“Me coloco en el papel de juez y seguro la hubiera desestimado”, dice Julio Maier sobre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta. No tiene ninguna duda al respecto porque, en su opinión, “en la denuncia de Nisman no hay delito alguno”. Profesor titular consulto de Derecho Penal de la UBA y con extensa trayectoria como funcionario judicial que coronó como presidente del Superior Tribunal de Justicia porteño, Maier sostiene que un tratado internacional –como el que firmaron Argentina e Irán– se puede calificar de “conveniente o inconveniente”, pero “nunca puede constituir un delito”. Y advierte: “No debería estudiar un juez penal algo que no constituye un delito; sería utilizar la Justicia para fines para los cuales no es competente la propia Justicia”.

–¿Por qué razón calificó usted la denuncia de Nisman como “un acto grave” y hasta dijo que ameritaba que fuera juzgado como funcionario judicial?

–La denuncia de Nisman no tiene sentido. El doctor Zaffaroni dijo que no tiene sentido porque no hay ni siquiera un comienzo de ejecución; es decir, una tentativa de aquello que se cree pudo constituir un delito. Zaffaroni lo que quiere decir, por ejemplo, es que si yo pienso matar a mi suegro para heredarlo y lo llevo a pasear por el bosque con el ruego a Dios de que un árbol se caiga y le pegue en la cabeza no es en absoluto un acto imputable a mí que constituya homicidio, porque para ello hay que comenzar la ejecución de un homicidio; es decir, hacer el disparo, aunque yerre. Yo voy más allá: creo que es imposible que lo que denunció Nisman haya sido un delito.

–¿Imposible?

–Acá ha habido un tratado entre la Argentina e Irán con un objeto preciso que era poder interrogar a las personas que un juez argentino creyó sospechosas y que por esa razón, al no comparecer, pidió su captura y eso fue volcado al orden internacional. Ese tratado, que fue ratificado por el Congreso es imposible que constituya un delito. Las relaciones exteriores son competencia del Poder Ejecutivo, en algunos casos compartidas con el Congreso, como en aquellos casos de tratados celebrados con otras naciones soberanas u organismos internacionales. Eso fue lo que sucedió y nunca puede constituir un delito, cualquiera sea la motivación que haya tenido el Ejecutivo para hacer el tratado.

–¿En ningún caso puede configurar un delito?

–No, salvo un caso muy específico que yo ni siquiera puedo imaginar académicamente, como que el tratado tenga por objeto traición a la patria, tomar las armas en contra de la nación para apoderarse de ella. Un tratado se puede calificar de bueno o malo, conveniente o inconveniente, pero no otra cosa. Es algo parecido a lo que pasa habitualmente con la ley; un proyecto presentado por alguien que está capacitado por la Constitución para presentarlo es estudiado por el Parlamento, que vota para transformarlo en ley o negarle la transformación en ley; no depende la validez de la ley del motivo por el cual es aprobada. Tomemos, por ejemplo, el Código Civil; algunos legisladores pensarán que el Código Civil que están votando es mejor que el anterior, habrá otros a los que les convenga personalmente porque se están peleando con su mujer y puede pensar que el divorcio será más fácil o que en el anterior Código Civil directamente no había divorcio, y otros que ni siquiera conocen el proyecto y votan por disciplina partidaria. Que todo esto haya sido para favorecer a los sospechosos iraníes no tiene ningún sentido y lo mismo el tratado y su ratificación del tratado no puede ser un crimen. Más todavía: Mario Wainfeld escribió en Página/12 claramente que si esto fuera un delito, también son sospechosos los legisladores que votaron a favor e incluso aquellos que dieron quórum porque al habilitar la sesión posibilitaron la ratificación del tratado.

–De todos modos, usted sostiene que no hay delito.

–Lo que yo planteo es que adentro de la denuncia de Nisman no hay delito alguno. La definición universal de denuncia es la información de una persona a un funcionario competente para tratar judicialmente la denuncia sobre el acaecimiento de un delito de acción pública que se ha llevado a cabo. Si esto no es así, el fiscal pidiéndolo o los jueces pueden desestimar la denuncia. Me coloco en el papel de juez y digo que si a mí me hubiera venido esta denuncia, seguro la hubiera desestimado. Espero que al juez que le ha tocado no acepte la denuncia. No debería estudiar un juez penal algo que no constituye un delito; sería utilizar la Justicia para fines para los cuales no es competente la propia Justicia.

–¿Advierte que hay una utilización política de la Justicia?

–Yo escribí hace mucho tiempo un articulito que se llamaba “Denunciología”, donde dije esto. La gente cree que los jueces penales están para que le traten todo aquello que cada uno cree que es inconveniente. La gente cree que el Derecho Penal es algo así como un sanalotodo de todo mal social creído por una persona.

–¿Cómo explica que Nisman, con tantos años de carrera judicial, no haya advertido que no había delito pasible de ser denunciado?

–No conocí al señor Nisman ni nunca lo vi, salvo que haya sido uno de mis alumnos en la Universidad de Buenos Aires, donde yo enseñaba. No quiero opinar porque el señor Nisman no se puede defender, pero nunca tuve la idea de que los funcionarios judiciales son gente demasiado instruida; tampoco creo que sean analfabetos, pero sí que cometen muchos errores por no entender los conceptos que tienen que tratar. Tal vez esto me provenga de la Universidad de Córdoba, donde yo estudié, y de mis profesores, que no tenían ninguna confianza en los jueces. Hoy en día no veo que haya hechos que nos digan que los señores que se sientan en el sillón de un juez son personas iluminadas que no cometen errores. Los jueces siempre han creído que son delegados de Dios en la Tierra, que cuando se pronuncian transmiten la palabra divina; yo nunca creí eso. Los jueces cumplen una misión parecida a la que puede cumplir un chofer de colectivo.

–¿Comparte la impresión de Zaffaroni de que Nisman fue víctima de una operación?

–No lo sé.

–¿Qué tiene para decir de la relación de jueces y fiscales con agentes de inteligencia?

–Zaffaroni tiene razón en decir que los servicios de Inteligencia son del Poder Ejecutivo y se entienden con el Poder Ejecutivo y no con los funcionarios judiciales, pero yo voy más allá: nunca entendí para qué sirven los servicios de Inteligencia; siempre sirven para mal y no sólo los nuestros. Yo digo, un poco en chiste, que en vez de dictar una nueva Ley de Inteligencia, hay que dictar una Ley de Desinteligencia, derogar la ley que rige y olvidarse de los servicios de inteligencia. Me permito, además, reírme un poco del nombre servicio de inteligencia, porque no he conocido a ninguno inteligente y si lo he conocido no me di cuenta.