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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descartó ayer la posibilidad de un eventual nuevo conflicto policial en las provincias, ante la decisión de algunos gobernadores de no pagar los incrementos salariales, que en varios casos llegaban al 50 por ciento, acordados en diciembre pasado mientras se registraban acuartelamientos y saqueos en diversas ciudades. Al respecto, sostuvo que los gobernadores están “ejecutando con responsabilidad” los pagos previstos en sus jurisdicciones.

La situación salarial de los policías “está debidamente encauzada (por los gobernadores) con una estrategia que es coherente con la capacidad de pago y con la política salarial”, manifestó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, luego de que se difundiera cierto malestar en las filas de algunas fuerzas de seguridad provinciales ante la marcha atrás de los convenios de diciembre.

Las provincias que no harán efectivo el pago de incrementos de sueldos a las fuerzas de seguridad son, hasta el momento, Chaco y Entre Ríos. Se estima que otros distritos podrían sumarse a la medida debido a que los acuerdos se hicieron bajo presión, en un momento de alta conflictividad social. El gobierno entrerriano, encabezado por Sergio Urribarri, apoyó la decisión del procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, quien consideró que el acuerdo es “nulo e ilegítimo” por haberse “arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición”. A pesar de anularse el incremento a 8434 pesos de bolsillo, aseguran que la fuerza tendría un aumento, pero determinado por el gobierno provincial sin acuerdo entre las partes.

De tal modo, Urribarri habría seguido los pasos de su par chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el primero en dar marcha atrás a lo pactado con la policía. “Yo hice la denuncia en la Procuración y en la Justicia para que se investiguen los hechos (la revuelta policial). Hay más de 300 personas citadas por los acontecimientos”, señaló Bacileff Ivanoff y añadió que “la mayoría de los que protestaron eran suboficiales y puede que sean imputados por delitos de sedición”. En tanto, Capitanich, ex gobernador de esa provincia, aseveró que “en el Chaco cualquier acuerdo firmado bajo presión de armas es nulo, dice la Constitución”.

Por su parte, el gobernador de Misiones, Maurice Closs, aclaró ayer que no tomó la “decisión de dar vuelta atrás con ninguno de los acuerdos alcanzados con la fuerza de seguridad”, aunque sí decidió cancelar el cobro de la polémica tasa de 99 centavos a la producción de yerba mate, creada para afrontar los aumentos a la policía. Closs aclaró que cambió de postura debido a que la medida había generado “en el sector primario mucha tensión, problemas y malestar”, pero dijo que cumplió con lo acordado y pagó los sueldos el 31 de diciembre.