Al gobierno cordobés le estalló otro foco de incendio. La detención del jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, Rafael Sosa, y otros cuatro efectivos policiales (ver página 7) por supuestos vínculos con narcotraficantes encolumnó a toda la oposición provincial detrás de la investigación. Todos los partidos políticos apoyaron al fiscal Enrique Senestrari, a quien el delasotismo acusó ser parte de una operación del gobierno nacional. “Buscan politizar la causa y es la Justicia la que tiene que actuar”, aseguraron a Página/12 desde el kirchnerismo, dejando de lado la confrontación política y apostando a la acción de los investigadores.

“La Justicia Federal debe actuar con absoluta independencia sin las interferencias groseramente expuestas por policías de alto rango y dirigentes oficialistas”, señaló la organización kirchnerista Unidos y Organizados en un comunicado apenas comenzó a rodar la noticia de la connivencia de la cúpula de la División Drogas de la policía provincial con narcotraficantes. “El irrespeto hacia la Justicia, puesto de manifiesto nuevamente por autoridades y legisladores oficialistas, tras los allanamientos y detenciones”, agregaron los kirchneristas cordobeses, “es el punto máximo al que ha llegado el gobierno de José Manuel de la Sota, que sólo apela a entorpecer las investigaciones”.

El miércoles, el fiscal Senestrari ordenó la detención de los policías involucrados por un informante que los vinculó con jefes narcos de la zona y en el armado de causas plantando drogas y armas. El mismo día, Senestrari –que recibió el apoyo de sus pares– allanó la sede de la policía, donde encontró “droga en condiciones absolutamente ilegales”. El jefe del bloque del delasotista Unión Por Córdoba, Sergio Busso, optó por denunciar “las actitudes políticas y militantes que tiene el fiscal Senestrari”, acusándolo de formar parte de la agrupación Justicia Legítima, y apuntó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de intentar “desprestigiar a la provincia”. La acusación abroqueló a la oposición detrás de la defensa del fiscal y de la investigación. Más tarde debió salir el jefe de Gabinete, Oscar González, que intentó bajar los decibeles contra Senestrari. Sugirió “dejar que la Justicia actúe, esperar los resultados y obrar en consecuencia”, ante el pedido de parte de las bancadas opositoras de que renuncien el ministro de Seguridad y la cúpula policial.

No es el primer caso en el que una investigación involucra a uno de los integrantes del gabinete de De la Sota. El ex ministro de Transporte Daniel Heredia debió dejar su cargo luego de una investigación del Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba, que dejó al descubierto irregularidades en contratos con empresas relacionadas con funcionarios. Primero debió renunciar el secretario del aérea y, cuando las denuncias también lo salpicaron, Heredia tuvo que seguir sus pasos. Otro caso fue el del ex ministro de Trabajo y secretario general de la CGT local, Omar Dragún, quien también renunció ante las denuncias de una golpiza a un trabajador mecánico por parte de una patota del gremio Smata, del que Dragún también era el máximo responsable. A ellos se sumó el escándalo del ministro de Agricultura, Néstor Scalerandi, que días atrás tambaleó en su puesto cuando se conoció que tenía una conexión ilegal de energía en su vivienda en la localidad de Anisacate.

El radicalismo cordobés también ayer se expresó a favor de la investigación y en contra de la postura del gobierno provincial. El diputado nacional Mario Negri aseguró que De la Sota “debe aclarar si coincide con los dichos de Bu-sso, o corren por parte del legislador. Hoy, en Córdoba, hay mucho silencio sobre un hecho extremadamente grave”, a la vez que convocó a las fuerzas políticas a respaldar “de manera conjunta” la investigación judicial.

Por otro lado, el senador Luis Juez denunció que “se está formando una ‘narco provincia’, con un nivel de instalación de la droga en cada rincón de Córdoba, con vinculaciones con el poder político”. Con su característica verborragia, Juez replicó las acusaciones de Busso al señalar que “se quiere instalar que el gobierno nacional tiene vocación de intervenir Córdoba, pero es todo una charada del gobernador De la Sota para esconder el tema”.