“Fue una condena ejemplar, completísima; cada uno de esos nombres me resonó en el corazón y saber que los canallas están condenados de modo ejemplar muestra que todo esto, cada una de estas cosas se está acomodando en su lugar”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, apenas se levantó de su silla, mientras la sala repleta del teatro de la ex AMIA de La Plata, donde se celebró el juicio, cantaba: “Como a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”.

Los 23 acusados por los crímenes cometidos en el llamado Circuito Camps fueron condenados, 16 de ellos a prisión perpetua. Los delitos fueron definidos como genocidio. La primera condena que se escuchó fue la de Jaime Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense, que atravesó el juicio sostenido por editoriales del diario La Nación a las que el Tribunal Oral Federal 1 definió como “maniobras” destinadas a “presionar” sobre el fallo. Los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone condenaron a Smart a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Rubinstein, abogado del grupo Graiver, secuestrado en una trama que se desarrolló en el corazón de Papel Prensa, y por 57 privaciones ilegítimas de la libertad. Los jueces también impulsaron una investigación por los otros 32 homicidios probados durante el juicio y ordenaron la detención inmediata y reclamada desde hace años del entonces fiscal de estado bonaerense Alberto Rodríguez Varela, que luego fue ministro de Justicia, porque los testimonios probaron que entrevistó a los Graiver en Puesto Vasco.

“Uno de los civiles que se de-sempeñó como máxima autoridad en la dictadura militar fue condenado a cadena perpetua porque está a la par de la responsabilidad de los jefes militares y es importante que se investigue y que tengan las mismas penas”, dijo el canciller Héctor Timerman, sentado en las primeras filas, en un juicio en el que declaró por el secuestro de su padre. Alrededor, la sala seguía cantando. Y salía despacio pero “emocionada” la abuela María Isabel Chorobik de Mariani.

Apenas llegó al teatro, con su bastón y esos anteojos negros que le protegen los ojos que ya casi no ven, pero siguen esperando justicia, Chicha entró ovasionada. Julio López fue homenajeado por la sala y por el Tribunal, que ordenó la investigación de cada uno de los torturadores que nombró.

Cuando comenzó el juicio, los acusados eran 24, entre ellos dos civiles: Smart y el ex gobernador Ibérico Saint Jean, que murió durante el juicio. Los jueces condenaron a 16 de ellos a prisión perpetua. Entre esas perpetuas están los jefes del circuito, de los centros clandestinos, y de los operativos que estuvieron en la calle 30, donde funcionó la sede de prensa de la columna sur de Montoneros y mataron a tres militantes, entre ellos la nuera de Chicha Mariani, y de donde secuestraron a su nieta Clara Anahí.

Entre los condenados de mayor rango estuvo Rodolfo Aníbal Campos, ex coronel del Ejército y parte del estado mayor bonaerense, condenado por 21 homicidios y Miguel Etchecolatz, comisario y director de la Brigada de Investigaciones de la Plata, centro clandestino que funcionó de ingreso para los detenidos.

Los acusados entraron a la sala en fila. Detrás de Smart, el último fue Etchecolatz. Camisa blanca, traje con los botones atados, una escarapela y un rosario atravesado al cuerpo como una bandera. Cuando todavía intentaba sentarse, la sala le gritó: “¡Julio López, presente!”. Etchecolatz fue condenado a perpetua por 15 homicidios calificados, entre ellos los de las víctimas de la calle 30. Y por 101 secuestros. Cuando Rozanski terminó de leerle la sentencia, Etchecolatz, con su figura escuálida, dejó la silla y se levantó. Tres policías se le parapetaron enfrente. Le pusieron los tres escudos adelante. Nadie sabía qué iba a hacer. La sala le dijo todo: “¡Asesino! ¡Te vas a morir en la cárcel!”. El no se movía. “¡Violador!”, le dijeron.

En ese momento sacó un papel, y lo desplegó en el aire tan rápidamente como lo haría con un arma. “162 policías muertos, Justicia, donde estás”. Y en la otra parte del cartel: “Ya llegará el juicio y castigo para la justicia corrupta”. Rozanski lo paró: “El señor Etchecolatz va a abandonar la sala”.

La densidad que tuvo el fallo es compleja y enorme. Entre los nombres más simbólicos recibieron perpetua Hugo Alberto Guallama, ex chofer de Etchecolatz; Carlos “El Oso” García, por Comisaría 5ª y calle 30; Fernando Svedas, comisario de Seguridad y segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata. El médico y partero Jorge Antonio Bergés recibió 25 años de prisión, entre otros casos, por la apropiación de Pedro Nadal García.

Antes de las condenas, el Tribunal hizo dos declaraciones que servirán para otros juicios: 1) Sobre el tipo de responsabilidad de las acciones penales: entendieron que todos son “autores directos” como funcionarios públicos que integraron el aparato organizado del poder represivo y con independencia del tipo de intervención que tuvieron, como pidió la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. 2) Definieron los delitos como genocidio. Todas las querellas e incluso la fiscalía habían pedido condenas por ese delito específico y no como suele hacerse, en el “marco del genocidio”. El Tribunal tomó el reclamo, aunque ante posibles planteos de la defensa abrió la opción de definirlos también como de lesa humanidad. “Considerando que las conductas de los imputados estuvieron dirigidas inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de genocidio”, dijo Rozanski y en la sala explotó un aplauso.

Los casos

Papel Prensa fue uno de los ejes de la causa, a través del secuestro de los Graiver, entre ellos Lidia Papeleo y Rubinstein. Era el único homicidio por el que Smart podía recibir la perpetua. El Tribunal lo dio por probado. Sobre este eje pronunció otras dos líneas clave en la lectura final: 1) Ordenó detener al ex fiscal Alberto Rodríguez Varela, que según los testimonios se entrevistó con los Graiver durante su secuestro en Puesto Vasco, en una acción presuntamente vinculada con el traspaso de la empresa Papel Prensa; y 2) Remitió las copias de todas las declaraciones producidas en este juicio para que se investiguen como pruebas en la causa que tramita en Buenos Aires de Papel Prensa.

Otro eje fueron los pedidos de nuevas investigaciones. En línea con el pedido de Guadalupe Godoy de la querella de Justicia Ya!, ordenó investigaciones sobre responsabilidades eclesiásticas y judiciales. Impulsó una investigación sobre Emilio Grasselli, el ex vicario castrense del Ejército y por primera vez sobre el Seminario Mayor San José de La Plata. Ese lugar, evocado por los secuestrados como el espacio desde donde oían el sonar de las campanas desde el cautiverio en la Comisaría 5ª, proveía comida al centro clandestino, según probaron las testimoniales de este juicio. Se ordenó además investigaciones a los “cómplices” de la justicia federal, provincial y de Policía de la Provincia de Buenos Aires que aún siguen pendientes. Y los jueces le pidieron a los ejecutivos de Nación y de Provincia instrumentar los medios para desafectar los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención para preservarlos como sitios de la memoria. Especialmente enfáticos fueron con el Pozo de Arana y la Comisaría 5ª.

Pidieron que se ordene la notificación de las condenas de Smart y de Bergés a sus respectivas instituciones de profesionales. Y como último punto, el Tribunal en pleno hizo la denuncia sobre La Nación. Anunció que pondrá en conocimiento a la Comisión Nacional de Independencia Judicial y de la Comisión Interpoderes copias de dos editoriales del diario por considerar que formaron parte de una “maniobra” destinada a ejercer presión sobre los jueces. Y acompañarán las denuncias con sobres anónimos que recibieron dos de los jueces antes de la sentencia.

También revocaron todas las prisiones domiciliarias y dispusieron el traslado de Bergés y Domingo Almeida al penal-hospital de Ezeiza.