A sala llena en el cine Gaumont, y eso que no era un estreno, dirigentes sindicales y sociales convocados por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) debatieron ayer sobre políticas de seguridad y criminalidad con la presencia del ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky. “Los que queremos luchar por la ampliación de derechos, con más Estado y menos xenofobia, con más igualdad de oportunidades, tenemos esta iniciativa para tratar que las reglas del juego no terminen siendo siempre escritas por quienes quieren clases sedimentadas con privilegios y clases sociales sin derechos”, dijo el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en el cierre de la conferencia.

Este ciclo se reanudará el año próximo, con un total de 10 encuentros, sobre diferentes temáticas, que serán editados en video y en la página web de la CTA. Ayer, el debate giró en base al informe anual sobre criminalidad que realiza el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema y, en el primer tramo, Zaffaroni hizo una proyección de los datos de criminalidad en Capital Federal. El ministro destacó como información relevante que el mayor índice de homicidios sucede en la denominada “medialuna de la zona sur”, que éstos tienen lugar en su mayoría los fines de semana y que se trata de crímenes “intrabarriales”, esto es entre vecinos, y además no están involucrados menores en la mayoría de los casos. Luego incorporó informes de índices de algunos distritos del conurbano, pero en el contexto de una baja importante de estos índices a partir de la presencia de Prefectura y Gendarmería en la zona sur, con unos 2550 efectivos.

El año pasado, la Corte había emitido su informe, elaborado a partir de datos estadísticos aportados por las propias departamentales con la colaboración con distintos organismos nacionales y provinciales y con un cruzamiento de datos que permite establecer una caracterización de los denominados homicidios dolosos y romper con las construcciones mediáticas que abonan y resignifican los mitos de la inseguridad.

Verbitsky aportó la mirada del CELS y trazó una línea de denuncia sobre la práctica de la “demagogia punitiva” por parte de sectores de la derecha autoritaria y algunos medios, que intentan generar la distorsión de los índices y de los hechos mismos. El periodista dijo que suele haber “oleadas de denuncias de violencia criminal, pero nunca hay oleadas de denuncias sobre evasión impositiva, y lo que se explotan son casos minoritarios, homicidios en los cuales es pobre el victimario y la víctima es rica, que son los menos frecuentes”. Según las cifras del informe de la Corte, en la mayoría de las barriadas pobres los hechos de violencia se dan entre gente conocida entre sí, y esto es sistemáticamente distorsionado por quienes difunden campañas de políticas punitivas y de mano dura, “que proponen salidas que favorecen el abuso y la corrupción policial”.

Estuvo presente el diputado Leonardo Grosso, que está al frente de una campaña contra la violencia institucional con la “consigna seguridad e inclusión social”; Raquel Witis, de las Madres del Dolor, y familiares de víctimas de gatillo fácil, además de la directora del Incaa, Liliana Mazure.