Un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para mudar de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura el manejo del presupuesto del Poder Judicial, la política salarial y la facultad de crear cargos y asignar personal en los tribunales. Este cambio figuraba en el proyecto original de reforma del cuerpo y de elección popular de consejeros promovido por el Gobierno, pero quedó afuera de la ley tal como resultó aprobada tras una gestión del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, avalada por el resto de los jueces supremos.

El oficialismo volvió sobre la idea de quitarle a la Corte el manejo de los fondos, tras el fallo que la semana pasada declaró la inconstitucionalidad de los puntos centrales de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. El dominio de la caja es una herramienta básica de poder, que la Constitución de 1994 dejó en manos de ese organismo en el inciso 3 del artículo 114, cuando afirma que le corresponde al Consejo “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”. Pese a lo estipulado por el texto constitucional, en los hechos no es exactamente así. Desde los inicios del Consejo, la Corte intentó marcar la cancha y, con el argumento de que había consenso en la doctrina, se reafirmó como “cabeza” o gobierno del Poder Judicial a través de la acordada 4 del año 2000 y decidió autoatribuirse el manejo de los fondos.

Con el tiempo, tanto el Consejo como el sistema judicial en general aceptaron esa situación de hecho, a pesar de que estaba en cortocircuito con la Constitución. Cuando semanas atrás se discutía el proyecto de reforma del órgano que elige y sanciona a los jueces, la posibilidad de “devolverle” esa función administradora era jurídicamente la menos cuestionada. Los ataques fueron mucho más corporativos que constitucionales. El pedido de que no le quitaran el manejo de la plata de la Justicia fue uno de los ejes de la carta que llevó Lorenzetti a la Casa Rosada y al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Lo hizo en nombre de las cámaras federales de todo el país (nucleadas en una Junta de Cámaras), pero después se supo que la había diseñado él mismo. El oficialismo cedió y la transferencia de facultades administrativas quedó fuera del texto que se votó en el Congreso.

El proyecto presentado ayer plantea que es necesario “adecuar la legislación vigente al texto constitucional”. Lo primero que dice es que el plenario del Consejo debe aprobar el anteproyecto de presupuesto anual para el Poder Judicial, remitirlo al Poder Ejecutivo y luego ejecutarlo. Actualmente, si bien el organismo elabora y aprueba el presupuesto, siempre lo hace en consulta con la Corte. El proyecto dice también que el plenario podrá reajustar créditos e informarlo a la Jefatura de Gabinete. Por ley, el presupuesto anual es del “3,5 por ciento de recursos tributarios y no tributarios de la administración central”.

Otro punto determinante es el que prevé que el Consejo será el que defina la “dotación de personal” para juzgados, tribunales y dependencias judiciales, adjudicará los cargos y fijará los procedimientos para habilitar nuevos cargos y efectuar traslados de personal en toda la Justicia, menos en la Corte. A eso se suma algo clave: “Las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial serán establecidas por el Consejo de la Magistratura –dice el proyecto– debiendo velar por el uso eficiente de los recursos y el respeto por la dignidad del trabajador”. Estas dos cuestiones, el personal y los sueldos, hasta ahora son de manejo exclusivo de la Corte.

Si se aprueba el texto tal como está propuesto, en tres meses desde la publicación de la ley todas las dependencias técnico-administrativas que ya “no tengan relación con la función jurisdiccional de la Corte” tendrán que ser transferidas al Consejo.

El proyecto fue redactado e impulsado por Carlos Kunkel y lleva también la firma de un grupo de diputados del FpV: Diana Conti, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Gloria Bidegain.

En los debates previos a la reforma constitucional de 1994 quedó claro que el radicalismo impulsaba la creación del Consejo y la transferencia hacia él de los fondos del Poder Judicial porque era un camino para restar poder a la Corte del menemismo. Ahora están encolumnados con la corporación de jueces.

Durante la discusión parlamentaria sobre la reforma del Consejo, cerca de dos meses atrás, y en medio de encuentros febriles de Lorenzetti con presidentes de las cámaras federales, desde la Corte argumentaban que nadie tiene una capacidad igualable a la de ese tribunal para administrar el sistema de justicia, que ante cualquier cambio caería en una rotunda parálisis. También surgían desde sus despachos advertencias tales como la posibilidad de que el tribunal se pronunciara de oficio sobre el manejo presupuestario, al considerarlo una cuestión de “superindentencia” que le pertenece.

En el fragor del debate también se echó a rodar el rumor de que los ministros de la Corte analizaban renunciar en bloque. Fue inicialmente a través de un artículo publicado en La Nación por el columnista Joaquín Morales Solá, el mismo que esta semana escribió sobre una supuesta investigación impositiva que Lorenzetti (ver aparte) denunció ante sus pares supremos después del fallo de inconstitucionalidad de la ley que pretendía democratizar el Consejo de la Magistratura.