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“Hay que revisar todas las facturas telefónicas. No puede ser. La gente tiene que mirar lo que le están cobrando. Lo mismo tiene que hacer cada uno de los ministros.” Quien mezcla la recomendación con la orden es el propio presidente Néstor Kirchner y tiene motivos para hacerlo: acaban de descubrir un virtual locutorio trucho que utilizaba las líneas del conmutador del Ministerio del Interior. Ahí nomás, a pasitos del despacho presidencial. El titular de la cartera, Aníbal Fernández, presentó la denuncia penal –a la que tuvo acceso Página/12– ante el juez federal Jorge Ballestero. El detonante fue el salto de la facturación con la empresa Telecom, que pasó de 6968 pesos en enero a 141.435 pesos en julio. Apenas se empezó a revisar, el gasto bajó a 39 mil pesos. Los allegados del Presidente sospechan de cierta connivencia de la empresa en semejante salto, alimentado por llamadas a Marruecos, Sudáfrica o Pakistán. Cuando la sobrefacturación en los gastos del Tango 01 sigue dando que hablar, en la Casa Rosada repiten que están revisando todo y dan otro ejemplo nimio de la situación: “Acá una latita de gaseosa se paga tres pesos, mientras en el kiosco cuesta uno”.
“Cuando no hay plata, para conseguirla tenés que achicar los gastos y la forma más efectiva es revisar en qué se gasta. Así nos sorprendimos con el monto de la factura de teléfono”, cuenta Aníbal Fernández. De inmediato pidieron el detalle y ahí las sospechas empezaron a cobrar cuerpo. A menos que la Argentina se haya transformado en un imperio resultaba incomprensible que desde el conmutador del Ministerio del Interior, es decir el encargado de la relación con las provincias, abundaran los llamados a Marruecos, Cuba, Pakistán, Sudáfrica, Turquía, Egipto o Bélgica (ver cuadro). El reino de Marruecos fue el receptor, por ejemplo, de 644 contactos desde Interior entre el 28 de mayo y el 25 de julio. Lo que implicó un costo para el Estado de 11.961 pesos. Ante esos inverosímiles destinos, un técnico en informática tomó cartas en el asunto.
La investigación dio fundamento a la denuncia redactada por el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, y presentada ante el juzgado de turno por Fernández. “El Departamento de Estado que represento cuenta con una central telefónica que habría sido irregularmente programada, a fin de posibilitar que, llamando desde una línea exterior al conmutador, se capture una línea propia del Ministerio del Interior, dándole nuevo tono y de esa manera poder marcar un número a cualquier destino”, describe el texto y continúa: “Obviamente, para efectuar dichas llamadas, es necesario tener acceso a la clave para el servicio DISA, que debe ser provista por quien tiene la administración del servicio”.
El 27 de noviembre del año pasado, cuando el pampeano Jorge Matzkin ocupaba el Ministerio del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde, se realizó un llamado a licitación para otorgar el servicio de provisión para la actualización y ampliación del sistema telefónico y su mantenimiento integral preventivo y correctivo. La adjudicataria fue la empresa Networker’s, por disposición de la entonces Subsecretaría de Administración y comenzó a brindar el servicio el 2 de enero de este año.
En la progresión de la facturación elevada por Interior al juzgado llama la atención que en enero del 2003 Telecom facturó 6968 pesos al conmutador de esa cartera; en marzo 100.395,13 pesos; en mayo 109.216,45 pesos; en julio 141.435,61 pesos y en setiembre –cuando ya se había empezado a controlar– baja a 39.020,44 pesos. La denuncia detalla que mediante una auditoría realizada a lo largo de dos meses permitió comprobar que “el tarifador (dispositivo que recibe de la central la información que identifica las llamadas salientes, su origen, destino y tiempo de duración) no registraba ciertas llamadas que se efectuaban entrando a la central desde las instalaciones externas al ministerio, y sin pasar por un interno, y luego salían de la central consumiendo pulsos facturables al organismo. Se constató además que no quedaba registrada la línea desde la que se ingresaba”.
En buen romance, se robaban las líneas que podían ser utilizadas para un locutorio. En el comercio, los emprendedores truchos cobraban cash de los clientes y todo era ganancia: la factura corría por cuenta del Ministerio del Interior. En su presentación Fernández aclara que “las llamadas se efectuaron no sólo en días hábiles, sino también durante el fin de semana, y con la misma intensidad, aun cuando la actividad oficial merma sustancialmente”.
Para llevar a cabo la maniobra en la planta baja de la Casa Rosada el ministro señala que “tal situación no sería posible sin la concurrencia de personal que conoce el funcionamiento de la central, y tiene acceso a la misma, toda vez que para otorgar el código y hacer que no sea identificable el origen de la llamada es necesario programar la central telefónica”. Anoche, Fernández ordenó el relevo de dos empleados de planta, del director de departamento y del jefe.
Además de adjuntar la documentación, el pliego de bases y condiciones de la licitación y la adjudicación a la empresa Networker’s, las facturas detalladas de Telefónica y Telecom y el informe técnico de la Dirección de Gestión Informática, Fernández le sugiere al juez Ballestero que “para comprobar las acciones delictivas denunciadas les requiera a las empresas Telecom y Telefónica de Argentina el detalle de las llamadas entrantes al conmutador de este organismo entre el 1 de enero de 2003 y el 26 de agosto de 2003, lo que podría permitir identificar el teléfono o teléfonos desde los cuales se realizaron las llamadas irregulares”.
A medida que avanzó la investigación interna, el ministro del Interior tampoco encontró razones que explicaran por qué se habían pasado, en el conmutador de su cartera, líneas de Telefónica a Telecom, porque, según explica, la empresa francesa, a diferencia de la española, no le reconoce el tratamiento de cliente especial por su alto consumo.
En el entorno del presidente Kirchner repiten que “se instruyó a todos los ministros a revisar sus facturas”, deslizan que “la empresa o altos empleados de la misma no pueden ser ajenos a estas maniobras, tiene que haber un grado de complicidad” y entienden que la Justicia tendría que pedir que se verifique si los destinos que aparecen detallados realmente corresponden a comunicaciones realizadas. Insisten en que “la gente se tiene que involucrar y ejercer su derecho de controlar lo que las empresas le dicen que gastan. Esa es otra forma de controlar a las empresas”.
En medio del tire y afloje con las empresas concesionarias de servicios, la advertencia presidencial apunta a marcar el terreno de la negociación. Ya no sólo se discute sobre la viabilidad de los aumentos reclamados, sino que se pone en tela de juicio la veracidad de lo que se cobra en función de los consumos registrados.
“Apenas le informó Aníbal (Fernández) sobre el ‘curro’ con el conmutador, el Presidente lo mandó a hacer la denuncia penal. La preocupación por la transparencia no es sólo en el discurso”, machacan en la Rosada y anuncian que están desarmando de a uno los “creativos” rompecabezas que durante más de una década permitieron repartir a discreción los recursos públicos.
En esa cruzada aparece el Tango 01 y sus increíbles facturas dibujadas provistas por empresas fantasma. Claro que éstos a pesar de la desproporción de las cifras son los “negocios chiquitos”. Los que repartieron casi migajas a la luz de los millones que llenaron las arcas de los popes. Arcas que les permiten a propietarios y testaferros seguir disfrutando de fortunas inexplicables.