El Centro de Ex Combatientes de La Plata denunciará al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investiguen los vejámenes y torturas sufridas por los soldados en Malvinas. Lo hará a raíz de que la Corte Suprema de Justicia cerró la puerta para que se juzguen estos hechos –que incluyeron desde estaqueamientos hasta la muerte de conscriptos–, por los que había ochenta militares argentinos imputados. El domingo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había impulsado a los denunciantes a que recurran por justicia ante los organismos internacionales.

“Me solidarizo ante los combatientes de Malvinas y les pido que vayan a reclamar por las torturas ante la Corte Interamericana, que van a escucharlos”, les recomendó la jefa de Estado.

Los ministros del Máximo Tribunal de Justicia dictaron hace diez días un fallo que clausuró la posibilidad de investigar más de 120 denuncias de soldados que, llevados a la guerra de 1982, sufrieron torturas, violaciones y otros tratos inhumanos de parte de sus superiores. El expediente había sido abierto en 2008 con la declaración de un grupo de ex soldados correntinos y avanzó sumando casos de ex combatientes de todo el país hasta que, ante el planteo de uno de los militares imputados, la Cámara de Casación penal dictaminó que se trataba de delitos que habían prescripto por el paso del tiempo.

Así, los querellantes llevaron el caso a la Corte Suprema con el planteo de que no fueron delitos sobre los que pueda dictarse una prescripción porque tienen el carácter de lesa humanidad. El 19 de diciembre pasado, después de tres años de espera, la Corte dictó la sentencia cuestionada. En ella no hizo lugar al recurso del Cecim argumentando una cuestión de forma: que no podía intervenir porque no había una sentencia definitiva.

“Para nosotros el fallo fue una estafa procesal”, señaló ayer Ernesto Alonso, integrante del Cecim de La Plata y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, al anunciar la decisión de su organización de ir a la CIDH. “Fue un modo de sacarse el tema de encima, que nos dejó sin posibilidades de tener justicia, porque aunque no se expidieron sobre la cuestión de fondo, en los hechos no nos queda dentro de la Justicia argentina ninguna instancia a la que reclamar”. “¿A qué otra instancia teníamos que ir si no era a la Corte?”, se preguntó en este sentido. Alonso remarcó que, a pesar de que ir a la CIDH “significará litigar contra el Estado argentino, es la Presidenta la que nos está diciendo ‘vayan porque nuestra Justicia no los está escuchando’”.

En lo que pareció ser una respuesta a las críticas de la jefa de Estado, ayer el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, habló del tema en su discurso de apertura del año judicial. Allí, tras asegurar “continuaremos con los juicios de lesa humanidad”, Lorenzetti aclaró: “Respecto de la calificación de lesa humanidad, la Corte no ha fijado posición en ningún otro caso, sobre otros hechos calificables o no como de lesa humanidad”.

Los ex combatientes remarcaron que, aunque no se hayan expedido sobre si los estaqueamientos fueron delitos de lesa humanidad, la consecuencia del fallo de los ministros “es la misma, ya que lo que quedará firme es el dictamen de Casación que sostiene que son delitos prescriptos”. Como querellantes, apuntó Alonso, el Cecim planteó “un pedido de aclaratoria y revocatoria” para que la Corte revise su propia decisión, de lo que prácticamente no hay antecedentes favorables.

La presentación ante la CIDH está en proceso y será llevada “en el menor tiempo posible” en los seis meses de plazo con que cuentan desde el 19 de febrero, en que fue emitido el fallo de la Corte.

Además del apoyo de la Presidenta, los ex combatientes vienen sumando adhesiones desde distintos sectores como el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que tiene como titular al ex juez Baltasar Garzón; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; la titular de Justicia Legítima, Laura Garrigós de Rébori; la Comisión Provincial por la Memoria y la agrupación HIJOS. A su vez, en varias legislaturas provinciales diputados del Frente para la Victoria anunciaron que impulsarán proyectos de declaración en respaldo al reclamo de los ex soldados.