La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volvió a doblarle la apuesta a la Corte Suprema. Después de que el tribunal le mandara una nota diciéndole que los fiscales, a diferencia de los jueces, no sólo están en condiciones de pagar impuesto a las Ganancias sino que están “obligados” a hacerlo, ella respondió con otra nota, donde le advierte que si el Ministerio Público hiciera eso por su cuenta violaría un principio de “igualdad remunerativa” que rige por ley. La “obligación” de la Procuración, sostuvo, es “no permitir que los empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal queden en peores condiciones laborales que sus pares del Poder Judicial”. El oficio insiste en elaborar en “conjunto” con la Corte un mecanismo para aplicar el impuesto en cuestión. Voceros del alto tribunal dijeron a Página/12 “ni siquiera se va a analizar esta nueva presentación” y que ya dan “por terminado el tema”.

En caliente, Gils Carbó dijo anteayer que “cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución”. La nota que le enviaron esta semana los supremos –a través de una contadora de la subdirección de administración– decía que podían celebrar una reunión “por razones de cortesía”, pero que la posición de ellos era clara: el Ministerio Público es autónomo, tendría que descontar Ganancias por su lado. Gils Carbó argumentó públicamente y en la carta que envió ayer, que la ley orgánica de este órgano judicial establece una equiparación de remuneraciones y beneficios entre fiscales y jueces, “cuyos efectos se extienden al ámbito patrimonial, previsional, tributario y jerárquico”. “Toda decisión unilateral” sobre “la implementación del pago del impuesto a las Ganancias” para los fiscales “pondría en riesgo la vigencia de ese mandato legal de equivalencia remunerativa”, explica el oficio. La procuradora sostiene que es la Corte la que debe modificar o derogar su propia acordada de 1996 que declaró inaplicable al Poder Judicial la ley que obliga a pagar Ganancias a los tres poderes del Estado. El texto enumera resoluciones del Ministerio Público enganchadas con las de la Corte. “Las decisiones con impacto salarial adoptadas por la Corte Suprema (...) fueron seguidas, inveteradamente, por decisiones equivalentes de la autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal”. “La procuradora general debe velar por la efectiva vigencia del deber de equiparación (...) como garantía de su posicionamiento en pie de igualdad ante el Poder Judicial”, agrega, y no generar una situación desventajosa. Gils Carbó reivindica la “independencia y autonomía del Ministerio Público”, pero advierte que “en modo alguno pueden interferir con la posibilidad de abordar acciones conjuntas”, e insiste en dialogar.

Ante la consulta de este diario, desde la Corte dijeron que la nueva presentación de la procuradora “no va a circular” por los despachos de los jueces “ni se va a analizar” porque para ellos “el tema está terminado”. No parece que vaya a prosperar el trabajo en equipo.

La génesis de esta pelotera entre la Procuración y la Corte data de hace unos meses, cuando Gils Carbó se puso al frente del movimiento “Justicia legítima”, en medio de la pelea del caso Clarín, donde el alto tribunal quedó alineado en defensa de los camaristas que intervenían en esa causa, que denunciaban presiones del Gobierno. Pero se generó un debate más profundo sobre la esencia misma del sistema de justicia y dejó en evidencia que –contra la prédica del titular supremo Ricardo Lorenzetti–que el Poder Judicial está dividido.

La eliminación de privilegios del Poder Judicial es uno de los grandes temas surgidos de los debates de “Justicia legítima”, entre ellos figura que los funcionarios del sistema judicial paguen Ganancias como cualquier hijo de vecino. El beneficio de la exención impositiva abarca hoy a todos los empleados, lo que complejiza la cuestión. Al punto de que ni siquiera en el encuentro de este movimiento en la Biblioteca Nacional se logró un acuerdo y el tema quedó excluido de las conclusiones. Pero la presidenta Cristina Kirchner lo mencionó en la apertura de sesiones en el Congreso y señaló que sólo la Corte puede definirlo. El planteo de Gils Carbó, como jefa de los fiscales, ante la Corte para apurar y definir un mecanismo de deducción de Ganancias fue el disparador de las idas y vueltas, verbales y escritas, de los últimos días. Como telón de fondo se entrevé cierta puja de poder entre la corporación de jueces y los fiscales, en la que los primeros se resisten a reconocerles a los segundos la misma jerarquía. Esta pica reaparece cuando se discute una posible reforma procesal –otra idea para “democratizar” la Justicia–, que pondría a los fiscales en un papel mucho más activo o protagónico que el actual, y a los jueces como garantes de los procesos. Ahora a la Procuración no le quedan muchos caminos: o deduce el impuesto a su gente o espera a ver qué hace la Corte y después actúa en consecuencia. En el alto tribunal dicen que sólo dialogan con las asociaciones de jueces, los tribunales provinciales y el gremio de los judiciales. Entre los supremos hay posturas encontradas, pero coincidirían en buscar algún método para que el impacto del impuesto sea progresivo o sólo abarque a las nuevas generaciones.