Oficialistas y opositores prometen un año parlamentario agitado, pero con agendas diferentes. El Gobierno tomó la iniciativa con una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero con sus prioridades: el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, esbozó su intención de enviar al Congreso una reforma al Código Aduanero, a lo que se sumarían los temas pendientes de las extraordinarias de diciembre, como el surgido tras el levantamiento policial en varias provincias que abrieron paso a los saqueos de diciembre y que prevé sanciones económicas y disciplinarias para los miembros de las fuerzas de seguridad que “abandonen” sus tareas. La oposición recurrirá a su temario más taquillero: “Inflación, seguridad y narcotráfico”, aunque los posicionamientos para las presidenciales de 2015 dividen aguas y estrategias entre sus referentes. En el medio estará la reforma y unificación de los código Civil y Comercial, que ya tiene media sanción del Senado, y llegará al Parlamento la reforma al Código Penal, dos de las 272 metas que se trazó el Gobierno para 2014 entre otras tantas que también deberán pasar por el Congreso para su aprobación.

El retorno de la actividad parlamentaria está previsto para mediados de febrero. Al menos así se lo propuso el Frente para la Victoria, que despidió en diciembre a su propia tropa y la de sus aliados más fieles con fecha de regreso: las primeras semanas de febrero. Desde el Gobierno ya le habían anticipado la intención de volver a convocar a sesiones extraordinarias durante el receso legislativo. En tanto, la Jefatura de Gabinete prepara el temario que enviará al Congreso.

Capitanich anunció la convocatoria a extraordinarias en febrero y unos de los posibles puntos del temario: la reforma al Código Aduanero. Aunque el jefe de Gabinete no dio precisiones, adelantó que la intención de la iniciativa será “potenciar el aprovechamiento de los puertos” y “reducir costos”. Tampoco adelantó el resto de la agenda, que dependerá de las prioridades del Ejecutivo para los primeros meses del año, entre las cuales podría figurar algunas de las metas que se fijó para 2014.

Se descarta que también incluiría la ampliación del temario que realizó para las extraordinarias de diciembre y que quedaron pendientes de tratamiento, como la reforma del artículo 252 del Código Penal, que incorpora penas específicas para los miembros de “las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que tuvieren a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio”. Una iniciativa del senador Aníbal Fernández con la que el Gobierno busca ponerles límite a los levantamientos policiales “extorsivos” por demandas salariales. Aunque desde algunos sectores de la oposición, como Unidad Popular, insistirán en su propuesta de sindicalización policial.

Además se trataría la creación de tres nuevas universidades nacionales: el paso de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo al Ministerio de Justicia con el nombre de Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo; la creación de la Universidad de Defensa Nacional; y la transformación del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) en Universidad Nacional de las Artes (UNA).

También está pendiente la aprobación del Digesto Jurídico, que ya tiene media sanción de Diputados. Una iniciativa que la reforma constitucional del ’94 dejó en manos del Congreso para depurar la legislación vigente desde 1852 y que redujo a sólo el 10 por ciento las 32 mil normas dictadas desde entonces. Esa es otra de las “metas” del Gobierno.

En las extraordinarias debutarán las nuevas conformaciones y las presidencias de las comisiones legislativas tras el recambio parlamentario del 10 de diciembre. La lista incluye las 45 comisiones permanentes, 7 bicamerales y 16 especiales que tiene Diputados, y las 26 permanentes y 7 bicamerales en que se divide el Senado. Allí, el oficialismo aspira a ampliar su influencia como primera minoría legislativa, mientras que los distintos frentes opositores pujan por lugares estratégicos en el “reparto proporcional” que agilicen sus propios proyectos parlamentarios. De todas maneras, el oficialismo y sus aliados cuentan con mayoría y un ajustado quórum propio para imponer sus proyectos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encargará de abrir el 1º de marzo las sesiones ordinarias del Congreso. Ahí, seguramente expondrá sobre los “objetivos” y “las metas” que adelantó la Jefatura de Gabinete, muchas de las cuales deberán pasar por el Congreso. Una extensa lista en la que figuran la unificación del nuevo Código Civil, que tiene media sanción del Senado pero que todavía provoca cierta resistencia entre los diputados kirchneristas por las modificaciones concedidas a la Iglesia Católica. De aprobarse sin modificaciones, el oficialismo también debería avanzar en leyes complementarias como la responsabilidad civil del Estado, que fue separado del texto original del proyecto del nuevo Código, así como la protección de embriones no implantados para utilizarlos en tratamientos de fertilización asistida.

Entre otras de las “metas” que deberán pasar por el Parlamento para convertirse en ley figura el nuevo Código Penal que el Ejecutivo enviará al Congreso tras revisar el texto original que redactó una comisión de juristas de distintas orientaciones ideológicas –Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, María Elena Barbagelata y León Arslanian– y que presidió el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Además del primer Código Contencioso Administrativo nacional, la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal y proyectos de legislación laboral para “colectivos vulnerables” como trabajadores a domicilio y teletrabajadores.

Del otro lado

La oposición, en tanto, propone otra agenda legislativa que apunta a los flancos que deja el Gobierno sobre ciertos temas. Los distintos bloques opositores insistirán en temas como “inflación, seguridad y narcotráfico” y en la que no faltarán cuestionamientos por la crisis desatada por las empresas de distribución de energía eléctrica. Además de distintas propuestas sociales como el 82 por ciento móvil a los jubilados y pensionados o institucionales que contemplen “mayores controles sobre los actos de Gobierno y sus funcionarios”. De todas maneras, las miradas y propuestas diferentes hacen difícil la posibilidad de confluir en proyectos comunes, que en minoría frente al oficialismo no podrían imponer y necesitan de acuerdos para tener chances de prosperar en el recinto de sesiones.

El posicionamiento con miras a las elecciones presidenciales de 2015 también conspira contra la unidad opositora. La UCR, el FAP y la CC acordaron unificar “equipos técnicos” para elaborar proyectos comunes y mostrarse como la principal fuerza opositora por encima del massista Frente Renovador, mientras que el macrismo buscará su propio perfil legislativo. Por ahora, cada uno de los grandes agrupamientos parlamentarios conformados detrás de un proyecto presidencial prepara por separado sus propias iniciativas para confrontar con el Gobierno, como parte de sus promesas de campaña.

No son pocos los legisladores oficialistas y opositores que tienen la mira puesta en proyectos que cruzan transversalmente y dividen a todos los bloques legislativos, lo que quita posibilidades de avanzar en el Congreso pero sobre los que se insiste –por la importancia de las decisiones personales– después de cada recambio legislativo y que tiene dos ejes: la despenalización del aborto y del consumo personal de estupefacientes y drogas prohibidas, como la marihuana.