Los jueces de la Corte escucharon siete presentaciones de amicus curiae.
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El derecho a huelga cuando no es convocada por un gremio fue el eje de una audiencia pública que se hizo ayer en la Corte Suprema, motivada por el reclamo de Francisco Orellano, despedido del Correo Oficial tras haber participado de asambleas y retención de tareas sin que el sindicato proclamara la medida de fuerza. Siete amicus curiae (terceros “amigos” del tribunal) se presentaron ante los jueces supremos para sumar su punto de vista y seis de ellos sostuvieron que los titulares del derecho a huelga son los propios trabajadores. Incluso el representante del Correo reconoció ese concepto, pero dijo que en el caso en juego se habían afectado los intereses de la empresa. En la instancia previa a la Corte, la Cámara del Trabajo ya había considerado que el despido en discusión había sido discriminatorio.

Orellano fue despedido y luego reincorporado junto a 46 trabajadores del Correo tras participar, en 2009, de medidas que no tenían una convocatoria formal sindical. La Corte debe definir quién o quiénes están habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa. “Cuestionamos la precariedad laboral, nos parece muy raro que esto ocurra en un organismo del Estado”, dijo Orellano. Su abogado, Matías Cremonte, le planteó a la Corte extender el debate al derecho de reunión que “está en cabeza de los trabajadores”. En el caso en juego durante tres días “se reunieron trabajadores una hora por turno sin la convocatoria de los sindicatos”, explicó. El abogado del Correo, Horacio Desimone, puso el foco un supuesto daño para la empresa ante la reducción de actividad que, alegó, obligó a “contratar unos 100 trabajadores eventuales y resarcir daños a los clientes”.

En la audiencia estuvieron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. El desfile de los amicus le dio profundidad al debate. Julio Fuentes, secretario general del consejo directivo de ATE, señaló que en el país “la mitad de los hombres y mujeres que trabajan están precarizados, no registrados y carecen de todo derecho, incluido el de afiliarse a un sindicato”. Por eso, agregó, “si pierden el derecho a la huelga, pierden el derecho a la ciudadanía y pasan a vivir en una situación de esclavitud”. El director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Cornaglia, señaló que “cualquier limitación a ese derecho es un retroceso”. En sintonía, hablaron el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek; el abogado de la CTA de los Trabajadores, Raúl Ferrari; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli; y la letrada de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Liliana Constante. El empresario Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, planteó el derecho a huelga como propio de las organizaciones sindicales con personería gremial. Ahora la Corte debe resolver.