Desde hacía tiempo el Gobierno tenía entre ceja y ceja lo que se dio en llamar la “cautelarización” de la Justicia. Medidas cautelares que se prorrogaban infinitamente impidiendo que se pusieran en práctica decretos presidenciales o leyes votadas por el Congreso. Por eso, entre las medidas presentadas para modificar el funcionamiento judicial la presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto para reglamentar el funcionamiento de las cautelares con el objetivo de que “vuelvan a su verdadero lugar y funcionalidad” en las causas cuyas repercusiones sean exclusivamente de carácter patrimonial, como es el caso de los dos artículos objetados de la ley de medios por el Grupo Clarín. Además, anunció también un proyecto de ley de Responsabilidad del Estado porque “el Estado no puede ser tratado igual que una empresa”.

Una de las controversias respecto de las cautelares se dio a comienzos de 2010, cuando una jueza de primera instancia en lo Contencioso hizo lugar al planteo presentado por partidos opositores para suspender el decreto de la Presidenta que creaba el “Fondo del Bicentenario” por el que se disponía que se utilizaran las reservas del Banco Central para pagar deuda. Hicieron falta nuevos decretos y la intervención de la Cámara para que la situación se destrabara.

Fue una situación política grave en momentos en que la oposición –a través del llamado Grupo A– tomó el control del Congreso. Pero, sin dudas, la situación que terminó por enfurecer al Gobierno fue la cautelar planteada por el Grupo Clarín respecto de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, referidos a los plazos de desinversión y posesión de licencias de medios. Pese a que la Corte Suprema consideró que no estaban en peligro derechos constitucionales sino que, en el peor de los casos, podría darse un perjuicio patrimonial, la cautelar se mantiene en vigencia aún hoy a la espera de un fallo sobre la cuestión de fondo. En los hechos, le permitió al Grupo Clarín no cumplir lo establecido por una ley votada por amplia mayoría en el Congreso desde hace más de tres años.

“La medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho, en fuente de injusticia, de inequidad y denegación de justicia”, sostuvo Cristina Kirchner ayer en su mensaje a la Asamblea Legislativa.

Agregó que estas medidas “detienen la administración de justicia”, porque impiden la discusión de la cuestión de fondo, y explicó que las cautelares de carácter patrimonial contra el Estado “son un absurdo porque el Estado no puede insolventarse, ni ser declarado en quiebra”. Habló de una gran “industria del juicio” en casos como los reclamos salariales en Gendarmería o Prefectura y lamentó que la fórmula utilizada sea “juez subrogante toma la cautelar y luego se declara incompetente. Es la fórmula perfecta: ‘Me voy y dejo el entramado de la cautelar, esa es la fórmula”.

La diputada oficialista Diana Conti ya había presentado un proyecto para reglamentar las cautelares pero el anunciado ayer sería diferente y habrían trabajo en él los técnicos del Ministerio de Justicia. Aunque no se especificaron detalles, la Presidenta habló de una “reglamentación, no una eliminación” de estos recursos, que sólo deberían interponerse contra el Estado frente al peligro de un riesgo inminente, como podría ser un caso de impacto ambiental.

Tuvo tiempo para una ironía. “Muchos especularon con que no iba a ser reelecta en 2011 y por eso dieron las cautelares, pero acá estamos. Por eso digo que las cautelares tienen que volver a su verdadero lugar”, insistió.

Por otro lado, la Presidenta indicó que “si vamos a sancionar un nuevo Código Civil y Comercial, necesitamos una ley de responsabilidad del Estado” porque las normas vigentes se hicieron cuando sólo regían los acuerdos “entre privados”. “Observo que cuando estaban los privados, nadie le hacía juicio a nadie. Una vez que pasa al Estado todo se convierte en litigioso”, dijo, y añadió: “El Estado no puede ser tratado igual que una empresa particular, necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco para castigarlo”. Con todo, tampoco añadió detalles sobre el contenido del proyecto que enviará en este mes al Congreso.