan como móvil preponderante la comisión de delitos contra la propiedad que ocasionan la muerte, como pareciera desprenderse de las noticias difundidas por los medios de comunicación masivos, es decir, por parte de la llamada criminología mediática que construye una realidad –principalmente mediante imágenes–, señalando insistentemente al robo como el principal factor de estas muertes.

De los datos de la investigación realizada surge al menos un núcleo problemático de mayor envergadura que los demás y que requiere la atención del conjunto de políticas públicas. Se trata, pues, de las muertes violentas producidas con motivo de discusiones, riñas, ajuste de cuentas o venganza, entre personas conocidas y que tienen lugar fundamentalmente en los sectores más vulnerables de la población.

Las cifras de homicidios en estas circunstancias son verdaderamente significativas en la totalidad del territorio objeto de estudio y parecen vislumbrar un fenómeno de una masividad por demás preocupante en villas o asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, en donde se concentra una gran parte de la población en condiciones de extrema precariedad.

La protección del derecho humano a la vida requiere entonces que la criminología de campo vuelque sus esfuerzos a analizar minuciosamente por qué estas muertes se producen más en estos lugares que en otros, principalmente entre personas que se conocen entre sí, o sea, tratar de penetrar en las causas que hacen a que los conflictos interpersonales se resuelvan de la manera más violenta entre gente conocida en determinados lugares pues, como reiteradamente se ha dicho, no se puede prever lo que no se conoce.

Creemos que una criminología para los derechos humanos no puede dejar de alertar cuándo algunas muertes pueden estar transformándose en “muertes anunciadas”, es decir, en muertes masivas y normalizadas, más aun, cuando las causas de esta violencia parecieran tener su origen en un sistema social excluyente.

Según la obra de Gabriel García Márquez, Santiago Nasar necesitaba tan sólo de algunos segundos para salvarse, pero no le alcanzaron para proteger su vida pues los roles de víctima y de victimario estaban previamente definidos, incluso el de toda la sociedad, ya que ésta sabía que su muerte ocurriría de todos modos.

En nuestra sociedad, en cambio, sería imposible afirmar que las muertes violentas a las que hicimos alusión irremediablemente ocurrirán, pero tenemos fuertes sospechas de que seguirán produciéndose en la medida en que parte de su población continúe siendo excluida. Esto último parece no ser ficción sino pura realidad.

Q Subdirector de la Actualización en Criminología y Filosofía Política de la Facultad de Derecho de la UBA y coordinador del Programa de Investigación en Criminología de la Universidad Nacional de San Martín.