El reclamo por la complicidad de Mercedes-Benz con la dictadura comenzó a ser tratado en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que determinará si la Justicia de ese país es competente para resolver la demanda civil planteada por los familiares de trabajadores desaparecidos y ex trabajadores de la automotriz alemana. Ayer tuvo lugar en Washington la audiencia en donde fueron escuchadas las partes y sus amicus curiae, tras lo cual el máximo tribunal de ese país deberá decidir si habilita, tal como establece la Constitución del estado de California, la investigación de lo que hacen empresas extranjeras que actúan en Estados Unidos. Sin embargo, los magistrados podrían determinar la incompetencia, dado que los hechos en cuestión no ocurrieron en territorio norteamericano.

“Fue poco lo que nuestros abogados pudieron plantear respecto de la posibilidad de un reclamo de carácter indemnizatorio contra la empresa. El tribunal no hizo preguntas referidas a violaciones a los derechos humanos, sino a temas vinculados con consumidores o asuntos derivados de la competencia de tribunales norteamericanos respecto de empresas extranjeras que hayan afectado intereses de consumidores”, resumió el abogado Eduardo Fachal, quien trabajó en Mercedes-Benz y fue compañero de los miembros de la comisión interna que permanecen desa-parecidos. “Habíamos discutido un aumento de sueldos reunidos en la casa central y teníamos que llevar la propuesta a la fábrica, pero los compañeros no llegaron”, recordó sobre aquellos años. Según Fachal, “por el tenor de las preguntas son pocas las chances de un fallo favorable, podría haber una limitación que fije la Corte a los topes indemnizatorios para este tipo de reclamos o quizá le diga al tribunal de California que saque un nuevo fallo sobre la competencia, pero creo que la posibilidad es baja”.

Quienes impulsan la demanda civil en Estados Unidos son los familiares de catorce obreros desaparecidos de Mercedes-Benz y los tres que sobrevivieron a su cautiverio, donde han aportado documentos y testimonios que demuestran el rol cómplice de la empresa, hoy DaimlerChrysler, en el secuestro y desa-parición de sus empleados durante la dictadura. Estas víctimas habían participado en 1975 de una huelga en la fábrica, tras la cual fueron despedidos 115 trabajadores. La periodista alemana Gabriela Weber entregó a la Justicia un informe de la filial argentina de Mercedes-Benz, según el cual aquellos despidos habían sido “un pedido urgente del entonces ministro de Trabajo (Carlos Ruckauf) y de la dirección del sindicato Smata para ‘eliminar subversivos de las fábricas’”. Otras pruebas tienen que ver con informes, elaborados por la propia compañía a solicitud de sus accionistas más críticos, que determinan su relación con las fuerzas de seguridad y la marcación como “agitadores” de algunas de las víctimas.

A finales de la década del ’90, Mercedes-Benz se fusionó con la Daimler Chrysler y esto abrió la puerta para iniciar una acción civil, por daños y perjuicios, en los tribunales norteamericanos, porque esa empresa tiene su casa central en Michigan. En primera y segunda instancia, la Justicia de California rechazó la solicitud de familiares y sobrevivientes, aunque la Corte de ese estado determinó que había que admitir el planteo. Sin embargo, el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos a instancias de la apelación que hizo la empresa.

En Argentina, la causa penal abierta en 2002 sigue impune, ya que ningún directivo de la planta automotriz fue convocado a indagatoria.