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La Cámara Civil y Comercial le entregó al Grupo Clarín todo lo que éste podía pedirle y, acaso, le pidió por vías no formales. Para empezar, una nueva medida cautelar por tiempo indeterminado, desafiando por primera vez decisiones de la Corte Suprema. Para seguir, otra burla a la Corte: una consideración infundada y exorbitante sobre el cómputo del plazo de adecuación (mal llamado, entre otros por la Cámara, “de desinversión”). Como frutilla del postre, Sus Señorías donan un título de tapa exultante al multimedios el mismísimo 7 de diciembre. Y como baño de chocolate caliente, un reclamo a los periodistas y medios que parece copiado de los más exaltados editoriales de Clarín o La Nación. Las bromas de pasillo habían rebautizado al Tribunal como “Cámara Clarín y Comercial”... el problema del humor político es que los hechos suelen superarlo.

El fallo deja en off side a la Corte Suprema, a la que moja la oreja en varias oportunidades, ya que también subestima sus críticas a las demoras que imprimió Clarín al trámite de la causa principal.

La pelota pasará veloz al terreno del Supremo Tribunal, que ha tenido una trayectoria general valorable, con lógicos tropiezos y contradicciones. Pronunció fallos notables, pasables y malos. Entre sus debilidades están la falta de autoridad ante los demás integrantes del Poder Judicial y un acendrado criterio corporativo. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, ha constituido su peculiar liderazgo actuando como un secretario general del “gremio” de magistrados.

Algunos de ellos, empoderados, los desafían. Se infatuaron, desvirtúan sus fallos y hacen ostentación de lo que son: una Cámara Corpo friendly, ligada al establishment desde mucho antes del dictado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).

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La Corte estipuló que la polución de cautelares no es acabada concreción de justicia, pocos días ha. El 22 de mayo le había puesto fin a una medida idéntica a la que ahora se decreta, aunque cabría mejor decir “se restituye”.

La Cámara prolonga la resurrección de la cautelar hasta que haya “sentencia definitiva”. La expresión es imprecisa técnicamente, lo que no sorprende en un fallo de pésima factura diseñado como un traje a medida. Más propio hubiera sido definir si se refiere a la sentencia de Primera instancia próxima a dictarse (como interpreta el siempre afiatado blog Saber derecho, del abogado Gustavo Arballo). O si “definitiva” se usa como sinónimo de “sentencia firme”, es decir aquella que no puede ser recurrida ante ningún otro tribunal. El sesgo de la Cámara parece sugerir que la protección se extenderá hasta que haya sentencia firme. La falta de precisión, que dificulta una interpretación certera, puede ser consecuencia de la baja calidad de los jueces o de una astucia capciosa.

Sin tener plena certeza, digamos que si el juez Horacio Alfonso hiciera lugar a la inconstitucionalidad alegada por Clarín, una nueva medida cautelar sería procedente de cajón, porque el reclamo tiene “aroma de buen derecho”, en jerga forense.

Pero, por lógica contraposición, si la sentencia fuera apegada a derecho y rechazara el pedido del Grupo, la cautelar sería un disparate. Daría por buena la inconstitucionalidad por un lapso prolongado, sin una resolución que valide la demanda. La inconstitucionalidad no se presume ni nadie tiene ganado de antemano un juicio sólo por plantearlo. Una medida provisoria que perdura hasta que el pleito toque a su fin es equivalente en sus efectos a una sentencia, justo lo que la Corte (con buen raciocinio) descalificó. O sea, si Alfonso rechaza la demanda de Clarín, la cautelar de la Cámara perdería fundamento y debería caer sí o sí.

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Ya entusiasmados, Sus Señorías alegaron que Clarín dispondrá de un año para proponer su adecuación voluntaria, si cuadra. Es otro mentís a lo que fijó la Corte, aunque con discurso confuso, el 22 de mayo. Y es, en sentido estricto, una exorbitancia. La Cámara no debía expedirse sobre ese punto. Tanto es así que nada se dice al respecto en la parte resolutiva, que es la que cuenta.

El agregado es otro obsequio al discurso de los medios dominantes, un gesto de pleitesía. La opinión de los camaristas es irrelevante desde el ángulo procesal, porque no estaba sujeta a su competencia, aunque es crucial para valorar sus conductas, su seriedad y pretendida imparcialidad.

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El comunicado de varias organizaciones de jueces y camaristas que se informa en detalle en nota aparte (ver página 5) merecería un tratado y no unas líneas, que van a cuenta. Son entre desopilantes y agraviantes los consejos para periodistas y medios que, con altanería, propinan integrantes del único poder aristocrático del Estado cuyos miembros son vitalicios y no surgen del voto popular. Este cronista deja sentado, a título personal, que niega legitimidad a sus emisores, que no califican para dar lecciones de periodismo. Y, en muchos casos, tampoco de democracia.

Proponen, amparados en la ley que tratan de obstruir, que se les concedan espacios en medios públicos. Suena a gastada, si se autoriza una expresión coloquial. El cronista recuerda que en la Conferencia Nacional de Jueces del año 2009, la directora de Radio Nacional, María Seoane, integró un panel y ofreció un espacio de esa naturaleza. Los jueces aplaudieron, Lorenzetti prometió que lo tomaría muy en cuenta. Y no movió una ficha más, según confirmó Seoane ayer a este cronista. Los togados, en su inmensa mayoría, rehúyen el debate público. Prefieren el lenguaje críptico, la oscuridad o los diarios que expresan su ideología, los mismos que a veces los llevan de paseo, con todos los gastos pagos.

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Clarín ganó “una vida” en términos de videogame, tal es la situación actual, que puede darse vuelta en pocos días o semanas... aunque la Cámara pretende darle una cobertura vitalicia.

La contingencia interpela a Alfonso y a la Corte. La sentencia del juez de primera instancia, si es justa, ayudará a restituir el orden y a demoler la cautelar. Los hechos lo inducen a decidir tan pronto como le sea posible.

Lo mismo vale para la Corte ante la cual recurrirá el Estado hoy mismo. El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció ayer por tevé que lo hará por vía de per saltum. Tal vez el encuadre podría ser otro.

¿Podrá la Corte, que apostrofó contra las cautelares, convalidar una tan poco seria? ¿Podrá, tras exigir celeridad y supresión de formalismos a tribunales inferiores, escabullir su responsabilidad con subterfugios formalistas? Las preguntas sugieren que no hay una respuesta rotunda y conocida al cierre de esta nota. En cuestión de días, se irá viendo si privilegia la coherencia o si cede ante los reflejos corporativos, sean en favor del colectivo de los magistrados o en pro de la mayor empresa dominante del país. La jurisprudencia de la Corte, sobre la que se dijo algo líneas arriba, mostró hasta ahora sus mayores debilidades en esos flancos. Habrá que ver.

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