En el marco del jury contra el suspendido juez marplatense Pedro Hooft, la querella solicitó ayer al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados que lo destituya del cargo, tras considerar que fue “funcional a la dictadura militar al no investigar los delitos de lesa humanidad cometidos”.

El abogado Luis Alen, que preside la querella, pidió que Hooft “sea destituido” y aseguró que “con todos los elementos que obran en la causa está clarísima su complicidad con los crímenes cometidos en la dictadura”. Argumentó que, a pesar de la modificación del marco jurídico perpetrada por la dictadura cívico-militar a partir de 1976, “los jueces debían ser los garantes de que los derechos fundamentales de los ciudadanos no sean vulnerados”. “Hooft no cumplió con ello”, enfatizó y remarcó que el magistrado “infringió los deberes que tenía”.

La defensa de Hooft consideró que las acusaciones “no fueron fundamentadas con pruebas” y negó que el juez haya visitado los centros clandestinos en la dictadura.