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El escrache sufrido por el ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez no fue delito. Así lo estableció el fiscal Eduardo Freiler al desestimar la denuncia que había realizado ese juez contra los manifestantes que se congregaron el viernes pasado frente a su domicilio para repudiarlo. Vázquez los había acusado de haber incurrido en los delitos de “amenazas” y “privación ilegal de la libertad” en su perjuicio. “No debe soslayarse que un interés ciego en la fría letra de la ley, antepuesto a los intereses de sus destinatarios (el pueblo), llevaría a enrostrar reproches penales a los manifestantes de la Plaza de Mayo del 20 de diciembre de 2001, por lograr mediante una reunión ilegal de una muchedumbre (imperaba un estado de sitio) que un ciudadano no cumpla con el mandato constitucional y popular de gobernar el país”, escribió Freiler.
El fiscal citó, además, fragmentos de la columna del constitucionalista Héctor Masnatta publicada el 15 de febrero en Página/12, en la que fundamentó la necesidad de que la “metodología piquetera” no sea sancionada penalmente.
Aunque descartó la parte sustancial de la denuncia de Vázquez, el fiscal consideró que sí es necesario investigar el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del personal policial “no identificado” que participó del hecho y del secretario de Seguridad, Juan José Alvarez. Freiler pidió a Oyarbide que el presidente de la Corte Suprema Julio Nazareno y el ministro del Interior Rodolfo Gabrielli informen “la cantidad de efectivos de seguridad que tiene asignado el denunciante y su grupo familiar, ya sea en calidad de guardaespaldas, choferes y custodias personales y domiciliarias”. Y sugirió que “de inmediato se dote a los miembros de la Corte Suprema de la suficiente cantidad de efectivos necesarios para garantizar su integridad física”.
Vázquez había denunciado que el viernes pasado a la noche no pudo salir de su domicilio porque un grupo de entre 20 y 30 personas bloqueaba el acceso de su casa “profiriendo amenazas e insultos en su contra, con un exacerbado grado de agresividad”. El juez de la Corte aseguró en esa oportunidad que no se trató de una manifestación derivada de las protestas contra el máximo tribunal que se vienen desarrollando frente a Tribunales sino que se habría dado en coincidencia con la presentación efectuada por su abogado defensor en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. “Fue un grupo organizado, con consignas prefijadas y provisión de pintura en aerosoles”, describió. Y aseguró que llamó a la Policía Federal para que despejara el acceso a su domicilio, pero no tuvo respuesta.
Sobre las supuestas amenazas que Vázquez dice haber recibido, el fiscal consideró que “en ningún momento precisó el tenor de las mismas ni el alcance o proyección que ellas habrían tenido” sobre su persona. Y en cuanto a la denuncia por privación ilegal de la libertad, Freiler expuso que “no parece que (los manifestantes) se dispusieran a impedir la salida” de Vázquez de su domicilio, “excepto que conocieran que se aprestaba a salir a las 11.30”.