El millonario negocio montado sobre las transferencias de jugadores de fútbol comenzará a transparentarse. La AFIP decidió bancarizar todas las operaciones a través de cuentas especiales que estarán a nombre de los clubes, la creación de registros de representantes e inversores en futbolistas y la prohibición de que, de ahora en adelante, grupos empresarios sean dueños directos de un jugador. Esas inversiones deberán ser canalizadas a través de diferentes instrumentos financieros como fideicomisos. Las alevosas y abundantes maniobras de evasión fiscal, como los recientes casos de triangulación a través de clubes chilenos y uruguayos en la venta de Jonathan Bottinelli de San Lorenzo a River y la transferencia de Facundo Roncaglia de Boca a Fiorentina de Italia, ya no serán tan sencillas. Para eso, el organismo recaudador determinó que el derecho económico –la titularidad del pase del deportista– y el derecho federativo –la propiedad que tiene una institución para que el jugador se de-sempeñe allí– quedarán en cabeza de los clubes que serán los encargados de pagarles a las empresas o inversores sus partes correspondientes en las transferencias.

El nuevo marco normativo, que será publicado hoy en el Boletín Oficial, le permitirá a la AFIP cobrar impuestos que hasta ahora eran evadidos, como en el caso de la venta de Diego Buonanotte al Málaga de España, donde se recurrió a una elaborada ingeniería contractual para no pagar más de 250 mil pesos correspondientes al Impuesto a las Ganancias y a la seguridad social. Las maniobras abusivas con los pases de los jugadores no son novedad ni exclusividad del fútbol local, pero desde ahora serán más complicadas y controladas por la AFIP, que busca cerrar groseros agujeros de evasión.

Uno de los elementos principales de la medida es que –a los fines fiscales– los derechos federativos y económicos de los jugadores quedarán en cabeza de los clubes. A partir de esa “unificación”, las transacciones que hasta ahora se perdían entre los distintos “propietarios” que tenían el pase de un jugador deberán pasar obligatoriamente por una cuenta bancaria especial que tendrá cada institución deportiva de la Primera División y de la segunda categoría, el Nacional B. Los clubes serán luego los encargados de distribuir a los inversores sus partes, pero esas operaciones quedarán bajo la lupa de la AFIP. En las operaciones de transferencia de jugadores, la institución deportiva actuará como agente de retención del Impuesto a las Ganancias, garantizando que inversores y jugadores paguen el monto correspondiente.

Además, el organismo estará habilitado a establecer valores de referencia sobre las operaciones de compraventa de futbolistas. La venta de Roncaglia a la Fiorentina no se hizo directamente desde Boca, sino que el pase hizo escala en el club uruguayo Fénix, donde el defensor no jugó ni un minuto. En el primer tramo, de Boca a Fénix, la operación se registró por una suma cercana a los 300 mil dólares y el cruce del Atlántico tuvo un valor aproximado de tres millones de dólares. Así, el fisco local dejó de recaudar una importante suma de dinero. Para evitar esas irregularidades, cuando la AFIP advierta un precio de transferencia que no sea razonable, el organismo podrá determinar un valor en base a “precios de mercado” que informen las partes y podrá cancelar el CUIT de los “hombres de negocios” o empresas involucradas. En el caso de la venta de Roncaglia, quien se perdió de jugar la final de la última Copa Libertadores con Boca precisamente por haber sido registrado por Fénix, la AFIP cuenta con la colaboración de su par italiana para reclamar los impuestos evadidos.

De ahora en adelante, los distintos grupos empresarios interesados en lucrar con futuras ventas ya no podrán adquirir directamente una parte del pase de un jugador, sino que deberán invertir en fideicomisos elaborados por los clubes. “El objetivo es revertir completamente la situación del fútbol actual, donde los clubes están sometidos a los hombres de negocios y los representantes”, afirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

La Resolución General 3422 crea dos registros: uno para los “hombres de negocios”, que invierten dinero para obtener una ganancia con las ventas, y otro para los representantes, que perciben una remuneración calculada en función al monto de la transferencia, prima, premio y sueldo del jugador. En el caso de los inversores, los clubes podrán consultar si los contribuyentes tienen una situación fiscal compatible con la realidad económica de sus operaciones. Cuando la respuesta sea negativa, no figure en el listado o la inversión no esté declarada, la institución deportiva deberá efectuar la máxima retención del Impuesto a las Ganancias posible, una tasa del 35 por ciento sobre el 90 por ciento del monto total de la operación. Así, en un pase donde le corresponden 100 pesos a un grupo inversor, el club deberá retener 31,50 pesos. En cambio, si figura en el registro y declaró al jugador, la retención será del 17,5 por ciento.

Los representantes deberán suministrar el detalle de los jugadores para los que trabaja, la fecha y cuánto cobra por esa tarea. A los fines fiscales, el monto declarado no podrá ser inferior al 10 por ciento del valor que perciba el jugador por la transferencia, y de los montos que los jugadores perciben de los clubes en razón de salario y premios. En estos casos, el organismo recaudador también podrá suspender el CUIT de los representantes. De hecho, en agosto pasado inhabilitó a 142 representantes porque presentaban graves irregularidades fiscales.

Después de las denuncias realizadas por la AFIP a mediados del año pasado, los jugadores Jonathan Bottinelli (River) y José San Román (Godoy Cruz) deshicieron la operación de triangulación con clubes chilenos que funcionan como paraísos fiscales deportivos y pagaron el impuesto. Sin revertir las operatorias irregulares, los delanteros Emanuel Gigliotti (Colón) y Denis Stracqualursi (San Lorenzo), los defensores Santiago Vergini (Newell’s) y Fernando Ortiz (Racing) y los mediocampistas Ignacio Piatti (San Lorenzo) y Román Martínez (Estudiantes) pagaron los impuestos adeudados.

Aunque algunos deportistas y hombres de negocios reconocieron las irregularidades y pagaron los montos evadidos, el magistrado Javier López Biscayart, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1, desestimó la querella iniciada por el organismo recaudador. Ayer, el titular de AFIP lamentó la “falta de colaboración y acompañamiento de la Justicia”, y señaló que recurrirán ante la Cámara de Apelaciones para reclamar. También señaló que se puso en contacto con la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, para solicitar el compromiso de dichos integrantes del Ministerio Público en las investigaciones.

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