Mientras dirigentes de la UCR porteña seguían ayer sumando críticas a la ex diputada Silvana Giúdici, que asumió como funcionaria en la gestión del jefe de Gobierno Mauricio Macri, el presidente del Comité Capital, Rubén Gabriele, adelantó a Página/12 que su situación será elevada al tribunal de conducta, que evaluará si le suspende temporalmente su afiliación mientras continúe en el cargo o si directamente la expulsa del partido. Por su parte, el presidente del Comité Nacional, Mario Barletta, prefirió restarle importancia al asunto: “Demasiados temas importantes tenemos entre manos como para ocuparnos de estas cosas”, señaló. En su defensa, la flamante coordinadora de Planes Estratégicos del gobierno PRO dijo que su decisión “es coherente” con el diálogo propuesto por la UCR con otros partidos de la oposición y apunta a “generar un espacio de consenso” para “diseñar políticas públicas a futuro” en la ciudad.

La UCR empezó el año inaugurando el mercado de pases. La ficha de Giúdici venía negociándose hace meses, pero el desenlace se desencadenó cuando el alfonsinismo le pinchó su colocación en el directorio de Radio y Televisión Argentina. “Nosotros no teníamos ninguna información de ella. Ha sido una actitud totalmente personal y el partido no tiene ninguna vinculación con esto”, explicó Gabriele, quien remarcó que la actitud de Giúdici “cayó muy mal” entre los correligionarios.

Leandro Illia, precandidato a diputado nacional, aseguró ayer que la ex diputada “traicionó” al partido, al aceptar el cargo. “No me extraña la actitud de Giúdici, ya que en otro momento también abandonó y traicionó a la UCR claudicando de los principios, las convicciones y la ideología de nuestro partido”, remató Illia, aludiendo al tránsito de la ex diputada por las administraciones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman.

Una de las críticas más duras surgió de la agrupación La Cantera, que calificó de “desleal” la actitud de Giúdici y la consideró una “hipocresía”. “Parece haber olvidado las cosas que decíamos en la campaña, pero nosotros no, tenemos diferencias profundas con el gobierno conservador de Macri”, remató el espacio conducido por el secretario general de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti.

“No me sorprendió la noticia. Estaba dando vueltas esta posibilidad. El radicalismo tiene temas más importantes de qué ocuparse”, sostuvo el ex titular de la UCR capital, Carlos Más Vélez, en sintonía con las palabras de Barletta. Desde la conducción nacional del partido también evitaron polemizar con el PRO, que viene llevando adelante un operativo de “seducción” de referentes radicales. “Que cada uno de los partidos haga lo que le parece que tiene que hacer. Tenemos demasiados temas importantes para ocuparnos de otras fuerzas”, insistió Barletta.

La estrategia macrista incluye el vínculo con dirigentes más importantes del radicalismo como el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y también la formación de una fuerza propia que aglutine radicales descontentos como PROA, comandada por Andrés Delich. Sobre eso, el convencional nacional Diego Barovero remarcó que el pase de Giúdici “es solo la punta del iceberg de una operación que intenta llevar al radicalismo a una alianza para integrarse a la administración Macri”.

En respuesta a las críticas, la ex diputada recordó que había trabajado “articulando” el diálogo con el arco opositor en los tiempos del Grupo A y consideró que asumir la nueva responsabilidad en el gobierno porteño es “ser coherente con lo que planteamos a nivel nacional”. En declaraciones radiales, sostuvo que el espacio en el que se desempeña “no es un lugar de gestión, es un lugar autónomo, un lugar institucional creado para articular ideas distintas”. “No pueden decir que estoy sumándome al gobierno de Macri”, insistió.

El artículo 9 de la Carta Orgánica de la UCR porteña dice que “será automática la extinción de la afiliación para aquellos afiliados que (...) ocupen cargos de gestión política en el Gobierno Nacional, Gobiernos provinciales y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no fueran integrados por el partido”. Sólo quedarán excluidos los “cargos técnicos o por concurso” o “los que contaran con expresa autorización de la Convención de la Ciudad”.