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El gobierno nacional anunció un ambicioso plan de combate a la evasión. Entre las principales medidas se destaca la extensión de la figura de asociación ilícita para la comisión de delitos fiscales, la eliminación del Inarss con la vuelta a la AFIP de la recaudación previsional, la reforma del monotributo y un mayor control de las operaciones internacionales. También se crearán tres juzgados tributarios, que empezarán a funcionar en agosto exclusivamente en las nuevas causas que surjan de la instrumentación de los anuncios.
En una conferencia brindada conjuntamente por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Roberto Lavagna y el titular de la AFIP, Alberto Abad, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de las leyes que brindarán nuevos instrumentos para combatir la evasión. También, la firma de un decreto de necesidad y urgencia que eliminará el Inarss, el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social creado por Domingo Cavallo. En adelante toda la recaudación y el control de los contribuciones tributarias, aduaneras y previsionales se centralizará en la AFIP.
Abad anunció que la extensión de la figura de asociación ilícita al área impositiva se debe a que “la comisión del delito tributario tiene hoy una sofisticación y un soporte tecnológico de tal magnitud que demanda la concurrencia de una asociación entre diferentes agentes”. En una conferencia explicativa posterior Abad señaló que esta figura alcanzará a todos quienes participan del delito, como por ejemplo los estudios jurídicos y contables que asesoran a los evasores.
El funcionario también destacó que en el combate al trabajo en negro “se presumirá que la evasión a la seguridad social será la misma que la evasión de los impuestos correspondientes a la venta de la compañía”. Según el propio ejemplo del funcionario, si se detecta que 5 trabajadores están en negro y cobraron 1000 pesos por mes durante un año, “se presumirá que la empresa generó esos 60 mil pesos y sobre ellos se aplicará IVA y Ganancias”, costo que se sumará a la sanción por el incumplimiento previsional. El mismo criterio se aplicará con los depósitos bancarios no declarados, los que “se considerarán como ganancia gravada” y con los fondos provenientes de paraísos fiscales, que se presumirán “ampliación de patrimonio no justificado”.
El director de Ingresos Públicos explicó que la globalización “existe fundamentalmente para los evasores”, pero lamentablemente “no para los organismos que deben combatirlos”. Por eso, uno de los proyectos enviados al Parlamento contempla la posibilidad de que la AFIP instrumente convenios de intercambio de información con otros países, en especial con aquellos con flujos comerciales más fluidos con la Argentina. Otras modificaciones legislativas afectarán a la ley del impuesto a las ganancias y a la de procedimientos 11.683.
Entre las acciones más inmediatas se anunció que a partir del mes próximo se realizarán operativos masivos para detectar el trabajo en negro, el incumplimiento en las facturaciones de las empresas y el mal funcionamiento de los controladores fiscales. En cuanto al control de la entrega de facturas en comercios se recurrirá al envío de inspectores que se harán pasar por consumidores y fingirán una compra.
Respecto de las “facturas apócrifas”, Abad señaló que las empresas podrán “consultar por Internet si las facturas de los proveedores son confiables o no”. Esta medida estará acompañada de la consideración, por parte de la AFIP, “de solidariamente responsable (de evasión) a la empresa que reciba una factura apócrifa”, la cual será sancionada de la misma manera que quien la emitió.
Además, adelantó que se instrumentará un registro, denominado SIPER (Sistema Informativo de Perfil de Riesgo), “para calificar, de uno a cinco, a cada contribuyente en función de su nivel de riesgo”. Sobre ese punto, el funcionario comentó que se tendrán en cuenta “las causas penales, las clausuras y las declaraciones juradas no presentadas” porcada contribuyente, a la vez que destacó que “en una segunda etapa la calificación será abierta a la comunidad”.
Tras indicar que a partir del mes próximo la AFIP retomará los operativos para controlar incumplimientos fiscales y detectar empleo en negro, Abad señaló que se les prestará especial atención a las operaciones “de comercio exterior”, ya que se han detectado “maniobras de triangulación en operaciones con commodities”.
Por su parte, Lavagna consideró que las medidas buscan “cerrar los distintos canales de evasión” y “crear conciencia en la sociedad, porque los cambios de actitudes no se promulgan por ley, sino que es importante que la sociedad en su conjunto entienda la importancia de las iniciativas”.
Dado que el programa no es la prometida reforma impositiva, sino que tiene por objeto principal combatir la evasión, el titular del Palacio de Hacienda consideró necesario aclarar que, para el Gobierno, “primero hay que dar una batalla muy fuerte contra la evasión y recién después hacer una reforma impositiva de fondo”. Y antes de que nadie ose caer en reclamos ideológicos agregó: “Las discusiones doctrinarias dividen, en cambio la acción unifica”.
Entre los problemas detectados por el fisco y que se tuvieron en cuenta para elaborar el plan, el jefe de la cartera económica enumeró, entre otros, la constitución de sociedades para facilitar la evasión, el uso de facturas falsas, la falta de límites en la posibilidad de generar crédito fiscal, el aumento de las ventas sin comprobante y las deficiencias del régimen de monotributo.