El diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde presentó un proyecto para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen, ubicado en la avenida Callao al 300. La iniciativa del legislador oficialista va en línea con la “salida política” que desde la cooperativa que gestiona el hotel vienen reclamando ante la amenaza de desalojo que hace peligrar la continuidad del emprendimiento y dejaría sin empleo a 130 trabajadores.

La situación del Bauen es crítica porque hay una orden firme de desalojo vencida el 15 de mayo pasado y el oficial de Justicia ya tiene el mandamiento de la jueza Paula Hualde para concretar el procedimiento. Es la segunda vez que los trabajadores que recuperaron el hotel enfrentan la amenaza de desalojo: en 2007 ya pasaron por la misma situación y lograron superarla gracias al acompañamiento social.

La iniciativa de Recalde –que resume varias que en el mismo sentido presentaron otros diputados, como Carlos Heller y Adriana Puiggrós– apunta a cortar de raíz la amenaza del desalojo y dar una solución de fondo al tema. “Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen”, plantea en el primero de los once artículos. Y en el quinto mandata al Poder Ejecutivo “a realizar las acciones necesarias para que los bienes expropiados sean utilizados para el funcionamiento del emprendimiento productivo que lleva adelante la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional”.

Recalde destacó en su proyecto la tarea que desde 2003 vienen desarrollando los trabajadores del hotel y señaló que la cooperativa que formaron con ese propósito “constituye un emprendimiento autosustentable, con proyección auspiciosa, de gran valor social y cultural”. Según explicó, “la recuperación de las fuentes de trabajo por parte de los trabajadores requiere de una legislación que acompañe este proyecto legítimo de la economía cooperativa y solidaria”.

Recalde, quien preside la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, planteó también que “es innegable que existe una cuenta pendiente referida a investigar los lazos entre la familia Iurcovich y la última dictadura cívico-militar” y consideró necesario “indagar el vínculo existente entre esta familia, la deuda no saldada al día de hoy con el ex Banade y la empresa actual que realiza el reclamo por su titularidad”. El Bauen fue construido con créditos que la dictadura otorgó a los Iurcovich y que nunca se terminaron de pagar. El proyecto de Recalde dice que “la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada, hasta el monto correspondiente si excediera el de la tasación, con la deuda que el titular de los bienes” registre por los créditos que contrajo con el ex Banade.