El Tribunal de Apelación de París autorizó la extradición a la Argentina del ex policía Mario “Churrasco” Sandoval, acusado de crímenes contra la humanidad, pero sólo por la desaparición del estudiante Hernán Abriata. El presidente de la sala de Acusación, Jean Bartholin, señaló que “los elementos de implicación no eran suficientes” para justificar la extradición por los otros 601 casos por los que también la Justicia argentina reclamaba a Sandoval. La fiscalía francesa se había pronunciado en abril por extraditar al acusado sólo por el caso Abriata, en el marco de la investigación por delitos de lesa humanidad ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Bartholin dijo a Sandoval, de 61 años, que tiene cinco días para formalizar su recurso contra esta decisión ante el Tribunal Supremo.

Hasta que la extradición se concrete, el proceso puede prolongarse durante varios meses. Luego tiene que intervenir el gobierno francés con un decreto de extradición que puede ser recurrido de nuevo por el interesado ante el Consejo de Estado. De forma que, “en el mejor de los casos”, la entrega del acusado a la Argentina tardará más de un año, según las estimaciones de la abogada argentina, Sophie Thonon. En este sentido, la letrada pidió “a las autoridades francesas que hagan lo posible para que Sandoval no se escape”.

Así las cosas, el represor va a seguir en libertad bajo control judicial con la obligación de acudir regularmente a la comisaría y sólo si se tuviera una sospecha fundada de que pretende huir de la Justicia se podría pedir medidas suplementarias de seguridad.

Según el fiscal de instrucción Eduardo Taiano, “Hernán Abriata, que pertenecía al grupo de Unión de Scouts Católicos que funcionaba en el Colegio Eymar de San Martín, fue privado ilegítimamente de su libertad con violencia, abuso de funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, por un grupo de personas armadas vestidas de civil, el 30 de octubre de 1976, en su domicilio de la avenida Elcano 3235 de la Capital Federal”. Posteriormente, fue llevado a una “quinta” y, hacia fines de noviembre fue trasladado a la ESMA, donde permaneció detenido en forma clandestina bajo condiciones inhumanas de vida (encapuchado con una capucha de color gris, engrillado, esposado, bajo las paupérrimas condiciones generales de alimentación, higiene y alojamiento que existían en el lugar) y fue torturado. Además, le habrían adjudicado el número 002 y en una oportunidad fue sacado del “altillo” y sometido a un interrogatorio por una pareja, hombre y mujer, que decían conocerlo de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Antes de marzo de 1977 habría sido trasladado al centro clandestino de detención que funcionaba en la calle Azopardo, de la Capital Federal, y desde ese entonces permanece desaparecido.

En tanto, el presidente de la Acusación precisó que en el caso de ser condenado en la Argentina, la pena máxima que se le podría imponer es de 15 años, que es la que estaba prevista en 1976 en el Código Penal para los delitos relacionados con el sumario del joven estudiante desaparecido.