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Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

Luego de aprobado el inicio del juicio político y la suspensión del juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor, ayer el Senado comenzó el debate pormenorizado sobre los criterios a tener en cuenta a la hora de decidir la aceptación o rechazo de algunas de las pruebas propuestas tanto por la defensa como por la acusación. Detrás de la aparente discusión reglamentarista que enfrentó a las senadoras Cristina Fernández de Kirchner y Vilma Ibarra con el riojano Jorge Yoma se esconden dos estrategias diferentes. Por el lado de las senadoras el argumento exhortaba a igualar los procedimientos que se emplearon en otros juicios a jueces, como el caso de Norberto Oyarbide, y que las decisiones se tomaran por la mayoría simple del cuerpo. Por el lado del riojano, aunque aparezca como más trabajoso, el planteo de contar con los dos tercios buscaba evitar futuras nulidades. Mientras tanto, en Diputados, la Comisión de Juicio Político cerró acuerdo con los bloques que la integran para comenzar mañana el proceso contra el cortesano Guillermo López.
Todo indicaba que el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales discurriría sin sobresaltos. La titular había propuesto discutir los criterios que se tendrían en cuenta de aquí en más a la hora de decidir tomar o rechazar pedidos de prueba. Todo parecía que se limitaría a lo dispuesto por el artículo 5 del reglamento, donde se establece que “no se admitirán las pruebas que se consideren improcedente o dilatorias”. Lejos de ser taxativo, el criterio ya de por sí es interpretativo. La defensa de Moliné reclamó una larguísima lista de pedidos de pruebas y de testigos. Entre ellos reclamó la presencia del presidente Néstor Kirchner.
“Con el equipo que me acompaña hemos querido ganarnos el sueldo y avanzamos un poquito más”, arrancó Yoma. Alejándose de las discusiones generales del reglamento, el riojano exhibió un pormenorizado estudio de cada una de las pruebas propuestas y sobre ellas tenía posición fundada. “No es que quisiera coartar su capacidad democrática de expresión”, dijo Kirchner recordándole al riojano que se estaban discutiendo los criterios generales y no los planteos puntuales.
Aquí la porteña Ibarra exhumó lo actuado por el Senado en el caso de Oyarbide. Recordó que los dos tercios de los presentes fueron necesarios para decidir si se abría o no el período de pruebas. Luego de esto la decisión se tomó por mayoría simple. Lejos de esta interpretación Yoma opinó que eran necesarios los dos tercios. Punto que a esa altura del debate era compartido por los legisladores del radicalismo y del menemismo. “Todo lo que sea controvertido es trabajar para la defensa”, comentó el riojano a sus colaboradores luego del abrupto final del encuentro. El debate continuará públicamente la semana que viene.
Horas antes, en Diputados, los integrantes de la Comisión de Juicio Político lograron el consenso necesario con sus respectivos bloques para avanzar con el juicio al cortesano Guillermo López. Las bancadas radical y justicialista dieron el okey. Similar posición adoptaron los socialistas y el ARI. Así, mañana se declararán admisibles las causales de juicio que se presentaron contra el magistrado, que son las mismas de Moliné.
Ahora bien, la estrategia consensuada es avanzar sin pausa hasta aprobar el capítulo de cargo –paso previo para llegar al recinto– y a partir de allí esperar que se resuelva el caso del supremo tenista. La intención es evitar que se mezcle con el juicio a Moliné. “Son causas conexas y es probable que tanto los radicales y los menemistas del Senado intenten unificarlo. Si lo lograran se extendería pero sobre todo se complicaría el proceso”, confió uno de los diputados de la comisión.