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El titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, envió al Consejo de la Magistratura una carta en la que pide que se resuelvan, con carácter de urgente, las denuncias presentadas contra el juez del caso AMIA, Juan José Galeano, “por posible mal desempeño y posible comisión de delitos en la tramitación de la mencionada causa”. Camaño le mandó también copia de la carta al presidente Néstor Kirchner para que desde el Ejecutivo se incentive un avance en la investigación contra Galeano. Por otro lado, la diputada nacional Nilda Garré entregará la semana próxima una ampliación de su pedido de juicio político por cuanto incluirá las irregularidades que aparecieron en el juicio oral: en sus declaraciones, los agentes y jefes de la SIDE dijeron que, por orden del juez, se le pagaron 400.000 dólares en forma clandestina al imputado Carlos Telleldín.
La denuncia original y el pedido de destitución de Galeano fueron presentados en su momento por Garré, pero el trámite se viene demorando. En principio, la instrucción corrió por cuenta del polémico diputado Jorge Casanovas, quien prácticamente no avanzó un paso. Al transcurrir el tiempo, el legislador se presentó ante el plenario del Consejo, integrado por 19 miembros, y sostuvo que el caso es delicado y de gran repercusión por lo cual convenía que la instrucción fuera responsabilidad de la totalidad de los integrantes del Consejo.
“Con motivo del viaje oficial del presidente Kirchner a Nueva York, junto con el canciller Bielsa tuvimos una reunión con representantes de la comunidad judía de Estados Unidos. Allí se efectuaron varias consideraciones negativas sobre la marcha del proceso judicial en el que se investiga el atentado a la sede de la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Amerita esta carta el hecho de haber tomado conocimiento de las denuncias efectuadas contra el citado magistrado, en las cuales no existe hasta la fecha definición alguna por parte de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura”, dice la carta de Camaño.
La nota presiona al Consejo; la copia dirigida a Kirchner tiene el mismo objetivo: activar el proceso de destitución del magistrado.
Durante la semana próxima, la diputada Garré le entregará al Consejo un resumen de lo acontecido durante el juicio oral en el último mes. En las audiencias del Tribunal Oral número 3 declararon seis hombres de la SIDE que terminaron reconociendo que hubo una operación en la que se le pagaron 400.000 dólares a Telleldín. El propio ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy confirmó el pago pero sostuvo que sólo actuó como auxiliar de Galeano quien pidió que se le dé el dinero a Telleldín. Lo más grave de esa operación es que no aparece en el expediente, o sea que fue un pago clandestino. Y a ello hay que agregar que un día después de la primera entrega de dinero, Telleldín declaró en la causa AMIA e incriminó a un grupo de policías bonaerenses, hoy sentados en el banquillo. Galeano siempre negó que el pago haya existido e incluso lo puso por escrito en una causa judicial por irregularidades. Con estos elementos a la vista, Garré insistirá con una ampliación del pedido de destitución de Galeano y seguramente reclamará que haya un pronto despacho.
Por su parte, José Manuel Ubeira, abogado del ex comisario Juan José Ribelli, pidió al tribunal que sacara copia de las declaraciones de los hombres de la SIDE y que se envíen al Consejo. El letrado de Memoria Activa, Pablo Jacoby, pidió a la Cámara Federal que aparte a Galeano de lo que queda de la causa AMIA. El juez todavía instruye la llamada pista internacional del atentado y también algunas investigaciones colaterales.
Por lo que se ha visto hasta el momento, ni el Consejo ni la Cámara Federal ni el juez Claudio Bonadío, que está a cargo de la causa por irregularidades en la investigación, quieren pronunciarse. Todos esperan que termine el juicio oral en el que se prevé que los jueces Larrambebere, Pons y Gordo dedicarán un capítulo entero de su fallo a realizar un duro cuestionamiento de la labor de Galeano. Con esa resolución en sus manos, es muy probable que todos avancen en la acusación contra el magistrado al que podrían incluso imputarle delitos graves como el fraude procesal, la coacción o la instigación al falso testimonio.