Una joven, de 28 años, recibió distintas formas de maltrato en el Hospital Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue a la guardia con un aborto en curso. En violación a la legislación vigente y al deber de confidencialidad, una médica dio aviso a la policía, ante la presunción de que la interrupción del embarazo había sido provocada por la misma paciente. La joven fue trasladada a la comisaría 53ª de la Policía Federal, donde permaneció presa por 10 horas, cuando todavía sufría pérdidas. La actuación médica y judicial generó gran preocupación en la Defensoría General de la Nación, cuya titular, Stella Maris Martínez, comunicó los hechos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Y envió una nota a la ministra de Salud de la Ciudad y al director del Fernández, para advertirles que al denunciar a la paciente se violaron sus derechos –a la vida, a la salud, a la intimidad, entre otros– y a la vez se la sometió a violencia institucional y obstétrica, de acuerdo con los términos de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

En la DGN llamó la atención la falta de capacitación del personal de salud del Fernández y la ausencia de protocolos de actuación en la Ciudad que establezcan con toda claridad que el conocimiento de hechos posiblemente delictivos en el marco de la atención de un paciente quedan bajo el amparo del secreto profesional y que les está prohibido realizar la denuncia, tal como reafirmó la Corte Suprema de la Nación en el caso “Baldivieso”.

Página/12 consultó al Ministerio de Salud de la Ciudad, y una vocera informó que “los médicos están obligados a realizar la intervención policial” ante “la presunción o evidencia de maniobras abortivas”, por indicación “de la Dirección General Legal y Técnica” de esa cartera, una orden que llamativamente es contraria a las normativas vigentes.

El caso ocurrió cuatro meses atrás pero recién trascendió ahora. La joven concurrió a la guardia del Hospital Fernández el 29 de junio, alrededor de las 13.20, con un aborto en curso. La atendieron las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich. Ante la constatación de que el feto estaba muerto, se le practicó un parto, cerca de las 15, para expulsarlo. Pero frente a la presunción de que ella misma se había provocado la interrupción del embarazo, con pastillas, a la mañana siguiente, cuando empezó su turno laboral Rosana Elizabeth Bu-ffa, médica del área de Obstetricia del Fernández, resolvió denunciarla a la policía, según surge del expediente judicial. Tras ser alertada del caso, desde la comisaría 53ª se envió un móvil al hospital. Buffa dio de alta a la mujer para que fuera trasladada a la sede policial. Todavía no habían transcurrido 24 horas desde la intervención médica que provocara el parto.

La mujer contó a la defensora pública que la asistió que las médicas que la atendieron le hicieron comentarios condenatorios, culpabilizándola por lo sucedido y que le habrían indicado una dosis menor de medicación para el manejo del dolor, para que “sienta lo que hizo”, aunque luego la enfermera encargada le dio finalmente la dosis completa.

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, a cargo de Luis Alberto Zelaya. La orden de llevar detenida a la joven la habría dado el secretario del juzgado, Juan Sebastián Schabas Madueño, según declaró en el expediente la agente policial que se comunicó con el juzgado, desde el hospital.

Según constató la defensora oficial, una vez en la comisaría la joven fue llevada a una celda de pequeñas dimensiones donde permaneció detenida durante diez horas aproximadamente, en malas condiciones y todavía con pérdidas, momento en que el juez Zelaya dispuso su libertad. La causa penal iniciada contra la mujer terminó con la declaración de nulidad de todo lo actuado y con su sobreseimiento, “por haber tomado noticia del hecho perseguido a través de un medio probatorio ilícito”. En este sentido, el magistrado consideró que el secreto médico exige a los profesionales de la salud mantener la confidencialidad sobre la información obtenida a través del vínculo profesional con su paciente. Además, agregó que el inicio de actuaciones policiales sobre la base de la denuncia presentada por los médicos tratantes también vulnera el derecho constitucional a la no autoincriminación. El fallo fue firmado el 16 de agosto. La Defensoría General de la Nación, que asistió a la joven, emitió un dictamen sobre el caso y concluyó que ese sobreseimiento “no repara las distintas violaciones de derechos humanos a las que fue sujeta ni es en sí mismo una garantía de no repetición”.

En una nota enviada días atrás, la defensora general de la Nación describió los hechos tanto al director del hospital como a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud. Y les manifestó su preocupación por la actuación de las profesionales de la salud del Fernández frente a una paciente con un aborto en curso. También dio cuenta de la legislación vigente y precisó que cuando un médico, sea funcionario público o no, realiza una denuncia por hechos que conocen bajo el amparo del secreto médico, vulnera derechos contemplados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, con rango constitucional, entre ellos los derechos a la vida, a la dignidad, a la intimidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y la prohibición contra la autoincriminación. La DGN notificó también del caso a la Cámara del Crimen y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, cuestionando la actuación judicial que habilitó el traslado y la detención de la paciente, sin tener en cuenta un fallo de la Corte Suprema sobre el tema (ver aparte).