El fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) es un bodoque de casi 400 páginas con ciertas particularidades que lo diferencian de cualquier otro. Una de ellas es que al comienzo tiene una especie de guía de lectura y frases marcadas en negrita a lo largo de todo el texto, que está escrito en un lenguaje muy entendible. Pero la guía de la buena interpretación sigue por fuera de ese texto y se corporiza, entre otras cosas, en las declaraciones públicas de los jueces supremos. La palabra de Ricardo Lorenzetti, por ser el presidente de la Corte, tiene un valor especial. Lo que dice es lo que quiere que resuene. Lorenzetti, de hecho, eligió poner el foco en lo que está afuera de la sentencia, en lo que jurídicamente ni siquiera estaba en discusión. Dijo que lo que importa “más que la ley en sí misma” es “la aplicación”. Esa es la dimensión política y la batalla económica que vienen, y la que le permitirá al Grupo Clarín seguir generando pleitos para pelear por retener su capital. El supremo eligió hablarles al holding y a los grupos económicos en general con una frase tranquilizadora: “Esto no termina acá”.

Mensajes calculados

Uno de los conceptos que los jueces decidieron resaltar en negritas dice que “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”. Es un concepto medular, que equivale a decir que hasta acá Clarín no demostró que le violaran ningún derecho, el día de mañana quién sabe.

Pero es fuera de las negritas donde la sentencia encuentra toda su sustancia. Hay allí algunas frases que vale la pena repasar. “A diferencia de otros mercados –sostuvo la Corte– en el de las comunicaciones, la concentración tiene consecuencias sociales que se manifiestan sobre el derecho a la información, un bien esencial para las libertades individuales. La ley, al limitar la cantidad de licencias y registros persigue el enriquecimiento del debate democrático y, en definitiva, el fortalecimiento de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los individuos. En otros palabras, la regulación en examen apunta a favorecer políticas competitivas y antimonopólicas para preservar un derecho fundamental para la vida de una democracia como lo es la libertad de expresión y de información.”

La sentencia le da una entidad especial a la libertad de expresión, la señala como derecho de rango especial, una “precondición del sistema democrático”, pone en negritas. Párrafos antes explica que para garantizarlo, el Estado puede intervenir en el mercado de medios de comunicación y para eso puede darse sus leyes. El Congreso, enfatiza, puede diseñar las leyes que crea conveniente. Y la Corte evalúa a la LdSCA como una buena herramienta para garantizar la llamada pluralidad de voces. Y dice que es una ley para todo el sistema de medios.

A la hora de informar, sin embargo, la Corte eligió enfatizar otras cosas. Apenas salió el fallo distribuyó un comunicado de prensa con un título bien aséptico: “La Corte declaró la constitucionalidad de la ley de medios”. Pero seguía con once líneas dedicadas a calmar a las “fieras”, alusivas a que “deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización” (si se demostrara un daño en otra instancia, en otro momento); a que esas y otras cuestiones se despejarán con la aplicación de la ley. En ese párrafo inicial, el comunicado supremo advertía que: “deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; la Afsca debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso”.

Todas estas consideraciones no forman parte de lo que se debatía jurídicamente. Fueron, en su mayoría, planteos que introdujo Clarín en escritos y en la audiencia pública, igual que ciertas acotaciones alusivas a dilemas y cuestiones tecnológicas. Sobre estas últimas la Corte dijo que no tiene por qué opinar. Pero sí consideró que podía comentar algo sobre la “aplicación”. En la jerga, estas acotaciones fuera de programa se llaman obiter dictum, y son sólo sugerencias de lo que debería ser sin ningún valor jurídico vinculante. En este fallo fueron la fórmula con que algunos de los jueces le dedicaron un guiño a Clarín y el poder económico. A la hora de comunicar, después, Lorenzetti procuró que esas premisas fueran las grandes protagonistas.

La cocina suprema

No está claro si es por una cuestión de edad, de hábitos palaciegos o por marcar distancias: el hecho es que algunos de los jueces de la Corte Suprema se tratan de “usted”, en especial cuando se reúnen los días martes. Así fue que en el plenario de mitad de octubre, Enrique Petracchi encaró a Lorenzetti: “Doctor –le gruñó–, esto hay que sacarlo”. No era el único que pensaba que el fallo ya no debía esperar. Petracchi integraría la mayoría pronta a avalar la constitucionalidad de la norma, junto con el propio Lorenzetti, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco. Más allá de que el tribunal suele evitar grandes fallos en época de campañas electorales, en este caso largamente postergado, la minoría (Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay) no quería sacarlo, para evitar una señal que sería muy favorable al oficialismo. En ese momento, todos los jueces supremos llegarían a la conclusión de que una nueva prórroga era lo mejor para todos, empezando por ellos mismos, y pusieron la fecha del 29 de octubre para fallar.

En aquel acuerdo de octubre Petracchi anunció que tenía su voto terminado. Lo entregó. Za-ffaroni, que ya tenía encaminado el suyo, tomaría después parte de sus fundamentos, varios tomados del derecho internacional y agregaría otros, teniendo en cuenta la “dimensión cultural”. A su entender, la importancia de la LdSCA como forma de preservación del pluralismo cultural frente a un proceso que hegemoniza la cultura a través de la “monopolización de los medios audiovisuales”.

Maqueda, hoy cercano a José Manuel de la Sota, y que en otros tiempos o temas votaba más a menudo con la mayoría, en este caso pateó más bien para el lado de Clarín. Es más, fue uno de los impulsores iniciales de la audiencia pública del 28 de agosto; quizá –murmuran algunos de sus colegas– pensaba que sería un boomerang para el Estado y resultó que quedaron claras las posiciones: quién defendía intereses económicos y quién defendía derechos amplios y colectivos. La audiencia fue ganancia pura para lo sociedad, que pudo ver esa puja clara como el agua. Maqueda, al final, quedó mucho más cerca de la posición de Argibay: ambos alegando que las licencias deberían durar hasta que caducan, sosteniendo un derecho adquirido, que la mayoría rechazó. Fayt dijo que todo lo que se debatía de la ley es inconstitucional, y Clarín no debe ceder nada. Durante los últimos acuerdos a los que asistió se la pasó rezongando: “¿En manos de quién está este país? ¿Quién nos gobierna?”.

En cuanto la Corte firmó el fallo con una mayoría que sostuvo que en Argentina hay una ley cuyos ejes antimonopólicos son una vía para habilitar el libre ejercicio de la libertad de expresión, un grupo de periodistas viajaba a la OEA para decir que, al contrario, en el país no hay libertad de prensa. Aunque la coincidencia temporal con la sentencia suprema fue casual, ambos hechos quedaron inevitablemente asociados. Para salir a hablar tras el fallo, Lorenzetti eligió el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, una de las que viajó a Estados Unidos a quejarse. Lo entrevistó, de todos modos, María O’Donnell. También salió en Infobae TV.

Lorenzetti repitió varias veces algunos conceptos. Ahí, por ejemplo, dijo que más que la ley lo que importa es la aplicación, una cuestión a la que Clarín se aferró de entrada, a punto tal que cuando el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, fue a la empresa a notificar la adecuación de oficio, le empezaron a recitar todos los puntos del obiter dictum y a exigir que dijera cómo iban garantizar que son un organismo “independiente”. Todo esto sin contar a los diputados PRO que fueron a pedirle a la Corte que suspenda su propia sentencia con el argumento de que del obiter se deduce que no está garantizada a libertad de expresión.

Lorenzetti también insistió en que puede quedar un largo camino de litigios por delante, para alivio de Clarín. También dijo que la Corte es la misma de siempre, y que él en lo personal siempre pensó igual. Usó muchas veces una frase pidiendo “tranquilidad”, en una apelación difusa que puede estar dedicada tanto al establishment mediático, a los inversores internacionales o a los trabajadores que temen por sus empleos. Tiene lógica que la Corte haya enfilado sus mensajes a amortiguar los posibles cascotazos de los grupos de poder. Tiene lógica que Lorenzetti, hasta ahora venerado y protegido por la mayoría de los medios, quiera cuidarse. Y que toda la Corte busque preservar la legitimidad construida. El resto ya está, el fallo está escrito y firmado, y engalanará el nombre de Lorenzetti y de todos los jueces que votaron con él en los libros de historia que vendrán. También es bueno tratar de llevarse una lectura del fallo y sus consecuencias tan amplia y valiosa como el fallo es.