La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría emitió anoche dos fallos señalando como inconstitucional el voto popular para la elección de consejeros abogados, jueces y académicos. Además, en las mismas dos resoluciones, anula la convocatoria a las elecciones para consejeros, el nuevo número de integrantes que tendría el Consejo y, por supuesto, el voto popular para elegir a los consejeros. La magistrada consideró que la norma afecta la independencia judicial porque, según sostiene, no deben aparecer nombres de jueces en boletas de partidos políticos ni que “deambulen” por sedes partidarias teniendo en cuenta que las listas las arman las juntas electorales de los partidos políticos. La decisión de Servini tiene importancia, pero no es definitiva, porque se supone que el Poder Ejecutivo apelará la decisión ante la Cámara Nacional Electoral e incluso podría plantear el per saltum para llegar por vía rápida a la Corte Suprema. Como el recurso se va a plantear de inmediato, la lógica indica que, por las dudas, los partidos presentarán hoy las alianzas correspondientes también para las elecciones en la categoría de consejeros.

Las dos resoluciones de Servini se produjeron en los expedientes iniciados por Jorge Rizzo, en nombre de la Lista 3, Gente de Derecho, y presidente del Colegio Público de Abogados, y de Carlos Traboulsi, del Partido Demócrata Cristiano. Hay párrafos enteros que se repiten en uno y otro texto. En ambos la conclusión es la misma:

- Servini declara inconstitucional la nueva composición del Consejo de la Magistratura, con 19 integrantes, que es lo que votó el Congreso.

- También declaró inconstitucional la forma de elección por el voto directo de los ciudadanos.

- Anuló el decreto de convocatoria de las elecciones en la categoría consejeros.

Uno de los argumentos claves de la jueza es que lo votado por el Congreso afecta la independencia del Poder Judicial. “El hecho de que jueces figuren en las listas de partidos políticos les quita a esos jueces todo atisbo de independencia e imparcialidad en todos los casos en que esa entidad política o sus integrantes puedan tener intereses”, consideró.

En ese tramo, llama la atención que Servini dé por sentado que los jueces no tienen color político, sobre todo teniendo en cuenta que en las elecciones para consejeros las listas siempre están alineadas con partidos. Ricardo Recondo, por ejemplo, que ha encabezado las asociaciones de jueces y es un claro opositor, fue funcionario del Poder Ejecutivo durante el gobierno radical. Y los vínculos entre consejeros jueces o consejeros abogados y distintos partidos se repiten casi en todos los casos.

Había alguna expectativa en que la magistrada les pidiera a todos los jueces que se inhiban y reconozcan su competencia para tratar este caso –se presentaron muchos recursos en forma casi simultánea–, pero es obvio que habrá jueces que no aceptarán esa inhibitoria. Es más, podría producirse el hecho de que la Corte adopte una resolución –que siempre es sobre expedientes específicos que llegan a esa instancia– y haya jueces que mantengan amparos y ordenen que la elección de consejeros no se haga.

Para el oficialismo, lo que queda claro es que existe una corporación judicial, políticamente alineada, que quiere que 700 jueces sigan siendo los únicos que elijan a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. O que los abogados colegiados elijan a los letrados, sin que las cosas salgan de ese ámbito. La Presidenta remarcó esto en su discurso en Santa Cruz, señalando que los magistrados y abogados no son apolíticos, sino que tienen historia y hasta militancia. Es más, en las elecciones entre los abogados y los jueces se puede ver con claridad qué partidos apoyan a cada lista, por lo cual la Casa Rosada decidió impulsar la modificación que les permite a todos los ciudadanos votar a los consejeros.

Del otro lado, las fuerzas opositoras utilizan el argumento de que jueces y abogados estarán obligados a ir a elecciones en listas de partidos y que ése no es el espíritu de la reforma constitucional de 1994. Servini tomó este último argumento con varios conceptos: que no es bueno que los jueces se muevan en comités políticos y que podría darse el caso de que el mismo partido que tiene el Poder Ejecutivo tenga también la mayoría del Consejo y la mayoría en ambas cámaras. “Esto le permitiría, sin mayor dificultad, articular los mecanismos para ejercer funciones disciplinarias o decidir la remoción de magistrados que hayan emitido fallos desfavorables para sus intereses”, concluye Servini.

La lógica de la situación indica que todo el proceso de conformación de alianzas –cuyo plazo vence hoy a la medianoche– e incluso el de designación de candidatos para todas las categorías –senadores, diputados, consejeros, legisladores provinciales y municipales– se hará igualmente. Es que lo más probable es que el Gobierno apele hoy, lo que deja a la cuestión sin fallo firme. Eso significa que, por las dudas, las fuerzas políticas deben continuar con el proceso hasta que haya alguna resolución definitiva, tal vez de la Corte, aunque también los fallos del máximo tribunal son para el expediente al que se aboca.

Sea como fuere, el próximo paso tendrá que darlo el Ejecutivo que, todo indica, ya tiene preparada la movida. En la Cámara Electoral han dicho que ellos no pueden dar vía libre a la elección de consejeros si hay un magistrado que les indica lo contrario. Eso ocurrió anoche, aunque ya otros jueces habían emitido fallos del mismo tenor. La resolución de Servini seguramente acelerará los tiempos de la llegada del tema al máximo tribunal, aunque el calendario electoral corre y, al menos por ahora, no se frena.

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