La situación legislativa de los derechos humanos mejoró en los últimos años a nivel nacional, pero estos avances no fueron acompañados de la misma forma por las legislaciones de las provincias. Esa es la conclusión principal del anteproyecto de informe anual elaborado por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados y que próximamente será presentado como proyecto en el Congreso para buscar su aprobación. El relevamiento muestra, entre otras cosas, normas contradictorias o yuxtapuestas, lagunas legales y resabios de la Doctrina de Seguridad Nacional implementada por las últimas dos dictaduras, según explicó el presidente de la comisión, Remo Carlotto.

“Esto es el resultado de un trabajo que hicimos desde la comisión para tomar contacto y relacionarnos con las legislaturas provinciales, en principio por crímenes de lesa humanidad, pero también por temas más acuciantes como la violencia institucional”, puntualizó el diputado.

El informe sobre la situación legislativa de los derechos humanos en el país fue elaborado en el marco de la Ley 25.391, que ordena la realización de este tipo de trabajo. Está centrado exclusivamente en las normas sancionadas por órganos legislativos y en informes de distintos ministerios, y otros presentados ante órganos internacionales de derechos humanos.

Entre marzo y agosto de 2013, Carlotto y su equipo trabajaron en la realización de este anteproyecto, para lo que se solicitó informes a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las provincias. La mayoría de las jurisdicciones no respondió al pedido, aunque de todas formas la ley las invita pero no las obliga a colaborar.

Mendoza envió los datos de acuerdo a los temas mencionados en la norma, mientras que Chaco, Corrientes, Santa Fe y Misiones remitieron la información sobre gestión de gobierno en materia de derechos humanos y textos de leyes relacionadas con la temática. La información de Neuquén, que llegó tras el cierre del relevamiento, será insertada en el próximo informe.

“Encontramos legislaciones contradictorias entre sí o yuxtaposición de normas. Es un tema a trabajar, sin querer intervenir sobre las legislaturas provinciales, pero creemos que hay un punto central para la construcción de las políticas públicas”, relató Carlotto sobre el trabajo realizado.

En ese sentido, para el diputado, la primera evaluación es que “a nivel de legislación nacional, Argentina ha tenido un enorme avance en materia de derechos humanos, pero ese cumplimiento no se da de la misma manera en cada una de las provincias”.

El documento también se realizó con la intención de tener un primer relevamiento a nivel nacional en materia de derechos humanos para “producir estándares federales” a través de la sanción, derogación o modificación de algunas leyes. Un ejemplo son las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad. “Estamos con legislaciones de dictaduras donde se ve plasmada la idea de la Doctrina de Seguridad Nacional. Allí vemos con preocupación la figura del subversivo, por ejemplo. Esa situación debe ser modificada”, enfatizó el diputado.

El informe consta de cinco capítulos: releva la situación en materia de políticas de seguridad y Justicia, del sistema penitenciario, la vigencia de los derechos políticos, la libertad de expresión, de sectores como mujer, niñez y adolescencia, pueblos originarios, adultos mayores y personas con discapacidades, además de un capítulo dedicado a memoria, verdad y justicia, sobre desaparecidos, sustracción de menores y reparación a las víctimas de la dictadura militar.

Carlotto aseguró que en el capítulo sobre los derechos ciudadanos y la situación de seguridad, de Justicia y el ámbito penal, que considera el más importante, el informe remarca “dos ejes preocupantes”. Uno de ellos es sobre las normativas establecidas en los códigos contravencionales de las provincias, sobre todo vinculadas a detenciones arbitrarias por “averiguación de antecedentes” o “situación de merodeo”. “Esto tiene características de estigmatización sobre todo en los sectores más vulnerables, fundamentalmente en los jóvenes pobres”, cuestionó Carlotto. El informe advierte sobre los Códigos Contravencionales como “verdaderos nichos de prácticas y conceptos de contenido discriminatorio relativos al género, la infancia, la salud mental, la pobreza, la libertad y la seguridad”. También pone en cuestión conceptos “de una extraordinaria opacidad” como “alteración al orden público”, la “moral pública” o “las buenas costumbres” que dan lugar a una “amplia discrecionalidad policial”.

A partir de ahora, uno de los caminos será la búsqueda de la aprobación del informe por parte del Congreso. Además, se intentarán algunas modificaciones, debido a que la ley que dio origen a este trabajo plantea temas de manera anticuada. Los derechos relacionados con trata de personas o con el medio ambiente, por ejemplo, no están considerados en el proyecto original.

En esa línea, el informe sostiene que es necesario poner en debate “una visión integradora de los derechos humanos” que se aleje de un modelo que entiende a los derechos como de primera, segunda o tercera generación. “Creemos que hay una interrelación de derechos, más allá de que esa coincidencia de definiciones existe, hay una interacción entre todos”, agregó el diputado. El titular de la comisión de derechos humanos de la Cámara baja señaló que van a llevar el informe a las legislaturas provinciales para “generar modificaciones sobre estos resabios”. También se buscará observar estas experiencias para “ver la política de derechos humanos no sólo como una política de denuncia sobre carencias o ausencias del Estado, sino como una agenda positiva de construcción de políticas públicas”.

Informe: Aldana Vales.