El Consejo de la Magistratura resolvió ayer por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Néstor Luis Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, agente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura y de probados vínculos con miembros de la Triple A local. A partir de su actuación durante el terrorismo de Estado pero también de sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, el plenario del Consejo concluyó que las conductas de Montezanti son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y que carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Quien avaló sus “condiciones morales, ideológicas y familiares” y dijo conocerlo “en profundidad” desde 1975 fue el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex miembro de la Triple A, condenado en ausencia en Francia por su actuación en el Plan Cóndor y prófugo de la Justicia. El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó la citación de Montezanti a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente.

El vínculo de Montezanti con la Triple A lo denunció en 2002 en una reunión del Consejo Superior de la UNS el ex estudiante Alberto Rodríguez, delegado de la Asociación Argentina de Actores y testigo en abril de 1975 del asesinato a sangre fría de su compañero David Cilleruelo, con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino –tal como informó Página/12 en 2007– fue el suboficial naval Jorge Oscar Argibay, ícono de la Triple A bahiense y custodio del rector interventor Remus Tetu, a quien Montezanti había asesorado cuando una asamblea de estudiantes promovió su destitución por usar textos filonazis. Detenido a fines de 1975 por un tiroteo en Puerto Quequén, cuando le informaron su derecho a designar un defensor, Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”.

Asumió como camarista a fines de 2002, ocultando al Senado su pasado en la inteligencia militar. En 2004 se sintió injuriado con efecto retardado y querelló a Rodríguez. Al dictar sentencia, el juez José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron a Montezanti en medio de un grupo de matones de la Triple A que a punta de pistola ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional. La patota incluía a Argibay (fallecido), a Juan Carlos Curcio y a Héctor Chisu, ambos imputados este año en la causa Triple A. Chisu además fue en 1976 custodio del general Adel Vilas y agente del mismo Destacamento 181. El otro dato clave del juicio lo aportó el concejal y ex diputado radical Juan Pedro Tunessi: contó que en 1984, de visita en el estudio de Montezanti, vio “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general (Carlos) Suárez Mason”, comandante del Cuerpo V en 1975.

La primera denuncia contra Montezanti en el Consejo la presentó en 2008 la Unión de Empleados Judiciales de Julio Piumato, que remarcó su “clara actitud antisindical” sumada a “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”, abuso de autoridad, trato despectivo y discriminatorio. En 2010, cuando la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto que permitió conocer la nómina del personal civil de inteligencia de la dictadura, se supo con certeza que había integrado el Destacamento 181 como “asesor universitario”. Entonces fue el profesor de la UNS Dante Patrignani quien denunció ante el Consejo la complicidad de Montezanti con la dictadura y pidió su destitución. Patrignani pidió además el juicio académico en la UNS, que los amigos del acusado en la Facultad de Derecho se encargaron de cajonear y que recién se destrabó tras la citación a indagatoria. El mes pasado el Consejo Superior de la UNS admitió la “falta de ética en el ámbito universitario” del entonces profesor Montezanti y resolvió el inicio del juicio académico.

En ese contexto, a partir de un dictamen del secretario de Justicia, Julián Alvarez, se activó el Consejo de la Magistratura. La semana pasada la Comisión de Acusación y Disciplina aprobó la apertura del proceso de remoción, que ayer avaló el plenario. El dictamen fue aprobado por once de los trece consejeros, dos más de los necesarios para alcanzar los dos tercios requeridos para el jury. “Como jueza lamento que no me acompañen mis colegas”, destacó Gabriela Vázquez en referencia a Leónidas Moldes y Luis María Cabral. “Montezanti tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales”, remarcó la jueza. Moldes fundó su negativa en que “cuestiones de procedimiento que están siendo vulneradas”. Cabral acompañó en silencio, con silbidos de fondo de militantes del Sitraju con carteles que reclaman “Una justicia al servicio del pueblo”.

La diputada Anabel Fernández Sagasti recordó que en Mendoza se está juzgando a ex camaristas por acusaciones similares. “Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos”, dijo. “No podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca. Estamos trabajando con éxito y responsabilidad para normalizar la situación de esa jurisdicción. Es un día histórico para que la sociedad conozca el entramado de lo que sucedió en Bahía Blanca, donde hubo complicidad civil, judicial y eclesiástica”, recordó. El diputado Héctor Recalde, quien junto al abogado Miguel Piedecasas tendrá la responsabilidad de la acusación en el jury, remarcó que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca y merecemos conocer la verdad y que se haga justicia por ellos”. “Pedimos también que se aceleren los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca”, reclamó.

Además de faltar a las citaciones de Ramos Padilla, Montezanti prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo. Su única aparición pública en los últimos meses fue un autorreportaje publicado el martes en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, imputado y con falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi. Paradójicamente, en las dos oportunidades en que se refirió a su pasado en el Destacamento 181 el ahora juez suspendido dio dos versiones distintas. En 2013, en una radio bahiense, explicó que “trabajaba de abogado”. “Los empleados cometen infidelidades, se separan, no pagan deudas” y “todo eso requiere de un enfoque por parte de alguien especializado”. “Iba (al destacamento) a diario, no más de una hora” y “ni siquiera máquina de escribir tenía: pedía una, hacía un informe, se lo dejaba al jefe y me iba”. Esta semana Montezanti refutó a Montezanti: aseguró que “las consultas que evacué” fueron “respecto del diferendo con Chile” y por la guerra de Malvinas. El dictamen del Consejo no deja dudas: “resulta a todas luces evidente que el Dr. Montezanti comulgó con el plan de exterminio sometido con los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A”.