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Al genocida Antonio Bussi el tiempo no lo favorece. Enfrascado en una enmarañada estrategia judicial-electoral, buscará conseguir su libertad antes del 29 de octubre –día en que debería asumir como intendente capitalino– pero no mucho antes de los comicios del próximo domingo. Ese día su hijo Ricardo competirá por una banca de senador nacional. El ex dictador y sus seguidores están convencidos de que el rol de víctima que le otorga su condición de reo terminará por favorecer a los candidatos de su partido Fuerza Republicana.
Detenido desde la semana pasada por el secuestro y posterior desaparición en 1976 del entonces senador provincial del PJ, Guillermo Vargas Aignasse, Bussi pasa sus días en una habitación del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid. Allí, junto a una pléyade de abogados elabora su compleja estrategia. No sólo debe concentrarse en el caso que tiene en la justicia federal, también atiende la denuncia por peculado que pesa sobre su persona y tres ex ministros de su gestión como gobernador. Justamente este último caso era el que hasta hace pocos días ponía en peligrar su cargo de intendente. Había conseguido dilatar el juicio oral a través de un recurso de queja ante la Corte provincial que ya había sido rechazada en la etapa de casación. Fuentes judiciales de Tucumán aseguraron a Página/12 que la Corte rechazará hoy la petición por lo que el juicio oral podría comenzar en pocos días más.
La causa empezó cuando se denunció la utilización de cinco millones de pesos/dólares en concepto de gastos reservados durante la gestión 19951999. El dato es que Bussi se valió de dinero que estaba expresamente prohibido por la Constitución provincial que fue reformada en 1990 por el propio militar que, en ese año, obtuvo la suficiente cantidad de convencionales como para sesionar con quórum propio.
Claro, allí no terminan los problemas. Para evitar la prisión preventiva que le quitará las esperanzas de apoyar su humanidad en el sillón de intendente, los abogados de Bussi no sólo insistirán con la solicitud de la competencia de la Justicia militar, sino que además recurrirán –quién lo hubiera pensado– al Pacto de San José de Costa Rica. Se ampararán en el artículo 23 del pacto con rango constitucional que sostiene que todo ciudadano tiene derecho a asumir el cargo para el cual fue electo y a ejercerlo en plenitud, salvo que medie condena firme de juez competente en un proceso penal. Esto llevó a Pablo Calvetti, un ex concejal de la UCeDé y ahora fiero defensor del genocida, a asegurar que “estamos frente a una mera orden de detención emitida por un magistrado, cuya competencia desconocemos”.
Mientras los abogados se concentran en las argucias legales, el genocida se esperanza con que su detención termine por favorecer a su vástago, actual diputado nacional de escasa presencia y de desempeño mediocre.