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Representantes de organismos de derechos humanos que integran el Directorio de la ex ESMA y funcionarios de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires realizaron una visita a la Comisaría 5ª de la ciudad de La Plata, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más importante de esa provincia durante la última dictadura. El recorrido por la dependencia policial estuvo encabezado por Leonardo Fossati, nieto restituido y representante de Abuelas de Plaza de Mayo en ese directorio.

Fossati nació el 12 de marzo de 1977 en la maternidad clandestina que funcionó en la comisaría durante el terrorismo de Estado, mientras insultaban a su madre, atada de pies y manos.

El gobierno provincial ya desafectó las celdas del lugar, la cocina (que funcionó como maternidad clandestina) y dos oficinas administrativas. Los organismos reclaman el desalojo total de la comisaría, la preservación del lugar y la puesta en funcionamiento de un espacio de memoria. “En una primera etapa, que comenzará en marzo, se abrirá el ingreso original que funcionó en el centro clandestino de detención y se trabajará sobre los calabozos, la cocina y se montarán dos oficinas para la investigación y el relevamiento de archivos”, explicó Fossati. Los organismos aspiran a que en el corto plazo comiencen a realizarse visitas guiadas para escuelas y el público en general y que se elabore un proyecto integral para el desarrollo de un sitio de memoria en toda la dependencia policial.

Fossati resaltó la presencia de integrantes de los organismos que forman parte del Directorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos: “Es muy importante esta visita, porque tienen mucha experiencia en la elaboración de proyectos para la puesta en marcha de sitios de memoria”. Se estima que más de doscientas personas estuvieron detenidas-desaparecidas –entre ellas, trece mujeres embarazadas– en el lugar durante la última dictadura.

En la sentencia del juicio por el Circuito Camps, de diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata pidió al Ejecutivo bonaerense que desafectara esa dependencia policial.