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Hasta ahora, los bloques del Frente para la Victoria (FpV) no tienen proyectos del Ejecutivo para “democratizar la Justicia”. Tal vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los anuncie, en detalle o de modo general, el viernes en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hay un proyecto de diputados oficialistas para que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, como cualquier argentino sin coronita. Esa medida sería razonable y aboliría una canonjía para los jueces, dispuesta por ellos mismos. El cambio, de potente contenido simbólico, no debe sobrevalorarse: sería una señal para las reformas culturales, legales y organizativas que son necesarias. La movida tendría el encanto, inusual en la etapa, de concitar adhesiones de distintos partidos, aunque con grandes matices.

Al parecer de este cronista, tampoco sería una panacea la elección popular de los jueces, que demandaría una reforma constitucional muy resistida por toda la oposición. Ni, quizás, un avance determinante.

Lo sustancial, creen un número creciente de jueces, secretarios, fiscales y funcionarios judiciales, son cambios culturales y de estructura que se empiezan a discutir e implantar. La cerrazón del Poder Judicial, sus camarillas, su corporativismo profesional, la formación de sus elencos, la subestimación de los ciudadanos que litigan... La nómina podría ampliarse. Esta nota volea (esperando no bartolear) algunas reflexiones y ejemplos, sin tampoco cerrar el debate ni la lista.

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Los Campanelli, pero de gente bien: La expresión “familia judicial”, usada como signo positivo de identificación, alude a la perpetuación del elenco de tribunales, a menudo nepotista y clasista. No se trata, solamente, de las designaciones en cargos inferiores de hijos o sobrinos que “ecológicamente” quedan mejor posicionados para ascender. El vicio es más amplio.

Los concursos, donde los hay, premian con porcentaje muy alto de puntos los antecedentes académicos. Hete aquí que los egresados de menos recursos económicos tienen que dedicarse a laburar cuanto antes. En cambio, aquellos con más plata pueden adornarse con posgrados y maestrías, cuya vinculación con la eficiencia como servidores públicos es, por la parte baja, opinable. No es habitual que los posgrados sean gratuitos, ni en las universidades públicas. Y es cosa corriente que, para ingresar (aun poniéndose) hace falta un académico que presente al aspirante. De nuevo, gravitan mucho las redes de vínculos que se reparten con desigualdad.

La Defensoría Oficial, cuya titular es Stella Maris Martínez, abrió una brecha en esa trama cerrada: convocó a concurso abierto para cargos inferiores, salteando las vallas de amiguismo, parentesco y elitismo. Según datos extraoficiales, la inscripción supera todas las expectativas: no falta demanda, sino oferta.

En el mismo sentido, la procuradora general Alejandra Gils Carbó prepara con sus colaboradores un proyecto de concursos que baje la preponderancia de los antecedentes académicos. Y elabora una propuesta de acuerdo de pasantías con universidades nacionales del conurbano. Se entornaría así la puerta a jóvenes no porteños (otra tendencia flagrante y limitativa), que son en su familia la primera generación que entra en la universidad. Gils Carbó será la oradora de apertura del encuentro por una “Justicia Legítima” que se llevará a cabo el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional. Habrá otros expositores prefijados y también talleres de discusión, a la luz del día, sin la tutela de la Corte Suprema. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, expondrá el martes en la apertura del año judicial. En voz baja, o no tanto, masculla críticas y ninguneos a un encuentro que tiene aroma a saludable apertura.

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Tomala vos, dámela a mí: El ámbito académico es otro espacio sectario, en el que confraternizan jueces y abogados de partes. Enseñan las mismas disciplinas, cohabitan, intercambian favores varios. Luego Sus Señorías atienden pleitos en los que actúan esos colegas, que entran a los despachos o mesas de entradas con una ventaja innegable.

A veces, ocurre en estos mismos días, un abogado es jurado en un concurso académico en el que compite un juez del Foro. ¿Se capta? El abogado es clave para que el magistrado mejore su rango académico. Luego, su cliente depende del juez. Quien quiera pensar mal, tiene sustento.

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Lo charlamos en casa: La familia judicial puede expresarse en el ámbito público o privado. Un fiscal que investiga delitos económicos actúa en una causa, en la que se envía una notificación a un estudio jurídico que defiende a sospechosos de lavado de dinero. La citación la recibe la esposa del fiscal (llamémosla Celeste) que labora, con toda licitud, en ese bufete. Esa conducta no está prohibida taxativamente ni genera incompatibilidad... Se pregunta al lector si no le parece una promiscuidad desaconsejable.

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Puertas giratorias: Es remanida la imagen de los delincuentes “que entran por una puerta y salen por la otra”. Es impropia y simplista, en promedio. Pero tomémosla para seguir con nuestro punto. ¿Quiénes son, en mayoría abrumadora, los que salen? Presuntos delincuentes comunes, aposentados en las clases sociales populares. Sería difícil usar la metáfora para hablar de los sospechosos de lavar dinero, vaciar empresas, cometer fraudes fiscales grossos, armar quiebras fraudulentas, librar suculentos cheques sin fondos... sencillamente porque es exótico verlos entrar. Los peces gordos no son atrapados por las redes.

Hay tribunales enteros dedicados a garantizar esa impunidad de clase: el fuero Penal Económico (alias Penal Cómico, desde siempre) o muchas cámaras comerciales. En otras competencias, las corporaciones juegan de local, digamos en el Camp Nou, contra el Estado pleiteando por sumas millonarias.

Los apodados delitos de guante blanco son peliagudos para investigar porque, a diferencia de criminales de otro pelaje, los sospechosos tienen un aparato profesional formidable a su servicio. Los magistrados y funcionarios decentes se ven en figurillas para competir en paridad con empresas de abogados y contadores entrenados. Otros jueces y magistrados ayudan a la asimetría entorpeciendo su labor: es práctica común esconderles o escamotearles los expedientes para hacerlos jugar en tinieblas. Para tratar de compensar la diferencia, Gils Carbó analiza la perspectiva de crear una Fiscalía de Criminalidad Económica que cuente con cuadros formados e infraestructura técnica. “Fierros” para perseguir a quienes están protegidos por la estructura de los tribunales.

En la semana que hoy termina, se lanzó una Procuraduría en Narcocriminalidad. Su jefe será el fiscal Félix Crous, quien se destacó en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es tan inteligente como sugestivo (comparte el cronista) que se confíe para investigar delitos complejos de esta época en quienes se comprometieron con eficiencia en la lucha por verdad y justicia. No son esferas separadas, forman parte de un conjunto. Hay profesionales comprometidos con su misión y dispuestos a enfrentar a los criminales y los poderosos. Acaso no sean mayoría, pero son muchos y se están dejando ver.

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Prebendas consentidas: El expediente Clarín hizo públicos hechos consabidos. El ejemplo clavado es el de los viajes pagos, a todo trapo, que se encubren, ejem, con guante blanco. El camarista federal Francisco De las Carreras paseó por cuenta y orden del Grupo Clarín, fue recusado, sus pares rechazaron la objeción y él mismo afirmó que se sentía libre de cuestionamientos. Años ha, el gran escritor e integrante del Tribunal Superior de Jujuy Héctor Tizón fue recusado cuando debía expedirse en el conocido juicio contra Romina Tejerina. Se le atribuía haber prejuzgado en declaraciones periodísticas. Tizón rechazó la recusación, aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y sacados de contexto. Trascartón, se apartó del caso excusándose él mismo “por razones de decoro y delicadeza”. Reacción interesante de un hombre de honor, es ilusorio esperarla de otros jueces. Carreras adujo que tenía “tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia” para intervenir en el expediente. Una conciencia autoindulgente, por decirlo con un eufemismo.

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A modo de cierre: Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio (al) público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar.

Si los jueces y camaristas rehusaran que se dirigieran a ellos con motes nobiliarios, mucho empezaría a cambiar. Gils Carbó ordenó a los fiscales prescindir del uso de “Su Señoría” y “Su Excelencia” como vocativos. ¿Qué pensarán Sus Señorías y Sus Excelencias?

Hay reformas que deben provenir de otros poderes del Estado. El juicio por jurados, admitido en algunas provincias, debe ser legislado. La propia Presidenta, cuando era senadora, presentó un proyecto que perdió estado parlamentario.

Los penalistas más respetables claman para que se implante el “proceso acusatorio” en el que, por decirlo muy sencillo, los fiscales hacen de fiscales y los jueces de jueces. La mezcla de esas funciones distorsiona las causas, deja “pintados” a los fiscales, incita a los jueces a condenar o llevar a juicio oral a quien investigaron. También hubo un buen proyecto del actual oficialismo, que se archivó sin buenos motivos.

Democratizar la Justicia, escribió bien el abogado y académico Lucas Arrimada en el portal Infobae, es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, se agrega acá, también una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, parafraseando un dicho célebre, es demasiado importante para dejársela solo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y su compromiso.

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