[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó ayer el procesamiento sin prisión preventiva de tres ex altos dirigentes de la empresa Ford durante la última dictadura cívico-militar, por su vinculación con delitos de lesa humanidad cometidos en esos años contra una veintena de empleados de esa compañía.

El tribunal, integrado por los camaristas Marcelo Darío Fernández, Hugo Rodolfo Fossati y Lidia Soto, ratificó la decisión de la jueza federal Alicia Vence en la causa en la que se investigan los secuestros de 24 obreros de esa fábrica automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976 y confirmó el procesamiento de Pedro Müller, ex gerente de Manufacturas de Ford en época de la última dictadura; su par entonces en Relaciones Laborales Guillermo Galarraga, y quien era el jefe de Seguridad en la planta de Pacheco, Héctor Sibilla.

Los tres acusados fueron considerados partícipes primarios de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada, reiterada en 24 hechos, nueve ellas agravadas por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterado en 24 ocasiones. La jueza de primera instancia los había imputado por “haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares para que pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa”.

Las apelaciones de las defensas se basaron mayormente en cómo y cuáles fueron las pruebas que se valoraron durante la primera instancia de investigación. En su fallo, los camaristas confirmaron que en el caso de los hechos que investigó Vence, en el que se destruyó “la mayor parte de las piezas documentales” que podrían probar lo ocurrido, “la declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia”. En base a legajos de la Conadep y, sobre todo, a las declaraciones de las propias víctimas –los 24 trabajadores que fueron “blanqueados” después de pasar “entre 40 y 60 días” secuestrados en forma ilegal–, la jueza dio por probado que Müller, Galarraga y Sibilla “aportaron, suministraron o de algún modo brindaron la información necesaria para que los militares de la Zona de Defensa IV pudieran detener ilegítimamente y someter a condiciones inhumanas de vida, sometiendo a golpizas a cada una de las víctimas”.