El juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de varias entidades bancarias y financieras en las que los imputados por lavado de dinero Leonardo Fariña y Federico Elaskar realizaron operaciones por las que en su momento se emitió un reporte de operación sospechosa. En el expediente también están sospechados Lázaro Báez, sus hijos y Daniel Pérez Gadín. Se trata de los bancos Galicia, Hipotecario, Comafi, Columbia, la casa de cambios Metrópolis y varias entidades más. La causa que instruye Casanello es la originaria y en la que se investiga si se sacó dinero al exterior en forma ilegal.

Como parte de esta misma investigación, Casanello libró ayer a Panamá el primero de una serie de exhortos internacionales para intentar rastrear la posible ruta del dinero que, de acuerdo con la denuncia, podría haber ido a parar a empresas offshore.

Como el objeto procesal en esta causa son las maniobras de transporte de fondos ilícito, Casanello envió a Santa Cruz la denuncia de Elisa Carrió basada en fotocopias del momento en que supuestamente Báez desmanteló una caja fuerte y sacó documentación de su casa. El magistrado consideró que la denuncia debía radicarse en el lugar donde ocurrió el hecho, Santa Cruz, y que si hubiera algún elemento que sirviera a la causa de lavado de dinero, se incorporará cuando la investigación en el Sur así lo demuestre. Casanello se quedó con copia de la denuncia y la envió a Santa Cruz. El fiscal Guillermo Marijuán apeló esa decisión y ayer se sorteó la Sala II de la Cámara Federal para que resuelva. También la Cámara debe resolver sobre la decisión de Casanello de no allanar una baulera sobre la que se recibió un anónimo en el cual se señala que allí se escondió documentación de la financiera SGI. Casanello sostiene que no se puede hacer un allanamiento sobre la base de un anónimo, ordenó una investigación sobre la baulera, pero eso no dejó conforme a Marijuán, quien también apeló lo resuelto por el magistrado.

En tanto, Báez se presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos –donde asumió la conjueza Andrea Askenazi Vera– e invitó a la magistrada y a la fiscal a realizar “una inspección ocular” en su casa, donde, según se denunció, habría tenido una bóveda. El empresario afirmó ayer que hay “una furibunda campaña periodística difamatoria en vísperas de las próximas elecciones legislativas” y una “maquinaria devastadora” de su persona.