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Por Mirta Mantaras *

Está en debate si se obliga a los hijos de desaparecidos a hacerse el análisis para establecer su identidad. Estos jóvenes padecen una doble victimización: la de haber sido arrancados violentamente del seno de su familia y la de haber quedado cautivos en un vínculo perverso que los lleva a encubrir a sus apropiadores para que no sean condenados, pese a que, en muchos casos, éstos fueron partícipes o asesinos directos de sus padres.
Los entonces niños víctimas de desaparición forzada, al ser apropiados como si fueran objetos, aunque hoy sean mayores de edad, no dejan de estar privados ilegítimamente de su libertad. No es la libertad para decidir hacia dónde trasladarse sino la libertad interior, el derecho humano de saber quién es, cuál es su pertenencia familiar, su carta hereditaria. Es un cautiverio moral que afecta su derecho personalísimo a la identidad.
El traslado por fuerza de niños del grupo agredido al grupo agresor es una actividad típica del delito de genocidio. Durante el terrorismo de Estado se esperaba que la madre diera a luz en cautiverio para robarle su bebé y entregarlo a miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Además del dominio del cuerpo de los secuestrados mediante la aplicación de tormentos y la disposición de la vida misma, la voracidad de los represores extendió ese dominio a la prolongación vital encarnada en la descendencia.
Estamos frente a delitos de lesa humanidad, que son excepcionales. Por ello el abordaje de estos casos tiene que ser también excepcional, para dar a las víctimas, al menos por una vez, una ventaja para su desarrollo como persona, liberándolos del círculo perverso del compulsivo encubrimiento. Hay que reparar el abuso de que han sido objeto cuando se les prohibió saber su origen, verdadera herida en su memoria corporal que sólo se cerrará con la verdad. Estas son las categorías sobre las que versa la decisión judicial: si se acepta que el apropiador continúe teniéndolo prisionero o si se le allana el camino para lograr su libertad.
* Abogada de Derechos Humanos