Organismos de derechos humanos solicitaron a la Justicia Federal cordobesa que dicte una medida cautelar que impida al gobierno de José Manuel de la Sota derribar o convertir en un parque la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1), en la que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Luis Miguel Baronetto, ex director de Derechos Humanos de la municipalidad de la Ciudad de Córdoba, presentó una acción de amparo para que no se demuela el edificio, porque “se podrían destruir elementos de prueba necesarios para los juicios por delitos de lesa humanidad”. El proyecto de construir un parque en el lugar, va en contra de la Ley Provincial de la Memoria, que ordena preservar las instalaciones que funcionaron como centros clandestinos de detención.