Viernes, 5 de septiembre de 2014 | Hoy
EL PAíS › MACRI RENIEGA DE LAS RETENCIONES, PERO SE BENEFICIA DE ELLAS
El jefe de Gobierno porteño aseguró que, de ser presidente, va a eliminar las retenciones y que bajará las de la soja hasta que dejen de existir. Sin embargo, adhirió al fondo que reparte entre las provincias lo que se recauda por esa vía.
Por Werner Pertot
“Retenciones cero”, fue la consigna que lanzó Mauricio Macri en la conferencia que dio ante la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El líder del PRO prometió que, cuando sea presidente, va a eliminar las retenciones para las economías regionales y bajar las retenciones de la soja 5 por ciento por año hasta eliminarlas. No obstante, el jefe de Gobierno adhirió voluntariamente a un fondo que proviene directamente de las retenciones a la soja y que fue creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de que se sumó a recibir dinero de las retenciones de la soja, se calcula que este año su gestión recibirá 320 millones de pesos. La legisladora kirchnerista María Rosa Muiños presentó un pedido de informes para que el gobierno porteño explique en qué se está utilizando ese dinero.
La conferencia de la CAME reunió a siete presidenciales del kirchnerismo, del Frente Amplio Unen (FA-Unen), del Frente Renovador y del PRO. Además de cuestionar la inversión en empresas satelitales, Macri remarcó que buscará eliminar las retenciones a los empresarios agrarios. “Retención cero a todas las exportaciones de las economías regionales y eliminación de cualquier impedimento para exportar”, prometió Macri, quien sobre la soja advirtió que no lo podrá eliminar de inmediato, pero se comprometió a ir bajándolo un 5 por ciento por año hasta que sea completamente eliminado. No dio detalles de cómo pensaba resolver el déficit fiscal que esto produciría ni tampoco el impacto sobre la distribución de los cultivos.
Días después de su diatriba contra las retenciones, Macri dio a conocer un nuevo impuesto a los consumos on line de películas, series, música, juegos (como Netflix, Amazon, Spotify, entre otros), por lo cual la oposición porteña salió a señalar una contradicción entre el decir y el hacer. Sin embargo, pese a sus diatribas contra las retenciones a la soja, Macri aceptó de buena gana el dinero que le ofreció el gobierno nacional de estas retenciones a partir de la creación de un fondo para las provincias.
Se trata del Fondo Federal Solidario, creado en 2009 por la Presidenta y que destina el 30 por ciento de las retenciones de la soja a obras de infraestructura social (sanitaria, educativa, de viviendas) en las provincias. Para poder cobrarlo, cada Estado provincial –o la Ciudad Autónoma– debía adherir voluntariamente. Macri lo hizo a través del decreto 255/2009, que en sus considerandos dice que “la Ciudad Autónoma ha propiciado, en similar sentido al ahora propuesto por el Ejecutivo nacional, medidas que permitan el desarrollo de la infraestructura social de la ciudad”. “Siendo indispensable para su aplicación la adhesión formal de cada Estado al fondo creado por decreto, se entiende prudente dictar la norma”, señala el decreto, que lleva la firma de Macri.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, a fines de 2014 ese monto llegará a los 320.600.000 pesos. La legisladora del Frente para la Victoria, María Rosa Muiños, presentó un informe para que el gobierno porteño diga qué está haciendo con ese dinero. El pedido de Muiños reclama un “informe detallado de las obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial realizadas desde el año 2010 hasta la actualidad con los fondos del Fondo Federal Solidario”. Además pide que informe qué montos recibió la Ciudad en cada año y que dé detalles sobre el estado de cada obra realizada con ese dinero, “discriminando aquellas que se encuentren finalizadas de las que se encuentren en vías de ejecución”.
En la fundamentación de su proyecto –que todavía no fue votado en la Legislatura–, Muiños indica que la creación del Fondo Federal establecía causales específicas para que los gobiernos no reciban los fondos, y “entre ellas se destaca la utilización de dichos fondos para fines distintos que aquellos estipulados en la norma”. “Esto no resulta un dato menor, puesto que de verificarse un incumplimiento por parte de alguno de los Estados adherentes, esta circunstancia conlleva la suspensión del giro hasta tanto el Estado incumplidor regularice su situación.”
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