Desde Brasil

Las acciones de los black blocs, definitivamente instalados en las manifestaciones que rutinariamente ocupan, desde hace al menos cuatro meses, las calles de San Pablo y Río de Janeiro, las dos mayores ciudades brasileñas, llaman cada vez más la atención de las autoridades que parecen divididas entre buscar un diálogo muy poco probable o la criminalización directa de los manifestantes. La cuestión central es cómo diferenciarlos de los vándalos, ya que invariablemente unos aparecen junto a los otros.

Por estos días, la presidenta Dilma Rousseff se manifestó en por lo menos dos ocasiones, criticando las acciones de vandalismo y violencia con que terminan las manifestaciones de protesta o reivindicación de cualquier cosa o contra cualquier cosa.

Reiterando que el derecho a manifestarse es soberano y será respetado, Dilma insistió en denunciar el vandalismo y la violencia. Contundente, clasificó a los bandos de enmascarados que destrozan todo lo que encuentran en su camino de “fascistas”.

Antes, refiriéndose a las imágenes hartamente exhibidas por la televisión, en que un coronel de la Policía Militar de San Pablo es agredido por unos diez enmascarados, dijo que eran “actos de barbarie”. El coronel agredido escapó, y por poco, de ser linchado. Uno de los enmascarados lo golpeó con una placa de metal, rompiéndole la clavícula derecha y abriéndole un tajo profundo en la cabeza. El coronel se había acercado a los black blocs con las manos en alto, advirtiendo que quería dialogar.

Tan poco usual como un policía militar dispuesto a dialogar –la truculencia exorbitada es la marca más característica de esa fuerza, tanto en Río como en San Pablo– ha sido la violencia con que fue agredido. Al no ser la primera ni la tercera vez que los black blocs, en osadía cada vez mayor, se lanzan al ataque contra las fuerzas de seguridad (antes, hubo soldados y oficiales de rango inferior agredidos en ambas ciudades), parece evidente que la escalada en los enfrentamientos amenaza con entrar en una espiral de difícil previsión.

Esta semana, el ministro de Justicia de Dilma, José Eduardo Cardozo, se reunió con los secretarios de Seguridad Pública de San Pablo, Fernando Grella, y de Río, José Mariano Beltrame. San Pablo tiene un gobernador de derecha, Geraldo Alckmin, hombre cercano al Opus Dei e integrante del PSDB, principal partido de oposición al PT de Dilma. Río tiene el gobernador con los peores índices de rechazo en todo el país, el de- sacreditado Sergio Cabral, del PMDB, principal aliado del PT de Dilma. Ni uno ni otro sabe qué rumbo tomar. Y el gobierno nacional tampoco.

Luego de reunirse con los dos responsables máximos por la seguridad pública en Río y San Pablo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, anunció medidas conjuntas para cohibir actos de destrucción y violencia desenfrenada en las manifestaciones en todo el país. ¿Cuáles medidas? Bueno, se estudiarán. ¿Para cuándo? En el menor plazo posible.

Serán creados los habituales y estériles grupos de trabajo, que examinarán posibilidades de endurecer la legislación actual en relación con actos de vandalismo y de ataques a policías. Grella, bien afinado con la línea del gobierno del cual hace parte el de San Pablo, defiende la urgencia en agravar las penas de condenados por agredir a miembros de la policía. Nada dijo sobre la actuación desmesurada de la misma policía no sobre, los agresivos black blocs, sino sobre profesores, estudiantes, periodistas, manifestantes o simples curiosos.

El secretario general de la Presidencia de la Nación, ministro Gilberto Carvalho, militante histórico del PT y muy cercano al ex presidente Lula da Silva, defiende que se busque alguna forma de diálogo con los black blocs. Dice que más allá de abrir frentes de negociación y diálogo con los manifestantes a cara limpia, es necesario buscar algún espacio de negociación con los enmascarados.

Pero la iniciativa inicial del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, va en otra dirección. Pretende “federalizar” las investigaciones contra los actos de vandalismo, y con eso despertó dudas y críticas de especialistas y estudiosos en movimientos populares y violencia urbana. Al fin y al cabo, lo que ocurre son actos locales, y la Policía Federal mal consigue obtener flacos resultados en sus atribuciones típicas, como el combate al narcotráfico o al tráfico de armas. También existe el temor de que, al intentar fortalecer las penas a crímenes de violencia, vandalismo y destrucción de propiedad pública y privada (que son las acciones de los black blocs), se criminalicen las manifestaciones en sí.

La verdad es que nadie sabe qué hacer para contener la violencia desmesurada que se esparció entre manifestantes pacíficos. Ni los que convocan las marchas saben cómo impedir que, de una hora a otra, aparezcan explosiones de violencia que nadie vio empezar. Por el lado de las fuerzas de seguridad, el panorama es igualmente turbio: adoctrinadas y acostumbradas a reprimir sin límites, no saben hacer otra cosa que golpear. Bueno, ahora, con la ira ilimitada de los black blocs, aprendieron rápidamente a retroceder.

Todo eso ocurre a unos ocho meses de que empiece el Mundial de Fútbol. Los gastos multimillonarios, el despilfarro generalizado de recursos públicos y los abusos mafiosos de la FIFA serán tema insoslayable de inevitables marchas multitudinarias. Para los black blocs, todo eso será como un palillo de fósforo en un tonel de gasolina. Para el gobierno, es una – otra más– pesadilla y en pleno año electoral.