A veinte años del atentado, la trama del ataque contra la AMIA es una madeja que abarca, en esencia, dos procesos judiciales, con varios subprocesos, y ninguna claridad. Por el atentado en sí mismo no hay detenidos por lo que se llama la conexión local: no se sabe de dónde salieron los explosivos ni quiénes fueron los argentinos o brasileños que armaron la camioneta y actuaron en Buenos Aires antes y después del atentado. De todo eso, quedó ahora muy poco: un juicio contra el armador de autos truchos, Carlos Telleldín, hoy abogado. El fiscal Alberto Nisman lo acusa de haber entregado la camioneta sabiendo que se iba a usar para el atentado. El juicio está trabado por pedidos de nulidad que, seguramente, no van a prosperar, pero no será fácil condenarlo después de veinte años. La responsabilidad del ataque se le adjudica a Irán, aunque con pruebas dudosas y, sobre todo, basadas en informes de la CIA, el Mossad, la SIDE y el testimonio de opositores a Teherán. Para colmo, los sospechosos no pueden ser detenidos porque están en Irán o el Líbano y, además, se trabó el Memorándum de Entendimiento, firmado entre los cancilleres de la Argentina e Irán, con el que se aspiraba a interrogar a algunos de esos sospechosos. Existe una causa judicial referida a encubrimiento, que apunta al sembrado de pistas falsas y desvíos de la investigación. Están imputados desde Carlos Menem, pasando por el entonces juez Juan José Galeano, los fiscales, el titular de la SIDE y varios agentes, integrantes de la Policía Federal, como el comisario Jorge “El Fino” Palacios, y hasta Rubén Beraja, quien fuera titular de la DAIA. La causa está elevada a juicio, pero hay una apelación del ex juez a la Corte Suprema y, además, estará a cargo del mismo tribunal que tiene el proceso por las muertes en la estación de Once. Ese expediente se puso en marcha en el año 2000 y todo indica que el juicio podría empezar en 2015.

Sensaciones

Según reconoció el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la firma del presidente Néstor Kirchner, no hubo prevención después del atentado contra la Embajada de Israel en 1992, no se tomaron las medidas de seguridad para evitar ese segundo atentado y en el ataque a la AMIA fracasó además la investigación, por lo que hubo “denegación de justicia”. El Estado le puso así la firma a un hecho evidente: no hubo voluntad política de investigar el atentado, algo señalado por el Tribunal Oral Federal 3 tras el juicio que duró tres años y es hasta hoy el más largo de la historia argentina. Los jueces calificaron la investigación como “un armado al servicio de políticos inescrupulosos”.

Como lo señaló el Tribunal Oral y el posterior reconocimiento del Estado, la investigación fue un fracaso, con base en lo ocurrido en los primeros días: no se pudo determinar prácticamente nada de la conexión local. La guía de la pesquisa fue el motor encontrado entre los escombros y que había sido usado por Telleldín para armar una camioneta con partes robadas. El Tribunal Oral sostuvo que el atentado se cometió con ese vehículo: se basó en las declaraciones de efectivos de la Federal que firmaron unas 150 actas de secuestros de partes de la Trafic, unos veinte peritos, ingenieros de la fábrica Ciadea-Renault y forenses que encontraron, por ejemplo, un amortiguador en el cuerpo de Ramón Nolbelto Díaz y un acople de columna de dirección en el de Gregorio Melman. La cuestión es discutida por algunos aún hoy, pero para la Justicia eso quedó firme y por ello es el juicio contra Telleldín (ver aparte).

Más allá de eso se pudo avanzar muy poco. No se pudo determinar, por ejemplo, dónde estuvo la camioneta en buena parte de los ocho días anteriores al atentado, cómo y dónde se armó el vehículo-bomba, cuál fue el origen de los explosivos y, fundamentalmente, quiénes fueron los que participaron del ataque en la Argentina.

Iraníes

El fiscal Nisman conduce las investigaciones desde 2004, aunque ya había intervenido antes. Desde el principio, los cañones del juez Galeano y de los servicios de inteligencia –norteamericanos, israelíes y la SIDE– apuntaron contra Hezbollah, una organización libanesa vinculada con Irán. La acusación venía de la época del atentado contra la Embajada de Israel.

El problema de esa hipótesis es que se basa en dichos de los iraníes Monoucher Moatamer y Abol-ghasem Mesbahi, opositores al régimen de los ayatolás y poco confiables. Mesbahi, por ejemplo, sostuvo que también el atentado contra las Torres Gemelas lo impulsó Irán cuando en el análisis del recorrido de los 19 suicidas que se estrellaron en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania no aparece ningún vínculo serio con Teherán.

El resto de las pruebas surge de informes de inteligencia de la CIA, el Mossad y la SIDE. Por ejemplo, Nisman sostiene que el atentado fue cometido por un suicida llamado Ibrahim Berro. No hay evidencias de su llegada a la Argentina ni el nombre con el que ingresó ni el lugar por el que entró al país. Tras un viaje a Estados Unidos, el fiscal afirmó que dos de sus hermanos, que viven en Chicago, confirmaron la versión, pero si se lee la declaración de ambos, más bien dicen lo contrario: que Ibrahim murió en el Líbano combatiendo contra fuerzas israelíes. La otra prueba de la participación de Berro es que desde Buenos Aires hubo llamadas a su familia en el Líbano y a una oficina de Hezbollah, pero semejante información proviene de informes de inteligencia.

Para Nisman, el hombre clave del atentado fue el ex agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, quien cobijó a la supuesta célula terrorista. El marido de una de sus secretarias, un hombre llamado Salman el Reda, habría actuado de artífice de la organización en Buenos Aires, mientras que todo estuvo coordinado por un sujeto –no se pudo determinar quién– que operó desde la Triple Frontera con un celular a nombre de un tal André Márques. Nuevamente la clave para hilvanar todas estas piezas son los teléfonos y las supuestas llamadas al Líbano, en algunos casos desde locutorios en Buenos Aires e incluso cercanos a la AMIA. Como se sabe, los entrecruzamientos son realizados por la SIDE y la identificación de los números en el Líbano como pertenecientes a Hezbollah o a tal o cual persona surgen de los informes de la CIA y el Mo-ssad. Aun así, funcionarios que pasaron por el Ministerio de Justicia en la última década y tuvieron una mirada independiente sobre el caso –Nilda Garré, Alejandro Rúa–, piensan que la pista de Rabbani merece ser profundizada.

Con los elementos existentes, se libraron las órdenes de captura contra los principales funcionarios iraníes, entre ellos hasta del presidente en la época del atentado, Alí Rafsanjani, hoy líder del ala moderada de Irán, porque los testigos-disidentes afirmaron que se le dio el visto bueno al ataque contra la AMIA en una reunión del más alto nivel en la ciudad de Ma-shad, en Irán.

La cuestión de fondo es cuánto pesan las pruebas y testimonios existentes. Uno de los imputados fue el entonces embajador iraní en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, quien estuvo detenido en Londres en 2003. Galeano mandó un expediente de 400 páginas y en dos oportunidades el juez inglés Justice Royce consideró que no había evidencias contra el embajador. Hay quien sostiene que la Justicia inglesa no quería problemas con Irán y por eso dictaminó de esa manera. Incluso se trató de relativizar el fallo de Royce diciendo que no se pronunció sobre las evidencias. Lo cierto es que sí afirmó que no había evidencias suficientes y Soleimanpour fue liberado, lo indemnizaron con unas 20 mil libras y se volvió de Londres a Teherán.

Tampoco el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral fue demasiado enfático sobre las pruebas: “Por ahora esto es una hipótesis”, sostuvo hace poco.

Pantano

El problema más serio es que el expediente sobre el atentado en sí mismo tiene pocas chances de avanzar. Es que los imputados están en Irán o el Líbano (por ejemplo Salman el Reda) y ambos países consideran que la investigación en la Argentina es un armado falso, orientado por la política, la SIDE y los servicios de inteligencia de Washington y Jerusalén. En Teherán siempre insistieron en que no tuvieron nada que ver con ningún atentado y que Estados Unidos utiliza la acusación de Buenos Aires para sus intereses geopolíticos vinculados al petróleo.

Para sumar más obstáculos a la situación, Irán tiene prohibido por ley extraditar a sus ciudadanos, una medida que existe en muchos países. En Brasil, por ejemplo, esa prohibición figura en la Constitución. Una salida que se buscó fue que el juez viajara a Teherán, por lo cual se firmó el Memorándum de Entendimiento, considerado inconstitucional por la Cámara Federal. El proceso continúa ahora en Casación, pero mientras tanto ni la Justicia argentina tiene chances de interrogar a los sospechosos ni éstos se mueven de Irán o el Líbano.

El resultado parece ser claro: se llega a este vigésimo aniversario con las manos vacías.