El proyecto de “ley de convivencia en las manifestaciones públicas” presentado esta semana por legisladores del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados sigue partiendo aguas en filas del oficialismo y de la oposición, donde ha despertado críticas por igual. En respuesta, Carlos Kunkel, uno de los propulsores de la iniciativa, volvió a defenderla, sosteniendo que el texto “amplía derechos” en lugar de restringirlos, y manifestó que está dispuesto a debatir modificaciones, porque pretende que sea aprobado “por consenso” y no usando la mayoría de la que dispone el kirchnerismo en ambas cámaras.

“Nos parece que están dadas las condiciones para que, dejando vigente el derecho a manifestarse y expresarse en la vía pública, también se garantice otro derecho bastante menoscabado en los últimos tiempos como el de la libre circulación de aquellos que no participan en el reclamo”, dijo Kunkel, asumiendo la defensa del proyecto redactado por su compañero de bancada Juan Manuel Pedrini. “Estamos dispuestos a discutir cada una de las palabras que integran el proyecto –completó–. pero no busquen aspectos secundarios, sino los temas centrales.”

En el mismo sentido opinó otro diputado del FpV, Daniel Tomas, para quien con la ley “no se trata de prohibir las expresiones como dicen algunos, sino de lograr que las protestas se hagan, pero al mismo tiempo procurar que no se afecten los derechos constitucionales de las demás personas, como por ejemplo a transitar o ir a trabajar”. El sanjuanino se expresó a favor de “establecer un punto de convivencia de la sociedad, donde todo se pueda hacer, tanto la expresión pública, como los derechos de los demás que no están involucrados”.

Sin embargo, en las filas del kirchnerismo el apoyo no es unánime. A las críticas explícitas que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se sumaron dirigentes de espacios que forman parte de Unidos y Organizados, como el referente de Miles, Luis D’Elía. El dirigente territorial criticó que Pedrini no haya convocado a los movimientos sociales para discutir el proyecto: “Se cortó por la libre y nos genera públicamente un debate que tendríamos que haber tenido puertas adentro”, explicó.

Un día antes, el CELS se había expresado respecto de la iniciativa, a la que calificó como “preocupante” y “un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años”; en particular porque prevé “clasificar ciertas protestas como ilegítimas, exigir la notificación previa a la policía y establecer plazos exiguos para la mediación”, buscando ampliar el derecho del Estado frente a la protesta.

Entre las filas de la oposición, el texto fue bien recibido en el PRO, donde celebraron la iniciativa, tal como manifestó públicamente la vicejefa de Gobierno porteño y precandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien pidió “penas claras” para quienes violen la nueva norma. Por su parte, el diputado de esa fuerza Federico Pinedo reclamó mejorar el texto y “definir qué es legítimo y qué es ilegítimo” con más claridad.

Por el contrario, el mandatario cordobés José Manuel de la Sota sostuvo que “no hace falta” una regla así ya que las protestas “se pueden controlar con las leyes vigentes”, mientras que el vicepresidente del bloque radical de la cámara de Diputados, Miguel Bazze, dijo que “el Gobierno en lugar de preocuparse tanto por prohibir las manifestaciones sociales debería abocarse a tratar de resolver los problemas que en muchos casos las generan.”