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El Diálogo Argentino cerró ayer su primera fase de un mes y medio de trabajo entregando un documento al presidente Eduardo Duhalde, con un balance de lo actuado y propuestas en el terreno socio-laboral-productivo, educación, salud, justicia y reforma política, acciones que ahora deberán implementarse a través de los diferentes poderes del Estado. En el largo documento, de trece carillas, se subraya la gravedad del momento argentino que sintetiza en “una profunda crisis de legitimidad de las instituciones, especialmente de las políticas, cuatro años de recesión, creciente desempleo y aumento de la pobreza, la indigencia y la exclusión social”. La respuesta “más urgente y necesaria frente a esta situación es la lucha contra la pobreza” para lo cual se necesitan “actos concretos, aportes y renunciamientos”, para lo cual “nos une la inclaudicable tarea de abolir privilegios y prebendas”, señala el texto.
El documento, que incluye también anexos con las conclusiones de las diferentes mesas de trabajo que funcionaron en las últimas semanas, aterriza en propuestas que surgen de los acuerdos tomados por los participantes y que “la Mesa del Diálogo Argentino espera que (...) sean instrumentados con urgencia a través de las medidas correspondientes en los ámbitos de los Poderes Ejecutivos, Legislativos, Judiciales, y los poderes descentralizados que correspondan”.
Bajo el significativo título de “Construir la transición” se demanda “una toma de conciencia de parte de la ciudadanía y, en primer lugar, de los poderes del Estado y de los gobiernos provinciales, que vivimos una etapa de transición cuyo objetivo central es preservar la institucionalidad, reconstruir la paz social y dar respuestas concretas a los problemas que plantea la sociedad argentina”. En el mismo sentido se afirma que “construir entre todos la transición y darle una base lo más amplia posible contribuirá a alejar el riesgo de la anarquía y a allanar el camino de fortalecimiento pleno de la vida democrática”.
Del encuentro con Duhalde participaron los obispos Artemio Staffolani, Jorge Casaretto y Juan Carlos Maccarone y el representante del PNUD, embajador Carmelo Angulo. El texto entregado al Presidente ratifica la “potencialidad” del Diálogo Argentino “como un instrumento inédito y eficaz para este tiempo de transición” y se presenta, de manera concreta, como “una contribución a la formulación de políticas públicas, como verdaderas políticas de Estado, con amplio apoyo ciudadano, para éste y otros gobiernos”. Los principales artífices de la iniciativa de Diálogo se muestran en general satisfechos con los resultados alcanzados hasta el momento, en particular porque –señalan– se pudo arribar a propuestas concretas cuya implementación corresponderá a los diferentes poderes del Estado.
En otra parte de la declaración, muchas de cuyas sugerencias serán seguramente retomadas por Eduardo Duhalde en el mensaje de hoy al Congreso (ver asimismo página 7), se dice que “quebrada la solidaridad, prevalece la desconfianza y la conciencia de la gravedad de la crisis no parece bastar para que se modifiquen criterios y comportamientos que condujeron a esta crisis”. En el mismo sentido se agrega que “la falta de asunción de la propia responsabilidad, mayúscula en el caso de la dirigencia, conduce a la culpabilización del otro sin una paralela consideración de las propias falencias”.
La mesa socio/laboral/productiva fue la que más avances concretos produjo y decidió institucionalizar el diálogo social mediante la creación de un Consejo Económico y Social. Entre las propuestas para combatir la pobreza y la desocupación se planteó a la necesidad de universalizar las prestaciones por desempleo y la ampliación del seguro de desempleo, la extensión de la cobertura de seguridad social a los grupos no protegidos (como trabajadores rurales) y a los mayores de 75 años que carezcan de ingresos, preservar el empleo, abolir las jubilaciones de privilegio, la generación de mecanismos para crear empleo “mediante proyectos de altoimpacto ocupacional”, promover la reactivación de la micro empresas y de las Pymes, preservar el empleo en situaciones de crisis empresaria y la exigencia de que todas las empresas que reciban beneficios del Estado, como contraparte deberán conservar el nivel de empleo y “blanquear” integralmente a los trabajadores.
En materia de educación se pidió, entre otros puntos, proponer la jerarquización de la formación docente y la articulación con las universidades, programas que aseguren “la terminalidad de la educación de adultos” y la articulación entre educación y trabajo. Otros pedidos apuntan a que se creen tarifas especiales de servicios (energía, gas y agua) para las escuelas, que el sector alimentario aporte a “valor costo” productos esenciales de la dieta básica para comedores escolares y que las empresas telefónicas y de comunicaciones aseguren “amplia conectividad y servicios telefónicos más accesibles para las escuelas”.