“Los avances producidos en las políticas públicas de reconocimiento de los derechos humanos son patrimonio de todos los habitantes de la Nación y han posibilitado las mejoras de las condiciones de vida de la población. Resulta inadmisible cualquier política que constituya un retroceso en la materia.” La declaración fue firmada hace un mes, por unanimidad, por todos los representantes de las áreas de derechos humanos de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. “El objetivo del Consejo Federal de Derechos Humanos es sostener y profundizar este país solidario y comprometido. Los derechos humanos no son bandera de nadie, son conquistas logradas por todos los argentinos que las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner cristalizaron en políticas públicas”, señaló a Página/12 Agustín Di Toffino, secretario ejecutivo del organismo. La aclaración provino porque el diario La Nación presentó el documento como un compromiso que el Gobierno pretendía hacer firmar en todos los distritos con miras a la elección de 2015. “No está vinculado con escenarios electorales, es un trabajo entre la Nación y las provincias”, explicó Di Toffino.

El Consejo Federal de Derechos Humanos está presidido por Martín Fresneda (secretario del área a nivel nacional), se reúne periódicamente y de allí surgen declaraciones o documentos con regularidad. La reunión de hace un mes, en Paraná, contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el jurista español Baltasar Garzón.

“Hace 11 años, en la Argentina, un sureño vino a convocarnos a un sueño, el de vivir en un país normal. El proponía que los chicos comieran, que la educación fuera una prioridad, que los argentinos volvieran a tener trabajo. Pero también proponía que memoria, verdad y justicia sean valores permanentes”, afirmó entonces Urribarri. En ese sentido, recordó que “a partir de ese 24 de marzo de 2004, cuando se bajaron los cuadros en el Colegio Militar, nos dimos cuenta de que aquello no era la consigna de un presidente que asumía, sino que era una política de Estado que él iba a implementar”. Al respecto, dijo: “Quién puede discutir hoy que memoria, verdad y justicia son la base mínima para la incorporación de los derechos humanos en la cultura popular en la Argentina. Porque hoy el límite moral en Argentina es la violación de los derechos humanos, y esto se lo ha logrado en estos 11 años, desde el Estado, desde los Estados, y desde el pueblo”.

Garzón señaló que “conseguir que la política federal, que las provincias consigan establecer esa política común de derechos humanos hacia el interior y hacia fuera, sería el mejor presente que se podría hacer a los millones de argentinos que en cualquier momento pueden ver violentados sus derechos fundamentales. Esa responsabilidad, más que es importante, es trascendente”.

La declaración firmada a principios de junio señala la decisión de defender las conquistas en materia de derechos humanos y trabajar para su profundización, “en el convencimiento de que ello es requisito indispensable para la democracia” y hace un llamado a “quienes aspiren a dirigir los destinos de nuestro pueblo en los tres poderes del Estado, para que asuman ese compromiso”. También habla de “fortalecer la construcción de políticas públicas de seguridad democrática, toda vez que el uso de la fuerza debe ser en todos los casos la última ratio y estar invariablemente subordinado al poder político”. En la misma línea, rechaza “cualquier manifestación que desde las fuerzas de seguridad pretenda imponer condiciones a la autoridad democrática” y manifiesta la necesidad de que todas las provincias implementen mecanismos de prevención contra la violencia institucional.

“Está claro que los derechos humanos hoy son como un contrato social, como lo dijo el presidente de la Corte Suprema (Ricardo Lorenzetti) al hablar del proceso de memoria, verdad y justicia. Es un capital histórico que sostiene toda la sociedad”, dijo Di Toffino. En 2010, a instancias del CELS, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en la que se declaraba que los juicios contra los represores era una “política de Estado”. Urribarri, por su parte, propuso en la misma línea que los candidatos presidenciales acordaran y se comprometieran en varios puntos básicos, entre ellos el impulso del proceso de memoria, verdad y justicia.