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El canal de noticias del Grupo Clarín fue la boca de expendio que Sergio Massa utilizó para responderle al Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien había dicho que en Tigre se esconden los narcotraficantes más peligrosos del mundo. “Hicimos una presentación en la fiscalía de San Isidro para que se investigue y metan presos a uno, diez o cien narcos. A todos los que correspondan”, dijo el intendente. Además, reclamó endurecer las penas contra el narcotráfico.

No es tan simple: el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro que recibió la denuncia es Julio Alberto Novo, quien participa en forma activa en los actos de campaña del Frente Renovador, tiene múltiples denuncias presentadas por una docena de fiscales y por la Cámara de Apelaciones del distrito y un pedido de juicio político pendiente, todos por obstaculizar las investigaciones sobre los delitos para los que su amigo Massa propone aumentar penas, típica respuesta de la demagogia punitiva, que se reduce a suscitar una ilusión de seguridad. La afirmación de Berni parece hiperbólica, dado que el único ejemplo que mencionó fue el presunto traficante colombiano conocido con el alias Mi Sangre, Henry López Londoño. Sin embargo, desde Tigre hasta Pilar funciona una santa alianza de intendentes, narcos, fiscales y policías, cuya figura principal es Novo y su protector político Massa. El componente electoral de la denuncia de Berni es obvio, pero los hechos son reales y fueron expuestos en esta página el 31 de marzo, mucho antes de que Massa cambiara de frente. El departamento judicial de San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios más aventajados del país, donde culmina el corredor floreciente que arranca en la Capital Federal. Todos sus intendentes integran el Frente Renovador de Massa, pese al origen político distinto de cada uno: el primo inteligente de Maurizio Macrì, Jorge, en Vicente López; el radical Gustavo Posse en San Isidro; el vecinalista ex PRO, Luis Andreotti, en San Fernando; el propio Massa en Tigre, y el ex duhaldista de Pilar, Humberto Zúccaro. Varios de ellos han hecho de la seguridad un tema central de su campaña permanente, con la incorporación de tecnología de avanzada, incremento de recursos policiales, integración del ministerio público fiscal al dispositivo político-represivo y un discurso centrado en lo que llaman el combate contra la droga. Sin embargo, luego de casi una década de provincialización de delitos vinculados con estupefacientes, lejos de haber sido afectadas, las grandes organizaciones criminales han crecido. Los dispositivos legales y tecnológicos puestos en escena han servido para reforzar el control social sobre los sectores depauperados que en los prósperos partidos del norte coexisten con los más satisfechos. Raymond Chandler murió medio siglo antes de que ellos llegaran a esas alcaidías, en las que bien podrían basarse sus novelas, con policías, magistrados y políticos como parte de la trama delictiva. El diestro pionero en un esquema de gobernabilidad que incluyera en un todo armónico narcocriminalidad, policía y justicia fue el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. En 1995, propuso que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas pasara a manos de policías, fiscales y jueces provinciales, delegándoles el control social y los negocios. Su continuador en la provincia, Felipe Solá, obtuvo en 2005 la ley que el Congreso le negó al precursor diez años antes.

“Estructuras tenebrosas”

En 2007, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro acusó a Novo de haber instaurado “estructuras tenebrosas”, y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de los fiscales subordinados a él. Al año siguiente, en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez un breve tiroteo acabó con la vida de los paramilitares colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gardner. A principios de 2009 cayó abatido del mismo modo el compatriota de ambos Juan Sebastián Galvís Ramírez, esta vez en San Fernando. La primera causa era investigada por el fiscal Diego Grau; la segunda por su colega Luis Manuel Angelini. Los dos padecieron la interferencia del superior común, Julio Alberto Novo, un hombre de armas llevar, dicho esto en forma literal: escondido en un techo, mató de un disparo en la espalda a un adolescente que entró a robar a su casa. Uno de los hombres de confianza de Novo es el fiscal de Pilar Gonzalo Acosta, hijo del ex jefe del grupo de Tareas de la ESMA. En busca de nexos que ayudaran a esclarecer el doble crimen, el fiscal Grau participó en una reunión con dos colegas de otras jurisdicciones que llevaban causas similares: Juan Bidone, de Mercedes, quien tenía a su cargo el expediente por el triple crimen de General Rodríguez (donde fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón en agosto de 2008), y Analía Córdoba, de la UFI 4 de La Matanza, quien investigaba otro doble homicidio de ciudadanos colombianos en San Justo. El intercambio de información y la coordinación estratégica quedaron truncos porque el fiscal general adjunto de Novo en San Isidro, Marcelo Vaiani, ordenó a Grau que dejara aquel encuentro y acudiera a la sede departamental para impartirle directivas burocráticas sobre la forma de llevar las estadísticas. Grau y Angelini habían solicitado el allanamiento en la sede de Federal Aviation, una de las empresas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, que dos años después serían detenidos en España. En octubre de 2009, trece fiscales de la jurisdicción imputaron irregularidades y delitos a Novo, entre ellos la obstrucción al avance de aquellas causas. Como ninguna de esas denuncias prosperó, dado el desinterés de la Procuración General y de la Legislatura, Angelini terminó por presentar una denuncia penal contra su superior, que se inició en el juzgado federal de Ariel Lijo, en la Capital Federal. Lijo se declaró incompetente y la remitió a su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien empezará a interiorizarse de su contenido a partir de mañana, cuando concluyen las vacaciones pagas de invierno de los magistrados. En ese texto, Angelini cuenta que Grau era el único fiscal que conocía a fondo la causa de Unicenter. Novo lo relevó sin fundamentos, lo cambió de función y distrito asignándolo a causas menores y dejó paralizada la investigación, hasta que en forma verbal decidió asignársela a Angelini, a quien no le proveyó ni escritorio, ni computadora, ni conexión al sistema de información judicial, ni personal, ni teléfono celular. Al mismo tiempo le asignó la fiscalía de San Fernando y le fijó un plazo perentorio de cuatro meses para que finalizara las mil causas que se tramitaban en ella. Angelini entiende que lo hizo adrede “por el dolo de encubrir”. Agrega que el adjunto Vaiani le aconsejó que archivara la causa de Unicenter. Ante su reclamo de recursos, Novo le asignó como colaboradores al propio Vaiani (que tiene mayor jerarquía que Angelini) y a Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas.

“Maquinaria de entorpecimiento”

Que Vaiani y Scapolán quedaran al mando de Angelini era “una verdadera puesta en escena prototípica de un ardid. Un cinismo absoluto”. Lejos de colaborar con él, formaron parte de la “gran maquinaria de entorpecimiento”. Esta ficción duró apenas unos pocos meses, cubriendo un flanco débil hasta que el jury de enjuiciamiento archivó la denuncia de los trece fiscales contra Novo. Al quedar habilitados a ingresar al legajo, Vaiani y Scapolán le pidieron los cuerpos originales y las copias. Pero según la denuncia de Angelini, utilizaron el expediente “para otros fines”. Angelini solicitó una auditoría, pero la Procuradora María del Carmen Falbo no lo admitió. En junio de 2009, mientras Grau encabezaba once allanamientos simultáneos, Vaiani lo interrumpió, no para colaborar sino con el propósito de enterarse “hasta qué punto la investigación involucraría a otras personas, aquellas a las que protegen y que se vinculan a la narcocriminalidad”. Algo similar le sucedió al fiscal Angelini cuando decidió registrar la embarcación “Woods”, en la causa Galvís Ramírez. La policía de investigación y la Prefectura secuestraron a bordo una pistola Glock calibre 40, similar a la que se utilizó en Unicenter y que luego desapareció cuando estaba bajo la responsabilidad de Novo, en la Secretaría de Gestión. Otro fenómeno de evaporación afectó al libro en el que se registraba quién accedía a las pruebas reservadas del expediente. Mientras registraba el barco, Angelini fue convocado de urgencia por la Fiscalía General para “obstaculizar el avance de la investigación”. De este modo le impidieron verificar el registro del GPS instalado en la embarcación, que “podría habernos dado el derrotero de navegación de los días previos”, cosa que luego se perdió. El otro adjunto de Novo en la Fiscalía General, Rodrigo Caro, distrajo los esfuerzos de Grau en las críticas primeras horas de la investigación sobre el crimen de Unicenter, al exigirle que informara en forma inmediata, detallada y por escrito sobre las diligencias que se habían practicado, afirma Angelini. Como lo mismo le pasó a él con el caso Galvís Ramírez, deduce que no sólo se procuraba obstruir la investigación sino, peor aún, “saber a qué nivel de conocimiento había arribado el fiscal instructor en cada caso para utilizar luego esos datos con fines distintos que los de colaborar”. Con la misma finalidad de “encubrir los tres crímenes y el narcotráfico internacional que los generó” se frustró un importante viaje a Colombia en busca de elementos probatorios. La Fiscalía General “con la connivencia institucional de altas autoridades” de la Procuración, omitieron en forma dolosa el trámite administrativo, de modo que los funcionarios colombianos terminaron quejándose porque los fiscales argentinos los dejaron “plantados en el aeropuerto”.

“El expediente de los colombianos”

También se intentó “obtener información acerca del curso de la investigación por fuera de los cursos previstos legalmente” bajo el disfraz de control de gestión, dice Angelini. Uno de los aspectos más graves es que esos agentes “registraban los datos de los testigos que se presentaban en la unidad, antes de que éstos declaren” en el legajo fiscal reservado o bajo la protección de su identidad e ingresaban una y otra vez en forma intempestiva y sin autorización al despacho de Angelini. Así buscaban “información reservada” y amedrentaban al fiscal y a los testigos. La intimidación se extendió a la única colaboradora de Angelini, la instructora judicial Elizabeth Romano. La Secretaria General de la Fiscalía General, Melisa Fernández Rey, la interrogó acerca del “expediente de los colombianos”, en forma coercitiva e ilegal, fuera del horario de trabajo y sin conocimiento del fiscal. Un instructor enviado por la Procuración reprochó que Angelini solicitara allanamientos sin previo aviso al jefe de la Policía Judicial, Oscar Amorín. “Me ahorro comentarios ante lo grotesco e ilegal del planteo. Si desde un principio los instructores cumplieron defectuosamente mis órdenes, luego de ese hito lo dejaron de hacer definitivamente.” A raíz de la filtración sobre medidas de carácter reservado (como allanamientos y detenciones), Angelini presentó una denuncia penal y pidió que se tramitara en otro departamento judicial. Pero Novo designó investigador a un fiscal subordinado a él, de modo de no perder acceso “a los legajos reservados de la investigación”. Una vez que la Procuración cerró el sumario iniciado contra Novo, el Fiscal General y sus dos adjuntos iniciaron causas civiles contra Angelini, a quien le reclaman indemnizaciones por medio millón de pesos. También presentaron demandas penales y civiles contra Grau, con el propósito de cargarles toda irregularidad o insuficiencia de la investigación y exculpar a la Fiscalía General. Para esas denuncias, que no prosperaron, se sirvieron de elementos tomados de las presentaciones de los fiscales ante la Procuración General. Esto prueba el “diálogo informal” entre altos niveles de las estructuras que comandan Falbo y Novo, con un “designio común que es el del encubrimiento del contexto de narcotráfico que precede a los crímenes”. Un nuevo pedido de juicio político a Novo fue presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Fabián Saín, quien durante su desempeño previo al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también había puesto la vista sobre los hermanos Juliá. Novo es el fiscal general que más denuncias ha recibido de sus colegas y de los jueces de su propia jurisdicción, no por sus modos sino a raíz de “gravísimos delitos”, escribió sobre el protector que ahora decidirá qué hacer con la denuncia de Massa.