El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo ayer públicamente por primera vez que está disconforme con la versión del Código Civil y Comercial unificado que se votó en el Senado, y que diferenció del proyecto elaborado por la comisión de especialistas que él lideró, integrada también por su colega suprema Elena Highton de Nolasco y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. “El Poder Ejecutivo ha hecho modificaciones y el Congreso también está haciendo lo suyo. Ahí nosotros damos un paso al costado”, sostuvo el juez al conversar con periodistas en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. En el discurso que Lorenzetti brindó en ese evento pidió por “un clima de negocios previsible” y “mantener un sistema de reglas estables”. Dijo que la Corte siempre fue “inclaudicable” en la defensa de la seguridad jurídica, en lo que fue interpretado como un intento de tranquilizar a los empresarios inquietos por los efectos del fallo que avaló la ley de medios.

“Básicamente lo que hay es una discusión sobre 120 modificaciones menores (al proyecto de Código unificado) y luego algunas de importancia, como el régimen de obligaciones de dar sumas de dinero, donde nosotros propusimos un régimen de convertibilidad agregando pautas claras, pero el Ejecutivo prefirió volver al régimen anterior, en donde el deudor que contrata en moneda extranjera puede devolver el dinero en moneda del exterior o no”, precisó Lorenzetti. “Con respecto a la responsabilidad del Estado en materia civil, sucedió algo similar.” El proyecto de la comisión incluía la regulación de la responsabilidad civil del Estado cuando tiene que reparar daños. Pero el Frente para la Victoria elaboró un proyecto para que la responsabilidad estatal esté sujeta a una ley aparte. “No estamos de acuerdo, pero debemos respetar lo que diga el Congreso”, dijo el juez. Uno de los cambios más polémicos introducidos al texto original de la comisión –al que Lorenzetti no se refirió ayer– afectó la redacción del artículo 19, que establecía que la vida comienza con la implantación del embrión en el seno materno, pero se volvió a la tradicional interpretación que sostiene que comienza con la concepción. También –entre otras cosas– eliminó y quedó fuera del texto la función social de la propiedad, que preveía una herramienta jurídica para mejorar el acceso al suelo, al territorio y a la vivienda a familias pobres, en ciudades y en zonas rurales.

El discurso que dio Lorenzetti ante unas 300 personas del mundo de los negocios en el almuerzo del Cicyp –un agrupamiento que encabeza el titular de la Corporación América, Eduardo Eurnekian– en el Hotel Alvear, se orientó en buena medida al fallo sobre la ley de medios, cuya validez íntegra fue reconocida por la Corte Suprema. El alto tribunal, dijo Lorenzetti, “no sólo dicta sentencias” sino que busca “previsibilidad de reglas en los negocios para saber hacia dónde vamos”. La idea de “seguridad jurídica”, que introdujo como tema central, “sólo puede pensarse si hay tribunales independientes”. Hacen falta “reglas estables –insistió– y no este cambio pendular que ha sido la historia argentina”, y aclaró que no se refería a ningún gobierno en particular.

“Nadie mejor que ustedes –apeló a los empresarios– para saber que la incertidumbre forma parte de nuestra vida cotidiana.” “Vivimos en el cambio, pero lo importante es saber a dónde ir. Lo peor es estar cambiando todo el tiempo sin saber a dónde vamos. La gente en el campo se guía por las estrellas, que para nosotros son los principios. Esto nos resulta tan difícil a los argentinos, tan costoso...”, se quejó. Pidió soluciones estructurales y, como suele decir, “políticas de Estado” para abordar “la pobreza extrema que tiene que ver con la inseguridad” y se refirió al problema de la droga.

Al hablar puntualmente de la ley de medios, Lorenzetti sostuvo que “la Corte no cambió su posición en materia jurídica”. “Acá el Congreso tiene derecho a cambiar leyes y si yo dijera lo contrario no sería propio de un sistema democrático. Después están las implicancias en derechos individuales. Y en ese sentido, no es lo mismo una licencia que una concesión o un contrato administrativo”, afirmó. La desinversión exigida a Clarín no se podría aplicar en el caso “de una concesión o de un contrato administrativo o en otros mercados, porque el mercado de medios tiene sus propias particularidades”. “No hemos cambiado en materia de previsibilidad”, repitió varias veces en su discurso, mientras los asistentes saboreaban lomo al champiñón con papas.