El juez federal Claudio Bonadío elevó ayer a juicio oral la causa por la tragedia de Once. Es posible que las partes presenten nulidades y apelaciones respecto de las imputaciones, pero los cálculos indican que hay chances de que el juicio oral empiece antes de fin de año. Eso va a depender fundamentalmente de la agenda de juicios que tiene el tribunal que resultó sorteado: el Tribunal Oral Federal Número 1. En Comodoro Py decían anoche que, tal vez debido al precedente de Cromañón, en este caso se está buscando abreviar los plazos. Esencialmente, porque se considera que al haber tantas víctimas no se las debe tener tanto tiempo esperando definiciones. Como se lo había indicado en la Sala II de la Cámara Federal, Bonadío imputó al maquinista Marcos Antonio Córdoba –aunque en el texto buscó aliviar la acusación–, a los dueños de concesión –encabezados por los hermanos Cirigliano– y a los funcionarios públicos que controlaban la actividad ferroviaria, empezando por los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Si se toman en cuenta dos causas de impacto semejante, AMIA y Cromañón, el ritmo impreso al expediente de la tragedia de Once registra una diferencia abismal.

- El atentado contra la AMIA fue en 1994 y el final del juicio tardó nueve años.

- El incendio de Cromañón fue en diciembre de 2004 y el final del juicio oral fue en agosto de 2009, casi cinco años después.

- La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, a un año ya está elevada a juicio oral y el cálculo es que las audiencias podrían empezar antes de fin de año o a principios de 2014, o sea a menos de dos años de los hechos.

Los delitos por los que Bonadío mandó a juicio a los imputados son descarrilamiento culposo, que tiene una pena de uno a cinco años de prisión y que castiga a quien por imprudencia o negligencia produjo la tragedia, agravada por la cantidad de muertes. A ese delito se suma, en el caso de los empresarios y los funcionarios, la imputación por defraudación al procurar ganancias indebidas a partir de tener a cargo bienes que se pusieron bajo su responsabilidad y, por último, se les imputa también fraude contra la administración pública.

La Sala II de la Cámara Federal fue quien les dio este encuadre a los hechos y Bonadío respetó esos parámetros, pese a que anteriormente había absuelto al maquinista. El magistrado, de todas maneras, dedicó unas líneas a la defensa del motorman, Córdoba, diciendo que “este tribunal no puede decir que Córdoba no haya cometido algún error en esos momentos críticos: lo que sí se puede afirmar es que se le había encomendado a un joven de 26 años, con dos de experiencia, la vida y la seguridad de 2500 personas y se le había dado una herramienta vieja, corroída e insegura”.

La cuestión indefectiblemente será tema de discusión en el juicio oral. Ya la Cámara Federal reparó en que los manejos existentes en el terreno gremial llevaban a darles a los más jóvenes los horarios de mayores complicaciones, mientras que los más experimentados conducían trenes en momentos de menor tráfico. En este terreno habrá acusaciones cruzadas, ya que habrá quien les asignará la responsabilidad a los empresarios y éstos dirán que eran imposiciones del gremio.

Sin dudas, la naturaleza misma del choque estará en el centro del juicio oral. En su línea de defensa, los funcionarios y los empresarios insistirán en que el tren frenaba correctamente –lo cual fue certificado por todos los peritos menos uno–, que está probado porque frenó durante todo el trayecto e incluso poco antes de entrar a Once, que el maquinista anuló uno de los frenos –el llamado “hombre muerto”– y que posiblemente se quedó dormido o sufrió un desmayo porque el tren anduvo cientos de metros a la deriva. Es más, el maquinista asesinado hace una semana, Leonardo Andrada, dijo en su declaración que estaba prohibido entrar a la estación a más de 12 kilómetros por hora, mientras que la formación de la tragedia ingresó a 26 kilómetros por hora. A esto se agrega que Córdoba no tuvo lesiones defensivas y que tampoco avisó que tuviera dificultades por la radio que tenía en la cabina.

Del otro lado, el fiscal Federico Delgado sostuvo siempre, y tanto el juez Bonadío como la Cámara Federal le dieron la razón, que la tragedia se dio por las condiciones en las que operaba el servicio. Hubo numerosas advertencias sobre los habituales problemas de frenos –se transcribieron incontables comunicaciones de maquinistas–, la Auditoría General de la Nación produjo informes muy negativos sobre la seguridad e incluso los concesionarios fueron multados en forma reiterada. Cada uno de los funcionarios dice que la responsabilidad de control era de otra área y la Cámara advirtió justamente que semejante entrecruzamiento derivó en que nadie controló en forma real.

El fiscal ya había señalado –y Bonadío lo da por probado– que la mayoría de los vagones tenía el mantenimiento diferido y que dos de los compresores estaban fuera de funcionamiento. Lo que sostienen las defensas es que aun así el tren frenaba y que entonces ésa no fue la razón del choque.

Hay un apartado en el que se trata el caso de Lucas Menghini Rey, quien estaba dentro de una cabina de mando. El juez dice que incluso en los libros de actas de Trenes de Buenos Aires se estableció en 2005 y 2006 la supresión de esas cabinas por cuestiones de seguridad. Sin embargo, la empresa incumplió con sus propios parámetros, dice el magistrado.

La nulidad más presentada por las defensas es que no los pueden acusar de defraudación cuando el uso de los subsidios se está investigando en otra causa, que instruye el juez federal Sebastián Ramos. La Cámara Federal y ahora el juez rechazan ese argumento. Según los camaristas, Ramos investiga algo más general: los subsidios al Sarmiento, pero también a otros ferrocarriles. En cambio, en la imputación de defraudación se apunta básicamente a que la obligación de realización de un mantenimiento adecuado y de prestar un servicio seguro proviene de los términos mismos de la concesión.

Aun así, Bonadío hizo una referencia ayer a la cuestión del dinero: “Así en el período comprendido entre el mes de julio de 1997 al 24 de mayo de 2012 se efectuaron en el ámbito de Trenes de Buenos Aires SA diversos actos abusivos e infieles mediante los cuales se suscribieron contratos y otras prestaciones que generaron un perjuicio económico a los bienes y fondos públicos transferidos por el Estado Nacional para la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros. Como consecuencia de ello, TBA SA transfirió a empresas vinculadas e integrantes del mismo grupo económico y realizó gastos que no hacían a la explotación del servicio, al menos por la suma de doscientos trece millones seiscientos doce mil ciento cuarenta y dos pesos con sesenta centavos ($ 213.612.142,64)”.

El próximo paso es que seguramente querellantes y defensores presentarán nulidades y apelaciones. Los abogados de los familiares de las víctimas insistirán en que el delito debe ser más grave, homicidio simple con dolo eventual, porque empresarios y funcionarios debieron imaginarse el resultado de la tragedia. A ello agregarán la asociación ilícita. Los defensores insistirán en la nulidad por la doble acusación, en este expediente y en el de Ramos.

Por lo que se sabe en Comodoro Py, la Cámara Federal tardaría unos dos meses en tratar estas apelaciones y nulidades, es posible que algunos recursos lleguen a Casación, pero este ultimo tribunal está ahora tratando las causas en forma rápida. De manera que, si se siguiera estrictamente el ritmo judicial, existe la chance de que el juicio comience antes de fin de año. Habrá que ver los juicios previstos por el Tribunal Oral Federal 1 y para cuándo fija la iniciación de las audiencias.