Un fiscal federal de Jujuy, Domingo Batule, enfrenta desde ayer un juicio político emblemático: está acusado de haber dado protección a tres jueces y un secretario implicados en maniobras para entorpecer el allanamiento y la detención de un represor en una causa por crímenes de lesa humanidad. Batule debía investigarlos, pero elaboró argumentos para desistir. El año pasado fue suspendido para ser juzgado por mal desempeño. En el primer día de audiencias se presentó con el abogado y ex fiscal Pablo Lanusse (enrolado en el equipo de Sergio Massa), quien lo primero que pidió fue una prórroga para evaluar la prueba documental. El Tribunal de Enjuiciamiento de la procuración le contestará hoy.

La historia empieza en marzo de 2010, cuando un juez de Bahía Blanca ordenó el allanamiento y la detención del coronel retirado Alejandro Osvaldo Marjanov, imputado (y finalmente condenado el año pasado a prisión perpetua) por secuestros, torturas y homicidios en el área del V Cuerpo del Ejército. Marjanov vivía en Jujuy con su esposa, hermana de un integrante de la Cámara Federal de Salta, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas. Este juez no tenía ninguna conexión con la causa de Bahía Blanca, excepto que estaba involucrado su cuñado, y se enteró por otro juez, Carlos Olivera Pastor, de que lo estaban por detener y allanar. Rabbi Baldi no guardó reserva del dato, sino que se comunicó con el policía que tenía que hacer el procedimiento y, tras invocar su cargo de camarista, le pidió “que se haga con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”. Cuando llegó la policía sólo estaba en la vivienda otra hermana de Rabbi Baldi, quien al abrir la puerta les dijo a los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que “los estaba esperando”.

El allanamiento fue fallido, lo que parecía previsible teniendo en cuenta que la orden había sido librada casi dos semanas antes. ¿Por qué no se concretaba? Primero se excusó un juez, Wenceslao Cardozo, por violencia moral, pero la demora vino cuando asumió como juez ad hoc el abogado Guillermo Najar, quien le dijo al secretario Juan González Prada que ya iba para el juzgado, pero tardó nueve días en aparecer. Recién ahí se excusó. Así las cosas, los fiscales que actuaban en Bahía Blanca y que habían pedido la medida, Abel Córdoba y Antonio Castaño, terminaron haciendo una denuncia penal contra Olivera Pastor, Rabbi Baldi Cabanillas, Najar y González Prada. Aunque parezca obvio, para que una causa penal avance es casi condición sine quanon (aunque hay excepciones) que el fiscal impulse el caso. Batule desestimó la acusación de sus colegas bahienses, excepto en el caso de Olivera Pastor, a quien llamó a indagatoria. Olivera Pastor fue sobreseído, luego vuelto a procesar y renunció a la toga.

Cuando llegó el pedido de juicio político contra Batule a la procuración, una comisión evaluadora recomendó abrirlo tras analizar la argumentación del fiscal general Jorge Auat. El tribunal de enjuiciamiento lo suspendió y ayer con la lectura de la acusación comenzaron las audiencias, que llevarán adelante las fiscales Gabriela Baigún e Indiana Garzón. ¿Qué se le imputa a Batule? Primero, no haber hecho una investigación en profundidad sobre la actuación de los jueces y el secretario; no haber actuado en pos de promover y mantener la acción penal (tarea de los fiscales) y haberle dado un tratamiento jurídico “particular” a los hechos para “forzar interpretaciones” que beneficiaran a los implicados.

La acusación hace notar que para exculpar a Rabbi Baldi el fiscal dijo –a contramano de los fiscales denunciantes– que no había violado ningún secreto (sobre el allanamiento) porque no tenía ninguna obligación de guardarlo al no ser funcionario de la causa, y sostuvo que tampoco quiso frustrar el operativo. Pero no consideró que utilizó su cargo para intentar actuar en forma directa sobre el policía que debía realizar el procedimiento. Limitó el análisis de las llamadas telefónicas al día del allanamiento. Se le endilga haber hecho un análisis superficial de las razones por las que Najar tardó nueve días en inhibirse, lo que dejó el allanamiento en veremos. Para Batule, como formalmente no asumió el papel de juez no tenía obligaciones como tal. Justificó la actuación de Najar y de González Prada por el cúmulo de trabajo.

Cuando la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, pidió la apertura del juicio político, elevó un texto que dice que Batule evitó investigar “a sabiendas”, “contrariando los intereses que persigue el ministerio público fiscal en beneficio de algunos imputados”. La investigación fue “paupérrima” y las decisiones, “prematuras”, dijo. “La intervención en este tipo de causas pone a prueba a los magistrados/as” ante algo “inusual como es investigar la actuación de colegas (magistrados/as o funcionarios/as) y el fiscal Batule demostró no estar a la altura de las circunstancias” ni mostró una “reflexión autocrítica”.

El jury está integrado por el representante del Poder Ejecutivo, Ernesto Kreplak; el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler; el delegado del Senado, Rodolfo Ojea Quintana; el ex procurador del gobierno de Raúl Alfonsín Juan Octavio Gauna; los abogados Olga Donato y Francisco Panero; y María Cristina Martínez Córdoba, de la Defensoría. Los primeros testigos citados son los fiscales denunciantes.