Desde Rosario

La investigación del atentado contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, sumó un capítulo clave con el allanamiento realizado en la comisaría 10ª, que empezó ayer al mediodía y continuaba pasadas las diez de la noche. El foco de las sospechas, ratificadas a partir de un mensaje anónimo, se ubicó a sólo trece cuadras de la vivienda familiar del mandatario, y en la misma casona que ocupa la delegación policial encargada de garantizar la seguridad en el barrio Alberdi. La inspección convocó a funcionarios del Ministerio de Seguridad y permitió descubrir una pistola del mismo calibre empleado en la balacera del 11 octubre, oculta dentro de un automóvil que estaba secuestrado, pero sin precintos, en el patio de la seccional. Anoche, las autoridades políticas y policiales evaluaban el futuro del comisario a cargo, Ronald Cuñé, quien al cierre de esta edición conservaba su libertad.

Fuentes del Ministerio de Seguridad revelaron que un llamado anónimo –cuyo receptor tampoco identificaron– avisó que en la comisaría de Darragueira al 1100 había un arma vinculada con el ataque a la casa de Bonfatti. Otras fuentes señalaron que la advertencia llegó en forma de mensaje de texto al celular de la jueza María Luisa Pérez Vara.

Tras el aviso, un grupo de Tropas de Operaciones Especiales llegó sin aviso a la seccional para requisar el edificio. En el segundo intento, los agentes hallaron una pistola calibre 11.25 adentro de un Ford Fiesta blanco que estaba secuestrado “desde hacía bastante tiempo”, según dijo un vocero policial. El arma tenía seis proyectiles y una cápsula servida. La llevaron hasta la sección Balística de la UR II para cotejarla con los proyectiles disparados contra la casa de Bonfatti, y el peritaje, realizado por la misma policía, dio resultado negativo, según las fuentes consultadas.

Mientras tanto, esa apacible cuadra de Alberdi se alteraba con la prolongada presencia de las TOE, de la jueza, más la fiscal del caso, Ana Rabin, y del equipo adjunto que trabaja en la causa Los Monos, más el secretario de Seguridad, Matías Drivet, y la subsecretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione. Asimismo, hicieron comparecer a todo el personal de la comisaría, incluido Cuñé, que ayer estaba de franco. En derredor, corrían rumores que suponían desde la hipótesis de una zona liberada policialmente para un pase de facturas narco hasta mensajes de una interna de la fuerza de seguridad.

Vecinas curiosas se acercaron a defender la performance del comisario. Sin embargo, había un motivo anterior para propiciar las sospechas sobre la seccional 10ª: el 20 de julio apareció en Agrelo al 1700 una carta anónima en la que se acusaba a Cuñé de brindarles protección a kioscos de drogas en su jurisdicción. En esa misiva están mencionados algunos nombres ya vinculados con el narcotráfico tales como Delfín Zacarías, Luis Medina y Ema Pimpi. Adentro de la comisaría, los investigadores revisaban computadoras y teléfonos de la dependencia.

Nuevos imputados

Por otra parte, ayer fueron imputadas en la causa tres personas por el atentado a la vivienda del gobernador y quedaron detenidas por decisión de la jueza Pérez Vara. Manuel Martínez, Germán “Papaíno” Ramírez y Saúl Sánchez fueron acusados por los delitos de “amenazas calificadas por anonimato, portación y abuso de arma, y daños”. Los tres negaron haber cometido el hecho del que están sospechados como autores materiales. En el juzgado de Instrucción Nº 5 hubo hermetismo sobre el expediente, en secreto de sumario.

Si bien el jueves al mediodía fuentes de la investigación indicaron que seis personas fueron demoradas tras los allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, sólo tres quedaron detenidas. Lo que se pudo saber es que estos hombres estarían vinculados con el hecho material, pero no serían los ideólogos. Entre las líneas investigativas, ayer se hablaba de personas relacionadas con barrabravas o con el narcotráfico, pero ninguna de las hipótesis está confirmada por la Justicia.