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El ministro de Defensa, José Pampuro, no descartó ayer que la “baja” sea finalmente la sanción a aplicar a los ex generales Ramón Genaro Díaz Bessone y Reynaldo Bignone, quienes reivindicaron los delitos cometidos durante la dictadura. En cambio, no hizo alusión al ex ministro del interior de Videla, Albano Harguindeguy, quien admitió secuestros, torturas y asesinatos en esos años de plomo.
El funcionario planteó la baja como una alternativa, aunque pidió más tiempo para que las Fuerzas Armadas analicen una por una las declaraciones que los militares realizaron para un documental francés y que Página/12 reprodujo en exclusiva el domingo, lunes y martes último.
Al hablar en Citefa, un organismo del Ejército apostado en Villa Martelli, Pampuro sostuvo que se tiene “la información de que hay dos episodios más de esta cuestión” y que evaluarán “todo en conjunto y ahí saldrá la determinación de cuál es la sanción”.
Uno de esos “dos episodios más” son las declaraciones de Harguindeguy, que publicó ayer este diario. Erróneamente, el Gobierno y las Fuerzas Armadas consideran que existe un cuarto testimonio de quien fuera teniente coronel Alcides López Aufranc. En rigor, Página/12 termina la serie hoy con la publicación de los principales tramos del documento Escuadrones de la muerte, realizado por la periodista francesa Marie Monique Robin.
Pampuro explicó que “la justicia militar es muy clara: el que tenga grado militar aun siendo retirado, tiene que comunicar esto (lo revelado en la entrevista a la TV francesa) a la superioridad; esto no fue hecho y ahora tendrá que evaluar en el Código Militar la sanción que corresponda”.
Luego de reiterar que estas declaraciones “han caído muy mal en el Gobierno” y que “son muy desafortunadas”, el ministro sostuvo que las sanciones tenderán a alguna medida “que afecte su condición militar”.
Fue entonces que –consultado por agencia DyN– habló de la posibilidad de disponer de la “baja”, mientras que en su propio ministerio no daban por cerrada la posibilidad de una destitución o incluso de un arresto.
La baja es una de las sanciones más graves para un militar, sólo superada por la destitución. En ese caso, además de la baja, se degrada al militar en una ceremonia que puede ser pública o privada.
En el caso de Bignone, la sanción, si es aplicada, debería ser la baja o la destitución, ya que actualmente se encuentra detenido en su domicilio y el arresto no tendría cabida.
La baja implica, en la práctica, que el sancionado pierde el estado militar, su pensión si está retirado o el sueldo si se encuentra en actividad, la obra social y deja de pertenecer a la estructura castrense.
Pampuro ya había cuestionado duramente las declaraciones de Díaz Bessone y Bignone. “Una cosa es relatar lo que pasó y admitir las culpas y responsabilidades y otra muy diferente es hacer alarde de esos actos”, señaló a este diario.
¿A qué se refería? Díaz Bessone dijo:
- “¿Cómo puede sacar información (a un detenido) si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”
- “¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar a 7 mil? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar a 7 mil personas”.
- “¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad. Porque ésta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar”.
Por su parte, Bignone contó que mantuvo en 1977 una reunión con tres obispos de la Iglesia Católica, y dijo que ésta aprobó la tortura. Además, ofreció su propia doctrina penal:
- “La única forma de evitar que le pongan una bomba es matar antes al tipo que se la va a poner”.
- “El delincuente tiene que saber que en la comisaría por lo menos una pateadura se va a ligar”.
- En tanto, Harguindeguy consideró que la tortura y la desaparición forzadas de las personas son “una violación a los derechos humanos por Naciones Unidas” y “un error político”.