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Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

“En nombre de los 30 mil desaparecidos, de los miles de presos políticos, de los muchos exiliados en el exterior y de los que se exiliaron dentro del país le pedimos a este Senado que anule las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, concluyó Alba Lanzilotto de Abuelas de Plaza de Mayo. Así finalizaba una ronda de definiciones en la que las entidades le arrancaron a los senadores de los bloques mayoritarios el compromiso de llevar hoy el tema al recinto. Por las dudas, el titular del cuerpo, Daniel Scioli, relativizando sus críticas de la semana pasada, adelantó que en el Senado “hay varias posiciones sobre la validez jurídica de la anulación de las leyes pero eso no implica estar en contra de la verdad y la justicia”.
La definición no pareció una excusa sino un sinceramiento de los debates que por estas horas ocurren dentro de la bancada oficialista. Scioli apareció acompañado por el radical Carlos Maestro, el titular de la bancada justicialista, Miguel Angel Pichetto, el riojano Jorge Yoma, el bonaerense Antonio Cafiero y la entrerriana Graciela Bar.
“Más allá de lo que opine la Corte Suprema, estas cámaras legislativas que sancionaron leyes que nunca debieron haber sancionado, escuchen la voz del pueblo y anulen estas leyes que impiden que haya Justicia y Verdad”, señaló Mabel Gutiérrez, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. La mención de Verdad y Justicia se utilizó repetidamente para referirse a los dichos de Néstor Kirchner.
De uno en uno los distintos miembros de los organismos fueron haciendo uso de la palabra y cada uno a su modo fue insistiendo con el reclamo. Luego de recordarles a los senadores que se estaba hablando de “crímenes horrendos que ofenden a la humanidad”, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora remarcó que “nunca pedimos venganza, siempre insistimos con el pedido de justicia”. El encuentro recién comenzaba y las definiciones de las entidades no dejaban mucho margen para las negociaciones que suele dominar la práctica parlamentaria.
Así fue que Pichetto adelantó que dentro del PJ “había una gran mayoría de senadores dispuestos a votar por la anulación de las leyes”. Claro que también comentó que la posición final de su bancada se tomará durante la mañana de hoy cuando el bloque se reúna. En principio, la anulación de las leyes de impunidad no fue incluida en la agenda parlamentaria. Por lo que para que se debata necesita contar con el consentimiento de los dos tercios de los presentes. Así lo recordó Pichetto. Por cierto que esto trasladaba la responsabilidad a la UCR. Maestro devolvió la jugada y se comprometió a bajar al recinto y hasta a dar los votos necesarios si es que el PJ lo planteaba para habilitar la discusión. A esa altura Pichetto aclaró que se había comprometido con Maestro “para que el tema no sufriera ninguna dilación”.
Que Maestro haya adelantado la voluntad de facilitar el tratamiento sobre tablas no significa más que eso y él mismo se sintió obligado a aclararlo: “Entre los radicales hay una posición bastante firme de considerar inválido lo que se votó en Diputados, ya que no es facultad del Congreso anular leyes”.
Por cierto que la mención no pasó inadvertida y la mayoría de los representantes de las entidades defensoras de los derechos humanos volvieron a la carga. “No se trata de anular o no dos leyes domésticas. Se trata de leyes con trascendencia internacional”, recordó Rodolfo Yanzón de la Liga por los Derechos del Hombre. La posición de Maestro había sido tan cruda que el riojano Jorge Yoma se vio obligado a intervenir “para que no se lleven solamente las dudas que tienen algunos senadores”. Yoma adelantó su posición y sostuvo que “no violamos ninguna ley si anulamos leyes que en aquel momento le fueron extraídas al Congreso por una presión golpista”. Luego Cafiero también planteó sus dudas en voz alta al afirmarque “no quiere votar nada que vaya en contra de la Constitución”. Las posiciones quedaron planteadas. Al finalizar el encuentro, varios legisladores oficialistas se acercaron al despacho de Pichetto para contar los votos propios. Los necesarios para anular las leyes y evitarle un traspié al Gobierno.