El juez de feria en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico dictó ayer una medida precautelar que suspende transitoriamente la designación de dieciséis fiscales federales dispuesta por la procuradora general Alejandra Gils Carbó y que deberían asumir sus cargos el próximo 2 de febrero. La decisión responde a una presentación del diputado provincial Mauricio D’Alessandro, flamante incorporación del Frente Renovador bonaerense, quien había fracasado en un primer intento. Lavié Pico admitió su “acotado margen de conocimiento” sobre el tema, pero consideró “carente de toda razonabilidad la urgencia” de poner en funcionamiento las fiscalías creadas por la Ley 27.063, que modificó el Código Procesal Penal de la Nación. Desde la Procuración General de la Nación, que ayer no había sido notificada, dejaron trascender que apelarán la habilitación de la feria judicial y responderán a los distintos puntos planteados.

“Es de una audacia inusitada que un juez, por una medida basada en la insinuación tan precaria de un derecho, ya que ni siquiera se trata de una medida cautelar, juzgue la necesidad y pertinencia de la puesta en funcionamiento de instancias de otro poder del Estado que acaban de ser creadas por decisión del Congreso nacional”, advirtió el fiscal federal Félix Crous, titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración. “Se trata de una aceleración vertiginosa de un sector del Poder Judicial hacia una brutal evidencia de que no los anima otra intención que obstaculizar cualquier modificación a un statu quo anacrónico, aunque para ello deban pasar por encima de la voluntad popular, de los otros poderes del Estado y del orden institucional. Es un asunto de una gravedad inusitada”, afirmó Crous.

Ex conductor del programa de entretenimientos La corte, donde simulaba impartir justicia con martillo en mano entre chanchos y gallinas, D’Alessandro había pedido una precautelar en diciembre, luego de que el Congreso aprobara la ley en general, sugiriendo que apuntaba a designar fiscales afines al Gobierno. Tras el rechazo por parte de la jueza Claudia Rodríguez Vidal y la designación de los fiscales, que se concretó el 29 de diciembre pasado, el legislador massista, con la escueta legitimidad de quien no es afectado directo por las designaciones de la procuración, volvió a la carga ante quien reemplaza a la jueza durante la feria.

Lavié Pico es el mismo magistrado que desde el miércoles tiene en sus manos un amparo presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional. La procuración lo recusó ayer en esa causa por considerar que ya había adelantado opinión al fallar contra la creación de nuevas cámaras de Casación y la designación transitoria de jueces subrogantes. “Tiene una opinión formada en la materia que hará extensible a los cargos creados por la Ley 27.063 y su integración, pues lejos de considerar las circunstancias fácticas particulares de cada caso, sus decisiones han evidenciado una posición dogmática en la materia”, se explica en la recusación.

Ante el pedido de D’Alessandro, al que adhirió una ignota Fundación Hágase Justicia, el juez fundamentó primero la habilitación de la feria judicial. “La demora impuesta por el receso judicial de enero entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos, que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria, en la medida que ya se dictaron numerosas resoluciones administrativas que disponen la designación de fiscales subrogantes a partir del 2 de febrero de 2015”, escribió.

Recordó que la ley promulgada el 10 de diciembre creó una comisión bicameral de monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal, estableció programas de capacitación de funcionarios y empleados de fiscalías y defensorías, y condicionó la implementación a la disponibilidad presupuestaria. “En principio” y “dentro del acotado margen de conocimiento” que surgía de la presentación de D’Alessandro, “deberían cumplirse previamente los requisitos legales allí previstos”, sugirió Lavié Pico. Luego arriesgó como “carente de toda razonabilidad la urgencia en la puesta en funcionamiento de las fiscalías creadas mediante el artículo 6 del anexo II de la Ley 27.063 y las designaciones efectuadas”.

La mención a ese artículo, que crea una Fiscalía General ante la Cámara de Mendoza, es llamativa si se considera que la resolución suspende “las designaciones efectuadas en las fiscalías creadas”, es decir en todas, no en una en particular. Más curioso es que el cuestionamiento genérico y las dudas sobre la urgencia alcancen a los tres fiscales ante las nuevas cámaras de Casación, donde la defensora general Stella Maris Martínez designó defensores subrogantes que nadie objetó y donde la asunción de los fiscales es imprescindible para que puedan empezar a funcionar.